El Gobierno anda siempre necesitado de medidas -aunque más que medidas casi golpes de efecto- para afrontar una realidad que a la vez tiene que ir acompañada de garantías que supongan algo más que un trazo del relato kirchnerista.

Hay una frase que, de tanto repetida de boca en boca entre funcionarios, voceros y periodistas, se ha hecho carne en la mente de todos, o casi todos, los que acompañan al presidente Alberto Fernández en esta etapa de su durísimo cometido, con cascotes cruzados que van y vienen para mantener a flote la gestión: “Pegá un frenazo y meté todo el auto a boxes”. 

Impensadamente, al menos por la velocidad con la que se desencadenan los acontecimientos en el Frente de Todos, un nuevo escenario parece imponerse sobre los otros ya conocidos. Tiene que ver nada menos que con las chances reales o ficticias que tendría a estas alturas Alberto Fernández de ser reelegido el año que viene.

Si hay un aspecto de su gestión en la que el presidente Alberto Fernández se ha mostrado con alguna coherencia en las últimas semanas, más precisamente desde que logró a su modo de ver el premio mayor del acuerdo con el Fondo Monetario, es el de plantear la mayor cantidad de desafíos hacia delante de lo que le queda de mandato. Nuevas batallas. O “guerras”, títulos pomposos que refieren a escenarios que, por caso, no podrían ni compararse con otras calamidades que suceden en el mundo, como la invasión de Rusia a Ucrania. 

Una primera conclusión llama la atención antes de avanzar en el rol que desde hoy mismo le tocará desempeñar al jefe de Gabinete, el tucumano Juan Luis Manzur, para calmar la ira de los gobernadores por el aumento de las retenciones al campo y el retaceo de envío de fondos de ayuda de la Nación a los distritos del interior. 

“No hay plan B”, decía con seguridad un funcionario del entorno presidencial, en medio de las febriles negociaciones que se llevaban a cabo por esas horas a dos bandas y mientras se esperaba la llegada del texto final del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso, que tras algunos cabildeos y luego de un comunicado conjunto con el organismo con sede en Washington fue enviado el jueves a la Cámara de Diputados. 

Recién con su tercer comunicado oficial para referirse a la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno argentino logró alinearse, aunque con demasiados pruritos al consenso internacional que, en su inmensa mayoría, condenó el ataque de las tropas de Vladimir Putin. El dato es en sí mismo una prueba del fuerte debate interno al que debió someterse la administración del presidente Alberto Fernández antes de fijar posición frente al desencadenamiento del conflicto bélico que pone en vilo al mundo entero. 

El dato surgió como al pasar en una de las incontables reuniones que el Presidente ha mantenido con su equipo político para avanzar en los detalles y pormenores del proyecto que enviará al Congreso para convertir en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 

Alberto Fernández le ha dicho a su equipo político más cercano, con el que se reunió durante el fin de semana y también ayer lunes en Olivos, que aspira a ir al Congreso el primero de marzo para leer su mensaje ante la Asamblea Legislativa con “los números asegurados” en ambas cámaras del Parlamento que garanticen que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se firmaría a mediados de ese mes. 

El presidente Alberto Fernández regresara mañana a la Argentina tras su sonora gira por Rusia, China y Barbados. Según sus confidentes que lo esperan con las correspondientes carpetas para cuando se reintegre a su despacho de la Casa Rosada, dos son los temas centrales que ocuparán la cabeza del mandatario: prioridad uno, machacar sobre el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que sea aprobado por el Congreso. 

Casi como al pasar, o sin el ruido que en verdad debería haber encerrado el concepto, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, lanzó una consigna apenas después de que Alberto Fernández anunciara la semana pasada el inicio de un camino de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras al mismo tiempo, en una jugada combinada que tal vez el Presidente nunca previó, preparaba sus valijas para la presentación en sociedad en Moscú y Beijing. 

“Es la frutilla del postre”, declaman en oficinas del primer piso de la Casa Rosada para ponderar la reunión que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantendrá el miércoles de la próxima semana con los gobernadores de todo el país, en busca de apoyo para las tratativas que el gobierno lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional. 

La reunión que el presidente Alberto Fernández había pactado para el lunes cuando caía la noche en la residencia de Olivos con los diputados del Frente de Todos, había sido anunciada en un principio como “un brindis”, el tradicional saludo de fin de año que los mandatarios suelen tener con los legisladores y otros actores de la vida nacional. Un allegado al presidente lo corrigió. “No fue un brindis, fue una reunión de trabajo”. 

