Eugenio Paillet

Desde su reclusión obligada por haber contraído Covid la semana pasada, el presidente Alberto Fernández transmitió a sus colaboradores directos su alta preocupación por el avance de los casos de coronavirus y el incremento en localidades con alto riesgo de contagios en buena parte del país.

En el Gobierno no hay un sector interno en particular que se adjudique la estrategia, más allá de que lo que hubo a la luz fueron mensajeros con nombre y apellido: Cristina, Alberto Fernández, Sergio Massa y "Wado" De Pedro, por citar a los más elocuentes. Efectivamente, todos por igual revindican la decisión de buscar comprometer a la oposición para conseguir un acuerdo por afuera de los reglamentos con el FMI, o el consenso necesario que permita posponer las PASO de agosto y las elecciones parlamentarias de octubre.

Si no logra salir airoso de aquellos dos enormes desafíos, puede perder las elecciones parlamentarias de octubre. En el Gobierno existe una mirada prácticamente unánime respecto del futuro de la pandemia y la economía en relación a la suerte electoral del Frente de Todos. Una mirada que, vale remarcarlo, excede incluso las notorias internas en el partido gobernante y que no admite grises: si no logra salir airoso de aquellos dos enormes desafíos, puede perder las elecciones parlamentarias de octubre próximo.

Mientras desde el kirchnerismo duro salieron a celebrar con bombos y platillos la confirmación de que Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia, en las filas del albertismo puro hay síntomas de que el duelo por la partida de Marcela Losardo, a quien consideraban tal vez la más alta exponente de esa corriente que se referencia únicamente en el presidente, está lejos de haberse superado.

El Gobierno no pudo evitar atravesar otra semana complicada. Las desprolijidades que rodearon la renuncia de Marcela Losardo, el mal dato de la inflación que no cede y compromete cualquier proyecto de reactivación, y el muy bajo nivel de vacunación que registra el país quedaron al tope de las que podrían considerarse malas noticias para el oficialismo.

La designación del reemplazante de la ministro de Justicia, Marcela Losardo, quien según el presidente Alberto Fernández le avisó que quiere dejar el cargo frente a la llegada de tiempos judiciales que demandarán “otra actitud” de parte del gobierno, que ella no estaría en condiciones de afrontar, abrió en las últimas horas una serie de interrogantes y hasta generó algunas dudas que solo las próximas horas podrían develar.

El presidente Alberto Fernández buscará en lo inmediato el apoyo de los gobernadores de todo el país, y no solo de los que pertenecen al oficialismo, para impulsar los proyectos referidos a la amplia reforma judicial que anunció ayer durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa del Congreso al inaugurar un nuevo periodo ordinario de sesiones ordinarias.

Fernández piensa en su reelección en 2023. Casi de improviso, el Presidente y sus principales colaboradores instalaron el tema en sus conversaciones de los últimos días en la que se terminó de plasmar una estrategia que debería servir para el primer paso fundamental, que sería ganar las elecciones de octubre, antes de ir por aquel premio mayor.

 

Alberto Fernández se ha convertido en un provocador. Era de sobra conocido su costado oportunista -o si se prefiere, camaleónico- que lo llevó en el curso de los últimos cuarenta años a servir a distintos jefes -de las más variadas ideologías- sin ponerse colorado de vergüenza.

“Metimos un gol de media cancha”, se entusiasmaba sin medias tintas un colaborador de Sergio Massa. El funcionario, que interactúa con la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Casa Rosada, buscó resaltar antes que nada el rol central del tigrense en la trama que terminó por alumbrar el proyecto para eximir del pago del Impuesto a las Ganancias a casi un millón trescientos mil asalariados, tal vez el arma más letal de las que imaginó hasta ahora el Gobierno para conseguir el objetivo que obsesiona a todos por igual en el Frente de Todos, que es ganar las elecciones parlamentarias de octubre.

En medio de tantos frentes abiertos, demasiados para el paladar de algunos hombres que frecuentan a diario los despachos oficiales, durante la semana que termina en los aposentos presidenciales se identificaron claramente las tres principales “batallas” -que así las denominan- que debe afrontar el Gobierno. Serían, aunque no necesariamente en ese orden de importancia, el tema de la presencialidad de las clases, las idas y vueltas entorno a la necesidad de contar con las dosis adecuadas de vacunas contra el coronavirus, y situación en la provincia de Formosa.

