Miércoles, 29 Diciembre 2021 12:43

A España la salva vivir en un barrio europeo - Por Ricardo Roa

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Para ser más Europa, la izquierda hace una reforma laboral. Aquí es mala palabra.

 

No hace falta ningún gran esfuerzo intelectual para distinguir entre progresistas y progresistas de palabra. Unos hacen, otros hacen sólo ruido. Yolanda Díaz Pérez, nacida en La Coruña, ministra de Trabajo y vicepresidenta del socialista Pedro Sánchez, acaba de cerrar con empresarios y sindicalistas una reforma laboral que aquí sería impensable y que encima siguió directivas de la Unión Europea. 

Aquí hubiera habido una superpoblada cola de progretruchos denunciando un nuevo avasallamiento de la soberanía nacional impuesto por el imperialismo. En lugar de la UE pondrían FMI. Dice Díaz Pérez: “Con esta reforma laboral se pasa la página de la precariedad en España. Se acaba con el gran déficit que nos hace diferentes en Europa”. Yolanda es del partido Comunista y la hija de un histórico dirigente sindical. La ultraizquierda aliada a Sánchez cuestiona la reforma. También el partido Popular, de derecha. Los dos votarán en contra en el Congreso.

Al Gobierno le espera un arduo trámite parlamentario: todo el mundo sabe que habrá discusión de la dura. ¿A qué apunta, entre otras modernizaciones, la reforma? Un punto clave es achicar los contratos temporales. En España hay multitudes, impulsados por la fuerza que en la economía tienen el turismo, la gastronomía y la agroindustria. También por el abuso empresarial, que encontró un filón para abaratar salarios y despidos. Nada que sea una gran novedad en el mundo.

Ahora limitarán las causas que autorizan a contratar temporalmente y prometen penalizar el fraude. Multas fuertes y algo más: convertir en fijos los contratos truchos. ¿Y cómo andamos por acá? Con menos flexibilidad y con abusos, sobre todo en empresas de servicios eventuales que han generalizado la contratación temporal sin causa temporal.

En algo somos bien diferentes: allá no sufren el drama del 33,1 % de trabajadores en negro, que vuelve innecesario restringir contratos temporales. Y 2,9 millones de asalariados sin descuentos jubilatorios, una cifra que no hace más que mostrar un ejército de desprotegidos vs. 6 millones que hacen aportes.

En España, la cobertura de los convenios de trabajo ronda el 80% de los trabajadores ocupados. Aquí, anda apenas por el 50%. La reforma recupera la cláusula de la ultraactividad, que dice que las normas de un convenio no se renuevan si no hay acuerdo entre las partes, gremio y patronal. Pero allí la ultraactividad es de corta duración por la vitalidad de la negociación colectiva. Nada que ver con lo que pasa en nuestro país, donde la ultraactividad mantiene vivas cláusulas laborales acordadas hace décadas.

Tenemos convenios congelados en el tiempo. Muchos ni siquiera incluyen Internet y algunos hasta fijan la entrega de un vaso de leche para proteger del plomo. En las paritarias no se discute más que de ajustes de sueldos. De condiciones de trabajo, nada. O prácticamente nada. Hay casi 1.200 convenios y unos cuantos vienen de los años 70. Visto desde aquí, España es otro planeta: ya fijan normas sobre el acoso, teletrabajo, compatibilidad entre la vida profesional y familiar. Tienen tres veces más convenios que en la Argentina y son de empresa el 80%. Acá, sólo el 25%.

Para el progresismo argentino, la reforma laboral es una mala palabra. Y mientras seguimos frenados ahí, avanza la precariedad y los planes sociales reemplazan a los puestos de trabajo. Una garantía de que el clientelismo político tiene vida asegurada.

Ricardo Roa

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