Resulta notorio que el presidente Alberto Fernández ha dado en los últimos días pasos concretos para empezar a construir una de las patas principales en las que se asentará su deseo de gestionar con éxito la segunda mitad de su mandato.

En las últimas horas y en el medio de los análisis que se hicieron y se siguen haciendo sobre el panorama a futuro en el gobierno tras la derrota del 14 de noviembre, negada a rajatabla por el oficialismo, el presidente Alberto Fernández debió atender una nueva y voluminosa carpeta que desde el lunes 15 reposa sobre su escritorio. Tiene que ver con la estrategia puesta en marcha por algunos gobernadores, y no todos subidos al mismo carro, para postularse ellos también como candidatos presidenciales en 2023. 

La biblioteca está repartida en el Gobierno, entre quienes lucen preocupados por acontecimientos que pueden complicar todavía más las chances electorales del Frente de Todos en la recta final de la campaña hacia las elecciones del domingo. Y los que, por el contrario, creen que, a esta altura de los acontecimientos, salvo alguna bomba impensada, no hay nada que pueda torcer el destino el oficialismo en una dirección o en otra.

La estrategia pareciera haber quedado definida en los últimos días, y tanto en el Frente de Todos como en particular en despachos del Gobierno se admite que quedan dos cartas para jugar y dar vuelta la historia en las elecciones del 14 de noviembre: profundizar el rigor del congelamiento de precios y amenazar con no pagarle al Fondo Monetario Internacional en las condiciones que reclama el organismo. Esto es, que el país “le presente un plan”.

La historia se escribe según quien la cuente. Pero hay un dato común que parece englobar todas las opiniones: el presidente Alberto Fernández se ha corrido ostensiblemente de los primeros planos de la campaña electoral hacia noviembre y le ha cedido casi todo el protagonismo, por no decir todo, al nuevo jefe de gabinete, Juan Luis Manzur.

El gobierno no esperó nada para poner en marcha una nueva etapa en materia de comunicación de los actos de gestión, tan abiertamente cuestionada desde el propio oficialismo y en aquella dura carta de Cristina Fernández que determinó la renuncia del vocero presidencial Juan Pablo Biondi, a quien la vicepresidente acusó además de montar operaciones de prensa en su contra.

Una primera conclusión de hierro a la que han arribado en las últimas horas los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández: los errores no forzados del mandatario, o los que provienen de la incontinencia verbal que suele traicionarlo, no le sacan votos al Frente de Todos y renuevan los pronósticos de que el oficialismo ganará las elecciones del 12 de noviembre por entre cinco y diez puntos.

Pese al escándalo por las fotos y videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez, que tanto malestar le provocaron al gobierno y hasta se vio reflejado ese daño en las primeras encuestas, representantes del albertismo más puro dicen que el proyecto reeleccionista de Alberto Fernández no ha sufrido ninguna querella.

A tres semanas de unas PASO que asoman cada vez más cruciales para orejear lo que puede ocurrir con el equilibrio clave en el Congreso, el Gobierno se vio obligado en las últimas jornadas a reponer con toda su furia sobre el ring de la campaña a la figura de Mauricio Macri y su “republica de morondanga”.

El Presidente no solo arrancará la semana con nuevo gabinete, obligado a los cambios por las bajas que él mismo dispuso para aquellos funcionarios, como Daniel Arroyo, Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz o Martín Gill, entre otros, que se irán para ser candidatos.

El Frente de Todos se prepara para subir al tope del discurso de campaña una frase que puede ser tan vieja como la política misma y que no es patrimonio de ningún partido en particular porque todos en su momento le sacaron el jugo. “Lo mejor está por venir”, sería el latiguillo en cuestión con el que el gobierno y los candidatos del oficialismo planea machacar desde ahora y hasta las PASO de septiembre y las elecciones generales de noviembre.

Tras varios intentos, el último durante el pasado fin de semana, el presidente Alberto Fernández debió resignarse a dejar de lado un objetivo por el que había batallado en los últimos días: finalmente no habrá lista única en el peronismo de la provincia de Córdoba, y tanto el schiarettismo como el kirchnerismo-cristinismo irán a las elecciones de noviembre con listas propias. “Alberto empujó hasta donde pudo, pero el Gringo se cerró en el cordobesismo”, dijo con conocimiento de causa un allegado al senador Carlos Caserio, que fue una de las piezas claves del lado del presidente embarcados en la frustrada gestión.

En las últimas horas, una fuente confiable de la Jefatura de Gabinete le dijo a este diario que “Santiago (Cafiero) no será candidato, seguirá al lado de Alberto (Fernández)”.