Primer dato de la realidad que reconocen en despachos de la Casa Rosada: al margen de los problemas de gestión, de la pandemia y los desvelos para hacerse de las vacunas, y de las incógnitas y presiones internas que genera el arranque del año judicial, todos “hablan de octubre”.

En general en los principales despachos del Gobierno buscan bajarle el tono al tema. Pero lo cierto es que la decisión del presidente Alberto Fernández de habilitar el tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley para suspender “por única vez” las elecciones primarias y obligatorias (PASO) del mes de agosto, ha levantado polvareda en la Casa Rosada y en el Congreso. También en la oposición.

“Por ahora no hay nada”, dijo días atrás el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando fue consultado sobre el proyecto de ley para la creación de un “tribunal intermedio” que revise antes que la Corte Suprema de Justicia aquellas causas en las que se considere que se cometieron “arbitrariedades”, que limitaría fuertemente la intervención del alto tribunal en casos donde se investiga presuntos hechos de corrupción.

El presidente, dicen y repiten a su lado, tiene claro cuáles son las prioridades de su gestión. Se ha dicho y repetido, pero vale la pena refrescarlos: acordar con el FMI en abril para recuperar confianza externa, vencer en la batalla contra el coronavirus, reactivar la economía, doblegar el potro de la inflación con la mirada clavada en las elecciones de octubre, y avanzar con los aspectos centrales de la profunda reforma judicial que propicia.

Las claves de la flamante estrategia pergeñada por la Casa Rosada para pasar el verano sin desafíos insalvables en el plano económico o de asistencia social que va a demandar una segura segunda ola de Covid, y el empalme necesario para garantizar un tránsito controlado hacia un triunfo en las elecciones de octubre, terminó de pulirse esta semana en la última reunión del Gabinete Económico.

Desde la política, el gobierno ya ha hecho saber que no le temblará la mano para endurecer las medidas para combatir una aparente segunda ola de coronavirus que estaría llegando a estas playas, como volver a la cuarentena total que rigió al comienzo de esta tragedia en marzo de 2020 o establecer “toques de queda sanitarios” en la costa atlántica y otros lugares de veraneo donde se reúnen demasiadas personas sin ningún cuidado ni medidas de prevención.

El escenario, solo cabría refrescarlo, ya está planteado, o al menos bosquejado con bastante precisión. Las elecciones parlamentarias de octubre próximo serán claves para saber hasta dónde el oficialista Frente de Todos puede sostener su poder. Y si las riñas internas que lo afectan ahora mismo podrán influir o no, y en caso de hacerlo de qué manera, en la cristalización de ese objetivo central que el oficialismo busca y buscará coronar por todos los medios, reyertas o mini grietas internas al margen.

Una alta fuente de la secretaría General de la Presidencia aseguró en las últimas horas que el presidente Alberto Fernández planea “una suerte de relanzamiento de la gestión” allá por el mes de marzo o abril, más con la mirada puesta en la campaña electoral para las elecciones parlamentarias de octubre de 2021 que atadas a la coyuntura actual como las inconsistencias en la lucha contra la pandemia o las críticas internas al elenco de ministros y secretarios.

La pandemia, maldita por donde se la mire a los ojos del Gobierno; las vacunas, enorme problema no exento de algún papelón en el medio que mantiene en vilo a la Casa Rosada; el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado tras la media sanción en Diputados, que podría encerrar hasta alguna trampa que deje malparado al presidente; y, por si faltase algo, el renovado impulso de un sector duro del cristikirchnerismo para que Alberto Fernández dicte un indulto para todos los presos, ya sea con condena firme o con prisiones preventivas, del Frente de Todos, bajo el lema “Una Navidad sin presos políticos”.

 

Una primera mirada de lo ocurrido entre jueves y viernes pasados en la escena política nacional permitió a habituales confidentes del Gobierno una postura complaciente.

Sin nada que reprocharse, a poco que se repase cualquier manual de política, voceros del Gobierno se solazaban en las últimas horas con un dato de la realidad sobre el que cuesta disentir.

