Si el kirchnerismo dinástico manejó el Estado como su propio partido político, el actual protagonismo del Pro subraya una constante: el papel siempre central que juega el Poder Ejecutivo en el sistema de decisiones. Es el que tiene el mazo en la mano. Y eso parece independiente del signo ideológico de su titular, funciona casi como una ley física. Y, más que cambio, expresa un ingrediente fuerte de continuidad y repetición.

El predominio actual del gobierno es, sin embargo, insuficiente: hoy cuenta en el Senado con 15 bancas y en Diputados con 91.  Los mejores pronósticos no le garantizan la posibilidad de una estrategia exclusivista: necesitará del apoyo de otras fuerzas que componen por derecho propio el nuevo sistema político, ese que empezó a consolidarse con la derrota nacional del Frente para la Victoria en 2015. 

Ese sistema tiene como eje, si bien se mira, una convergencia de los que ejercen gobierno: es decir, presidente y gobernadores. Todos ellos necesitan orden y progreso en sus esferas de acción, es decir, tranquilidad y recursos. Tienen que dirimir cómo distribuirlos.

“El peronismo se va a reconstruir sobre la base de los poderes que tenemos los gobernadores”,  postuló esta semana el  sanjuanino Sergio Uñac.  De los gobernadores dependerán fuerzas legislativas que reunirán al peronismo no-kirchnerista del Senado y Diputados, coordinada seguramente con el Frente Renovador y, en muchos casos, con fuerzas provinciales independientes. El oficialismo no podrá gobernar en soledad: las reformas que busca impulsar (en el terreno fiscal y en el laboral) requerirán articulación y consensos; deberá encontrarse con los gobernadores y sus aliados legislativos y sociales.

A partir de lo que permiten conjeturar las PASO, el kirchnerismo ha quedado reducido a una fuerza provincial bonaerense, amurallada y concentrada en unos pocos partidos del conurbano bonaerense, particularmente en la tercera sección electoral.

La señora de Kirchner triunfó por un hocico en las PASO y, aunque seguramente terminará segunda en octubre además de marchar con sus decisiones políticas a un progresivo aislamiento, representa en primera instancia un desafío para el sistema político.

Es un desafío en la retirada. No hay retorno posible al kirchnerismo que el país conoció y soportó durante doce años, pero una situación en la que ella recupera protagonismo político apuntalada en el voto del conurbano supone una modificación del escenario político.

La nueva situación volverá a plantear al gobierno nacional y al peronismo no kirchnerista la necesidad de avanzar en acuerdos.

El peronismo comprende  que debe tomar distancia de ella, pues su liderazgo (y aún su presencia) empujan hacia nuevas caídas.

 Los gobernadores le han tomado la palabra y la congelan fuera del peronismo: “Cristina hoy ha construido su propio partido, y es respetable, que se llama Unidad Ciudadana –ha declarado, por ejemplo, Sergio Uñac-. Y desde ahí da una batalla provincial para ganarle al proyecto de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. La reconstrucción del peronismo puede llevarse a cabo con o sin la provincia de Buenos Aires, pero no sólo con ella”.

Se trata, sin embargo, de una narrativa incompleta. Es cierto que ella  oficializó un partido nuevo pero  no lo es menos  que en las PASO cosechó mayoritariamente el voto del peronismo del conurbano. Consolarse con el argumento de que esa performance es un fenómeno encapsulado es no entender cabalmente su sustancia.  A los gobernadores y al peronismo que quiere la renovación no les alcanzará con sacarla verbalmente del juego, tendrán que  plantear una política para recuperar el voto peronista del Gran Buenos Aires más vulnerable.

En realidad,  esa es una tarea para el conjunto del sistema político, pues implica una acción enérgica de recuperación del conurbano, el espacio que concentra en una superficie mínima el 26 por ciento del total de la población del país y las mayores manifestaciones  de pobreza y marginalidad.

El conurbano no es un problema bonaerense, es un problema nacional. Ni el  peronismo ni  el sistema político pueden saltearse la cuestión.-

La discusión que ya está en marcha referida a los fondos que reclama la provincia de Buenos Aires no tiene solución judicial aunque esté en primera instancia en manos de la Corte Suprema.  Tampoco se resolverá con una nueva ley de coparticipación (las provincias reconocen las motivaciones bonaerenses pero se niegan a pagar la factura con sus propios recursos).  Representa, sin embargo,  una oportunidad y un terreno para avanzar en convergencias básicas de mediano y largo plazo que consoliden el sistema político y fortalezcan el federalismo. Ese es un desafío central para encarar después de octubre y empezar a gestar antes. 

Jorge Raventos