Hace una semana, el presidente Alberto Fernández reunión a casi todo su gabinete en Olivos y les dejó una advertencia que buscó expresamente que no diese lugar a dobles mensajes o lecturas equivocadas. Les dijo que ministros y secretarios debían salir ahora mismo a “militar” en las radios y la televisión la lucha contra la pandemia. El que no se sienta a la altura, deberá renunciar e irse.

“Cristina se sube a la campaña, Alberto estará más en la gestión, pero todo será dinámico, se irá viendo…”.

Una vez más el presidente Alberto Fernández está en manos del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Aunque no le causa ninguna gracia, esta vez el mandatario debe esperar otro gesto del “Gringo”, cuyos cuatro diputados tienen la llave para permitir que el jueves se sancione la ley que le otorgará facultades para disponer medidas de carácter obligatorio durante la pandemia sin tener que depender de los cuestionados DNU que firma cada 15 días.

La situación es de tal gravedad que podría resumirse en un solo dato: Alberto Fernández había rechazado la semana pasada la posibilidad de volver a cerrar todo el país, salvo servicios esenciales, para frenar la imparable segunda ola de coronavirus. Fue el mismo presidente que apenas 72 horas después aceptó volver a la Fase 1, en una actitud que se veía venir y que terminó de cerrar tras el sombrío panorama que le plantearon los médicos sanitaristas e infectólogos que lo asesoran.

La gira de una semana del presidente Alberto Fernández por Europa deja en una primera mirada resultados que en el oficialismo consideran como “muy positivos”, en función de los objetivos centrales que se fueron a buscar y que son básicamente dos: conseguir mayores plazos para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y forzar la posibilidad de un acuerdo más largo, y por el otro refinanciar hasta al menos finales de año el pago que la Argentina debe hacerle en los primeros días de junio al Club de París.

El dato figuró en aquellos iniciáticos preparativos de la gira del presidente Alberto Fernández por Europa hace al menos tres semanas. Que primero abarcaba cinco países, luego cuatro, la semana pasada solo dos y otra vez vuelta a cuatro citas oficiales con Portugal, cumplida entre el domingo y ayer, España, que transcurre hoy, Francia a partir de mañana, Italia que se desplegará durante el viernes, además de la visita al Estado Vaticano, ese mismo día por la tarde, para emprender por la noche el regreso a Buenos Aires.

Confidentes del poder coincidían en que la tan mentada “foto de la unidad” que los principales socios fundadores del Frente de Todos compartieron a mitad de semana en Ensenada es más bien una pose necesaria para sellar -si no la paz definitiva hacia el interior de la coalición gobernante- al menos una tregua. Que a la vez suponga o muestre hacia afuera un gesto de comunión partidaria y política que al menos supere el recorrido de aquí a las elecciones de medio tiempo de octubre o noviembre.

En medio de tanta malaria, del avance imparable de la segunda ola de coronavirus, de la inflación inmanejable y de los estragos de la economía, a la par de las durísimas internas desatadas en torno a si Martín Guzmán puede o no echar a uno de sus subsecretarios, Federico Basualdo, o el consiguiente desgaste de la autoridad presidencial, Alberto Fernández recibió la semana pasada una mala noticia proveniente de la provincia de Córdoba.

Salvo complicaciones impensadas de último momento en un país en el que el avance de la segunda ola de COVID condiciona todos los movimientos, el presidente Alberto Fernández iniciará a comienzos de la próxima semana una gira por Europa. Según la agenda que todavía se confecciona por estas horas en la Casa Rosada y la Cancillería, pero también por los comentarios recogidos en fuentes gubernamentales, el objetivo central de esta gira presidencial será el de buscar apoyos externos para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París.

Sería un reduccionismo afirmar que el Gobierno ha puesto recién ahora en la mira como su enemigo a vencer a Horacio Rodríguez Larreta. En la Casa Rosada, a fin de cuentas, es al único dirigente de Juntos por el Cambio que visualizan como “presidenciable” para cuando llegue 2023.

“Son ingratos”, se le escuchó quejarse a Alberto Fernández delante de sus colaboradores al comprobar el lunes la escasa adhesión que había tenido entre los mandatarios del interior, aliados o no, su DNU para frenar las clases presenciales y recortar horarios y derechos, más la consiguiente y descontada pelea con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El desafío de presentarse ante las cámaras de televisión sólo para dar malas noticias, y encima en medio de un proceso electoral incierto como el que se avecina, en el que la imparable segunda ola de Covid puede tener una influencia crucial para el oficialismo y la oposición no es un hecho menor.