El miércoles por la tarde, en medio de la conmoción que provocaba a esa hora la novedad de los hisopados en medio gabinete -empezando por el presidente Alberto Fernández- por el positivo detectado al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, otra de las noticias verdaderamente impactantes del día quedaba momentáneamente disimulada detrás de esa saga sanitaria, como fue el despido de María Eugenia Bielsa.

No es solo el uno y medio por ciento que la Nación le sacó a la Ciudad mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, una imponente suma de más de 25 mil millones de pesos que saldrán de las arcas del municipio porteño para recalar vía manejos discrecionales del ministerio del Interior, al menos la mayor parte de esa suma, en manos del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Al promediar la semana, es cierto que en un país como la Argentina en el que todo es de una levedad insoportable y lo que parece bueno ahora puede no serlo dentro de un puñado de días, hubo por primera vez en once meses caras de optimismo en el Gobierno.

Se llevaron una sonora desilusión quienes fueron anoche y temprano esta mañana en busca de algún reproche del albertismo hacia la dura carta que emitió ayer a través de un tuit la vicepresidente Cristina Fernández. En la que con todas las letras y más allá de las dobles lecturas la jefa política de Alberto Fernández desliza críticas directas sobre el mal funcionamiento del gabinete de ministros.

Casi en soledad, bien entrada la noche de lunes en la residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández ya tomó la decisión: no habrá ningún cambio en la estrategia del gobierno frente al avance de la pandemia de coronavirus, que según todos los pronósticos lo anticipaban acaba de superar el millón de casos de contagiados y coloca a la Argentina el país en el podio de los cinco países más afectados por la catástrofe sanitaria.

Los más recientes pronunciamientos de hombres de negocios y de personalidades claves del escenario internacional que ocurrieron la semana pasada en el coloquio empresario anual más importante del país, parecieron marcar muy claramente el perfil de las preocupaciones de esos sectores claves de la producción y la generación de empleo.

En medio de las negociaciones que se iniciaron este lunes con sectores empresarios y sociales, además de la asistencia en pleno de la dirigencia sindical que se referencia en la Confederación General del Trabajo, los principales popes sindicales pusieron en marcha la última parte del plan que vienen acunando para “empoderar” al presidente Alberto Fernández en medio de los cruces subterráneos y a veces públicos que mantienen con el ala dura del Frente de Todos.

Parece haber una coincidencia entre empresarios y algunos políticos de la oposición, incluso dos hombres de negocios que estuvieron en el Salón Norte de la Casa Rosada para escuchar los anuncios del jueves de Martín Guzmán, en repetir una frase que tiene sus implicancias. “Se están gastando la bala de plata”, decían casi a coro.

 

El Presidente se muestra dispuesto a redoblar la fortaleza de los ejes de su discurso.

El anuncio de Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT y el más cercano a Alberto Fernández de los caciques gremiales, de organizar una “marcha peronista” de apoyo al gobierno para el 17 de octubre, cuando el justicialismo celebra el Día de la Lealtad, por ahora ha sido tomado con pinzas en los despachos del primer piso de la Casa Rosada.

Las anormalidades de la pandemia y también el estado de crisis evidente en el que se encuentra la relación entre el gobierno y la oposición en el Congreso terminaron por alterar la rutina histórica que envuelve la presentación cada 15 de septiembre, como manda la Constitución, del proyecto de Presupuesto.

Hay quienes dicen en el Gobierno, sin que les falte razón, que ese variopinto conglomerado de ideologías que conviven en el Frente de Todos a veces se convierte más en parte del problema que de la solución.

El regreso de Cristina Fernández a la Casa Rosada después de 260 días de no pisar las alfombras sobre las que gobernó ocho años pasó sin cubrir tantas expectativas como las que había generado ese acontecimiento.

 

El presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, negocian ahora mismo con sectores del Frente de Todos que no reportan políticamente al Instituto Patria, pero también con la mayoría de los gobernadores peronistas, para eliminar de la reforma judicial la llamada “cláusula Parrilli” cuando el proyecto llegue a la cámara baja con media sanción del Senado, dijeron a este diario altas fuentes de la Casa Rosada.

 

“No nos mueve el amperímetro”, fue lo primero que dijo un colaborador del presidente Alberto Fernández cuando le consultaron sobre los efectos políticos que tendría, si es que tendría alguno, la multitudinaria marcha en avenidas y plazas de todo el país el 17 de agosto en rechazo a un menú variopinto de medidas que lleva adelante el Gobierno.

