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Viernes, 22 Abril 2022 10:28

La colisión de poderes a la vuelta de la esquina - Por Vicente Massot

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Aunque disguste sobremanera a los biempensantes, cuando Cristina Kirchner distinguió el rango del mando no faltó a la verdad. Más allá de si era conveniente que cargase de esa manera en contra del presidente de la Nación -dejándolo, una vez más, en ridículo- lo cierto es que recibir en una ceremonia formal el bastón y la banda propios de los jefes de estado no implica -al menos, no necesariamente- que el agraciado con semejantes adornos detente el poder real.

Que se sepa, el 25 de mayo de 1973 Héctor J. Cámpora -aquel obsecuente patético que hoy reverencia con unción la juventud kirchnerista- recepcionó, como hace dos años y medio Alberto Fernández, idénticos objetos sin que ello lo convirtiese en el soberano de turno. El poder, en realidad, residía en la quinta madrileña “17 de octubre” y lo detentaba Juan D. Perón. Con arreglo a los preceptos de los manuales de derecho constitucional la andanada verbal de la Señora representa no sólo una falta de respeto sino una enormidad institucional. Pero por muchas que sean las vueltas que quiera dársele al asunto, el poder del actual primer magistrado resulta vicario. Fue una delegación temporaria extendida a él por la jefe del Frente de Todos. Nada más. 

Transparentar tamaña realidad fija las lindes de la autoridad de Alberto Fernández y los límites que no puede sobrepasar so pena de poner en riesgo el gobierno del cual -en teoría- es su cabeza. Una encuesta reciente, que conviene repasar con cuidado, ha puesto la lupa sobre el porcentaje de cargos dentro de la administración pública nacional -esto es, los ministerios, secretarias, organismos descentralizados, etc.- que reportan de manera directa o indirecta al presidente, a la vicepresidente y al titular de la Cámara de Diputados. Pues bien, resulta de ese relevamiento que 71 % está en manos de Cristina Kirchner, 23 % en las de Alberto Fernández y el 6 % restante en las de Sergio Massa. Como muestra, revela con claridad los puntos que calza cada uno.

Esta es la razón en virtud de la cual la danza de nombres y la ola de rumores que cruzan al país en diagonal -relacionados con las modificaciones en los elencos ministeriales- tienen poca importancia. A los cambios de gabinete debe prestárseles atención en tanto y en cuanto no sean pura y exclusivamente cosméticos. Si Martín Guzmán fuese mañana despedido de la cartera de Hacienda y en su reemplazo resultase nombrado, por ejemplo, Martin Redrado o alguien dispuesto a poner en marcha un plan estabilizador, la jugada implicaría una modificación substancial del rumbo que ha llevado el gobierno desde que comenzó a andar, allá por diciembre del año 2019. Si los barones camporistas del área energética -los dos Federicos, Basualdo y Bernal- y las responsables de los mayores presupuestos del espacio estatal, atrincheradas en el PAMI y la ANSES, se fueran a sus casas merced a un ucase presidencial, sabríamos que -por fin- el compañero de fórmula de Cristina Fernández habría decidido ponerse los pantalones largos.

Es probable que en los próximos días o -a lo sumo- en el curso del mes de mayo, Alberto Fernández quiera hacerle algún afeite a su gabinete. Pero no obrará una cirugía mayor en razón de que carece del poder para dar un paso semejante. Aun cuando pensara en algo por el estilo -desprenderse de personajes como Roberto Feletti, Wado de Pedro, Luana Volnovich o María Fernanda Raverta- pronto se daría cuenta de que, si no puede lo menos, resulta imposible soñar con lo más. Dicho de forma diferente: si fue incapaz de echarlo a un subsecretario como Federico Basualdo que -literalmente- lo había bastardeado a su ministro Guzmán el año pasado, sería inimaginable que lograra remover de sus despachos a los principales alfiles que Cristina Fernández posee en el gobierno.

El presidente enfrenta dos problemas insolubles: por un lado, ese fuego supuestamente amigo que esmerila, sin prisa y sin pausa, la escasa autoridad que todavía acredita; por el otro, la deriva inflacionaria. Sacarse de encima a su vice es tarea imposible por la relación de fuerzas que le ha sido adversa desde el primer día de su mandato. Aunque la Señora decidiese dar un paso al costado, lo seguiría hostigando sin solución de continuidad. A esta altura, lo que ella desea es una rendición incondicional. Si no lo lograse, el libreto que ha puesto en práctica es transformar sus últimos dos años al frente de la Casa Rosada en un infierno. De lo que parece no darse cabal cuenta el presidente de la Nación es que, en la pelea con su vice, lleva las de perder.

