Las noticias se suceden vertiginosamente y a menudo unas reemplazan a otras y las empujan o las devuelven temporaria (y a veces largamente) a la penumbra. Ayer, el fallo del juez federal Claudio Bonadío que pidió el desafuero y procesó a la expresidente Cristina Kirchner y dictó la prisión preventiva de varios ex funcionarios K (entre ellos, el ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini) desplazó de las coberturas mediáticas temas como la búsqueda del ARA San Juan o el hecho de que en el Sur se está gestando una guerrilla de nuevo tipo.

MEJOR LA POLITICA

Aunque el gobierno ha intentado desde su inauguración que lo económico se constituya en el eje de su accionar, las circunstancias lo han empujado recurrentemente a la arena de lo político. Quizás ese giro, en principio no deseado, no le venga demasiado mal: la economía dista de haberse convertido en el terreno de éxitos rápidos que habían imaginado los equipos de Cambiemos. Los inversores, que el oficialismo suponía que iba a seducir por mera presencia de Mauricio Macri en la Casa Rosada, parecen reclamar siempre el cumplimiento de algún nuevo deber (primero había que esperar que el oficialismo derrotara al cristinismo por segunda vez; ahora se preguntan si las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo terminarán de pasar por el Congreso y en qué condiciones, observan la estructura de la Justicia y dejan trascender sus dudas sobre la eficacia del gradualismo oficial). Entretanto las metas de inflación están excedidas, el dólar se retrasa en exceso según los exportadores, el Banco Central eleva el precio del crédito a niveles que asfixian a las Pymes y el endeudamiento crece desbocadamente.

Si se quiere, la política le viene mejor a Macri; incluso en sus aspectos frenéticos, que permiten tapar ciertos temas con otros (por caso, el mencionado fallo de Bonadío ha encogido el espacio mediático que ocupaban un día antes las protestas de los familiares de los tripulantes del malogrado submarino.

Suena razonable que el presidente esté más cómodo en ese terreno político al que muchos observadores lo estimaban ajeno. Su fuerza ganó con autoridad las elecciones, la opinión pública lo acompaña con su reconocimiento y lo proyecta a una imagen positiva envidiable, mientras el Ejecutivo encabeza un nuevo sistema político acompañado por los gobernadores y por el peronismo legislativo que se muestra dispuesto a escoltar las reformas en marcha con una crítica amable mientras el cristinismo se asfixia paulatinamente con los gases de su oposicionismo intransigente y las consecuencias judiciales de su pasada gestión.

Nada está conquistado para siempre, claro. De las tres grandes reformas que el oficialismo celebraba una semana atrás, sólo parece garantizada hoy la fiscal (que es la que interesa directamente a los gobernadores); la laboral no se tratará por el momento, se posterga hasta las ordinarias de 2018. En cuanto a la módica reforma previsional (básicamente: un rediseño del cálculo con el que se actualizan los haberes jubilatorios), es improbable que pueda pasar el examen de la Cámara Baja con su texto actual, que ni siquiera complace figuras fuertes de la coalición gobernante (caso Elisa Carrió). Con todo, la Casa Rosada puede mostrarse satisfecha con los logros parciales: al menos ha conseguido abrir debates que parecían imposibles.

EL DESAFIO

El riesgo de la sucesión de temas políticos que irrumpen en el escenario reside en que lo urgente desplace lo importante. El tema de la defensa nacional es un asunto trascendental que quedó bajo los focos por la gravísima pérdida del ARA San Juan y también por el desafío insurgente de una nueva guerrilla en la Patagonia argentina. Y que es imperioso mantener en el escenario.

No se trata de exagerar irrazonablemente una amenaza, sino de actuar con seriedad y sostener las consecuencias. Como suelen decir los futbolistas, no hay adversario chico. En el caso del indigenismo extremista, lo que hay es una ofensiva minoritaria que unifica en su accionar el rechazo al Estado y sus leyes, el cuestionamiento a la legitimidad de su soberanía territorial. Ese rival pequeño está haciendo pie con su relato en algunos segmentos de la opinión pública, mezcla de grupos que alientan la consigna "cuanto peor, mejor", de otros que navegan en la superficialidad y el exotismo.

La Resistencia Ancestral Mapuche que opera en la Patagonia argentina es todavía un fenómeno en gestación, pero conviene no considerarla aisladamente; se trata de una extensión de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que hace años despliega su acción en territorio chileno y es considerada allí una organización terrorista. La CAM reivindica la recuperación de la cultura mapuche y se caracteriza como un "anticapitalismo indianista". Aunque en sus documentos invoca una "cosmovisión mapuche" que está, afirman, "en contradicción insalvable con el pensamiento occidental", la CAM admite que. En su elaboración política, emplea "ciertas herramientas de análisis que pueden ser consideradas winka (el materialismo histórico por ejemplo)". ¿Marxismo indiano?

En cualquier caso, lo que caracteriza el desafío de la CAM no es tanto su narrativa ideológica, sino la combinación de ese argumento con una acción, que pretende, como ellos señalan, "poner freno a las relaciones de mercado por medio de la acción directa, ya sea a través de las recuperaciones de tierras, los sabotaje y/o boicot a la presencia del capital nacional y trasnacional".

En el plano operativo, la CAM terceriza los atentados en células independientes que funcionan con autonomía, los llamados àrganos de Resistencia Territorial (ORT), una especie de sistema de franquicias, que funciona con grupos independientes de la CAM. Así lo explicó la CAM un año atrás: "Daremos libertad de acción a nuestros ORT-CAM, los cuales podrán definir sus acciones de acuerdo a sus criterios, respetando nuestra ética, normas y fundamentos políticos estratégicos como organización mapuche".

FUERZA PROPIA O IMPOTENCIA

El vínculo entre la RAM local y la CAM chilena estaría encuadrado en esa lógica que, sin ser idéntica, tiene rasgos semejantes a la que pone en práctica Estado Islámico para cubrir bajo su paraguas a grupos de espontáneos y lobos sueltos de distintas latitudes. Habría que entender el desafío como un fenómeno de contaminación que no reconoce la frontera política entre Argentina y Chile, sino que la atraviesa.

De hecho, es más que probable que una acción más enérgica del estado chileno sobre la insurgencia mapuche del otro lado de la cordillera (como sería previsible en un gobierno de Miguel Piñera) determine un repliegue de fuerzas de ese extremismo hacia territorio argentino: un espacio escasamente custodiado y con un sistema defensivo que no tiene siquiera capacidad de intimidación por los límites operativos y políticos en los que se mueve.

En ese sentido es preciso, en primer lugar, actualizar conceptos y adecuarlos a la realidad y a los tiempos.

La muralla que se pretendió erigir prohibiendo a las Fuerzas Armadas la acción en temas considerados de seguridad interior responde a un concepto anacrónico. ¿Dónde es afuera y dónde adentro en casos como este, en los que se asiste a acciones coordinadas de sectores que dicen encarnar una identidad que atraviesa, enfrenta y niega la realidad del Estado Nacional? En un orden cosas más amplio: ¿cómo afrontar con ese viejo criterio de interior-exterior ese aspecto creciente de la guerra contemporánea que se da en el ciberespacio?

Lo urgente puede conmocionar. De hecho, es razonable que circunstancias como el procesamiento de altos funcionarios recientes ocupen la atención pública. Es esencial, sin embargo, que la polémica sobre hechos judiciables se libre al ámbito de los Tribunales y que la política se ocupe con intensidad de las cuestiones de fondo que influyen sobre el poder o la impotencia de la patria. 

Jorge Raventos