 

El día después del multitudinario banderazo nacional contra el gobierno con epicentro en el rechazo a la reforma judicial y a la cuarentena sin fecha de vencimiento que impone la pandemia, en la Casa Rosada hubo miradas que no en todos los casos fueron coincidentes respecto del impacto de la demostración ciudadana de ayer en medio de la conmemoración sanmartiniana pero en especial sobre los efectos que podría tener hacia adelante en torno “al perfil” de la gestión de Alberto Fernández.

 

De algún modo, y por aquello de que bien vale un pan duro en medio de la miseria, el Gobierno celebró por segunda vez en poco más de una semana un anuncio que suena a maná llovido del cielo, como es la decisión de la Universidad de Oxford, en asociación con laboratorios nacionales y filántropos argentinos y mexicanos, de producir en el país una vacuna contra el coronavirus que podría empezar a aplicarse a los grupos de riesgo, en una primera etapa, a mediados del primer semestre de 2021.

El Gobierno puso en marcha esta semana las “mesas temáticas”, en rigor una serie semanal de reuniones acotadas del gabinete siempre encabezadas por Santiago Cafiero y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Tras el ataque a Pearl Harbor, que aceleró el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el almirante Yamamoto se preguntó con visionaria pesadumbre si en el fondo Japón no había hecho más que “despertar a un gigante dormido”.

 

“Necesitamos algo nuevo, crear una épica de la cuarentena para que la gente siga encerrada si es que tenemos que endurecer”. La frase pertenece a un funcionario del gabinete que no integra los equipos de salud, pero que está al tanto todos los días de la lectura política que deviene del larguísimo encierro por la pandemia de coronavirus.

 

Con una frase, un importante funcionario que tiene su despacho fuera del radio de la Casa Rosada blanqueó por si hacía falta las razones de las internas en el gobierno y entre los bandos claramente definidos como “cristinistas” y “albertistas” que enrarecen el clima interno.

 

No es un secreto para nadie a estas alturas ni el dato tampoco es nuevo: las críticas internas y externas por las fallas de comunicación del gobierno en medio de la pandemia de coronavirus han estado a la orden del día en estos cuatro meses de encierro.

 

Un funcionario que suele mantener calma discursiva en medio de tanta tormenta sanitaria, económica y política, reconocía en medio de esa navegación turbulenta que sabían que las tensiones internas en algún momento iban a florecer.

 

Como suele decirse en la jerga periodística, en las últimas horas el “runrun” en los pasillos gubernamentales se ha convertido en un ejercicio sin respiro a la hora de calibrar el alcance, los modos y los tiempos de lo que casi nadie a esta altura desconoce en la administración del presidente Alberto Fernández.

 

Alberto Fernández dio en las últimas jornadas varias señales de que quiere retomar el centro político de la escena.

 

Dicen en sus alrededores que Alberto Fernández se la ve venir. Y que quiere evitar a toda costa que se rompa la sintonía, con sus más y sus menos, que logró mantener hasta ahora entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Una convivencia siempre atada con alambres que ha sido puesta en evidencia más de una vez entre el gobernador bonaerense y el jefe de Gobierno porteño desde que se unieron en matrimonio forzado para trabajar contra la pandemia de coronavirus en el AMBA.

 

Casi no constituiría una novedad porque los datos están a la vista. Pero adquiere relevancia puntualizarlos en momentos en que el propio Alberto Fernández lo viene repitiendo una y otra vez delante de su mesa chica, o en diálogos con ministros y colaboradores, empresarios, sindicalistas, y hasta en la reunión con una treintena de dueños de medios, como la que mantuvo el martes para pedirles colaboración en una difusión “responsable” de las informaciones sobre la pandemia.

 

Gobierno andaba a la búsqueda de un rescate, que no es por cierto el de la empresa santafesina Vicentin, sino de cierto grado de normalidad política y social que el presidente Alberto Fernández parecía haber encontrado hace menos de dos semanas tanto en el frente interno, en el manejo de la lucha contra la pandemia de coronavirus y en torno a la dura negociación con los tenedores de bonos de la deuda externa.

 

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