Desde su reclusión obligada por haber contraído Covid la semana pasada, el presidente Alberto Fernández transmitió a sus colaboradores directos su alta preocupación por el avance de los casos de coronavirus y el incremento en localidades con alto riesgo de contagios en buena parte del país.

En el Gobierno no hay un sector interno en particular que se adjudique la estrategia, más allá de que lo que hubo a la luz fueron mensajeros con nombre y apellido: Cristina, Alberto Fernández, Sergio Massa y "Wado" De Pedro, por citar a los más elocuentes. Efectivamente, todos por igual revindican la decisión de buscar comprometer a la oposición para conseguir un acuerdo por afuera de los reglamentos con el FMI, o el consenso necesario que permita posponer las PASO de agosto y las elecciones parlamentarias de octubre.

Si no logra salir airoso de aquellos dos enormes desafíos, puede perder las elecciones parlamentarias de octubre. En el Gobierno existe una mirada prácticamente unánime respecto del futuro de la pandemia y la economía en relación a la suerte electoral del Frente de Todos. Una mirada que, vale remarcarlo, excede incluso las notorias internas en el partido gobernante y que no admite grises: si no logra salir airoso de aquellos dos enormes desafíos, puede perder las elecciones parlamentarias de octubre próximo.

Mientras desde el kirchnerismo duro salieron a celebrar con bombos y platillos la confirmación de que Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia, en las filas del albertismo puro hay síntomas de que el duelo por la partida de Marcela Losardo, a quien consideraban tal vez la más alta exponente de esa corriente que se referencia únicamente en el presidente, está lejos de haberse superado.

El Gobierno no pudo evitar atravesar otra semana complicada. Las desprolijidades que rodearon la renuncia de Marcela Losardo, el mal dato de la inflación que no cede y compromete cualquier proyecto de reactivación, y el muy bajo nivel de vacunación que registra el país quedaron al tope de las que podrían considerarse malas noticias para el oficialismo.

La designación del reemplazante de la ministro de Justicia, Marcela Losardo, quien según el presidente Alberto Fernández le avisó que quiere dejar el cargo frente a la llegada de tiempos judiciales que demandarán “otra actitud” de parte del gobierno, que ella no estaría en condiciones de afrontar, abrió en las últimas horas una serie de interrogantes y hasta generó algunas dudas que solo las próximas horas podrían develar.

El presidente Alberto Fernández buscará en lo inmediato el apoyo de los gobernadores de todo el país, y no solo de los que pertenecen al oficialismo, para impulsar los proyectos referidos a la amplia reforma judicial que anunció ayer durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa del Congreso al inaugurar un nuevo periodo ordinario de sesiones ordinarias.

Fernández piensa en su reelección en 2023. Casi de improviso, el Presidente y sus principales colaboradores instalaron el tema en sus conversaciones de los últimos días en la que se terminó de plasmar una estrategia que debería servir para el primer paso fundamental, que sería ganar las elecciones de octubre, antes de ir por aquel premio mayor.

Alberto Fernández se ha convertido en un provocador. Era de sobra conocido su costado oportunista -o si se prefiere, camaleónico- que lo llevó en el curso de los últimos cuarenta años a servir a distintos jefes -de las más variadas ideologías- sin ponerse colorado de vergüenza.

“Metimos un gol de media cancha”, se entusiasmaba sin medias tintas un colaborador de Sergio Massa. El funcionario, que interactúa con la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Casa Rosada, buscó resaltar antes que nada el rol central del tigrense en la trama que terminó por alumbrar el proyecto para eximir del pago del Impuesto a las Ganancias a casi un millón trescientos mil asalariados, tal vez el arma más letal de las que imaginó hasta ahora el Gobierno para conseguir el objetivo que obsesiona a todos por igual en el Frente de Todos, que es ganar las elecciones parlamentarias de octubre.

En medio de tantos frentes abiertos, demasiados para el paladar de algunos hombres que frecuentan a diario los despachos oficiales, durante la semana que termina en los aposentos presidenciales se identificaron claramente las tres principales “batallas” -que así las denominan- que debe afrontar el Gobierno. Serían, aunque no necesariamente en ese orden de importancia, el tema de la presencialidad de las clases, las idas y vueltas entorno a la necesidad de contar con las dosis adecuadas de vacunas contra el coronavirus, y situación en la provincia de Formosa.

Primer dato de la realidad que reconocen en despachos de la Casa Rosada: al margen de los problemas de gestión, de la pandemia y los desvelos para hacerse de las vacunas, y de las incógnitas y presiones internas que genera el arranque del año judicial, todos “hablan de octubre”.