La situación podría decantar en su favor en el supuesto caso de que la suya resultase una gestión eficiente y gozase del beneplácito mayoritario de la sociedad. Con más de 60 % de imagen negativa y asignaturas pendientes para las que no posee solución, su margen de maniobra es escaso por donde se lo analice. Como si el divorcio con la viuda de Kirchner no fuera suficiente, además debe ponerle el pecho a la inflación, que registra una velocidad por ahora imparable. La aceleración de la tasa de devaluación del dólar oficial; la emisión descontrolada de pesos obrada en 2020 y 2021; la reapertura de las paritarias y la incertidumbre que genera el equipo económico, preanuncian un alza del costo de vida anual bien superior a las tímidas hipótesis que manejaban la mayoría de los analistas del mercado.

No hay razón, pues, para pensar seriamente que pueda el gobierno, con parches y anuncios de medidas populistas -como el impuesto a la así llamada “renta inesperada”, que difícilmente sea convalidado por la mayoría de la Cámara de Diputados- ponerle coto a tamaño flagelo. Con esta particularidad: si la inflación escalase en los meses por venir podría tumbar al gobierno, y si el oficialismo consiguiese detener su espiralización, aunque llegase a noviembre del año próximo, seguramente perdería las elecciones. En uno u otro escenario saldría maltrecho.

El tema concerniente al Consejo de la Magistratura merece capítulo aparte. Por de pronto, ha dejado al descubierto como nunca antes algo que era perceptible con anterioridad a la asunción de Horacio Rosatti en calidad de presidente del citado organismo.

El poder de fuego de Cristina Kirchner es todavía de temer en la interna planteada contra Alberto Fernández, pero en la disputa con la Corte Suprema y la justicia independiente, solo revela debilidad. Entre los años 2003 y 2015 habría sido inconcebible que el tribunal supremo de la Argentina se hubiese animado a desafiar al matrimonio patagónico, saliéndose con la suya. Ahora, no sólo declaró la inconstitucionalidad de la reforma generada en aquella época por la dinastía gobernante, sino que hizo cumplir a rajatabla cuanto había decidido al momento de dejar sin efecto la reforma del citado Consejo por parte de los Kirchner.

Ordenó que prestaran juramento los nuevos consejeros y no perdió tiempo ni se anduvo con miramientos a la hora de notificar a las dos cámaras del Congreso de la Nación -léase Cristina Fernández y Sergio Massa- que aún no han enviado sus representantes por las segundas minorías. Si se negasen a cumplir con lo que prescribe un fallo de la Corte, dispararían una crisis de carácter institucional gravísimo. En momentos en que el gobierno bordea el precipicio, parecería poco probable que el titular de la cámara baja optase por quemar las naves y desobedecer una ley de tanta trascendencia. En cambio, la actitud de la vice de abroquelarse en el Senado y alzarse contra el fallo firmado por Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, no es de descartar en absoluto.

En diputados, Sergio Massa debe designar a una radical, Roxana Reyes, mientras en senadores Cristina Fernández debe estampar su firma y designar al miembro del Pro, Luis Juez. Atrás han quedado las declaraciones de tono pendenciero que en los últimos días enderezaron contra la Corte el titular de la cartera de Justicia; Martín Soria, el viceministro, Juan Martín Mena, y la mismísima viuda de Kirchner. Sus reiteradas advertencias y amenazas no dieron ningún resultado.

Los ministros del máximo tribunal del país hicieron oídos sordos a los insultos y conminaciones que se les enderezaron desde distintos ángulos del oficialismo y plantaron bandera. Es clara la disyuntiva que enfrentan en estos momentos el jefe del Frente Renovador y la jefa del Frente de Todos: o acatan o desobedecen. Claro que, si se inclinasen por la segunda opción, como no existe una instancia superior a la Corte -por eso es Suprema- crearían una situación inédita en atención a la poca musculatura de nuestras instituciones.

Es que, si bien cabría pensar en un juicio político, el mismo no tendría consecuencias por las mayorías que se requieren en el Congreso. Y en cuanto a un juicio penal -que podría corresponder- cualquiera sabe cuánto tiempo llevaría substanciarlo. La colisión de dos poderes sería manifiesta y el empate representaría la peor noticia para un Ejecutivo que -metido en el baile-no podría hacerse el distraído y mirar para otro lado, como si nada hubiera sucedido.

Vicente Massot

Vicente Massot

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