Sábado, 18 Julio 2020 21:00

Artistas de variedades - Por Ignacio Zuleta

Escrito por

El gobierno, y el presidente, se han convertido en grandes animadores de las rutinas de la radio y la TV. En el viejo encuadramiento laboral de los trabajadores de esos electrodomésticos - lo son la radio y la TV que se escuchan en aparatos que se venden en negocios de la línea blanca, ahora 12 -, deberían quedar afiliados al sindicato de Artistas de Variedades y cobrar "por artístico".

 

Rinden examen diario de sus dichos y sus hechos, con la singularidad de que tienen como receptores a los propios seguidores de su fuerza. Todo lo que dicen se refiere peleas de peña, y entienden que hacer política es responderles a los conmilitones de la propia fuerza que les piden razones de lo que hicieron con Venezuela, Vicentin, los espías, o lo que van a hacer con la deuda.

También se entiende que confundan hacer política con hablar por radio. El enlatamiento de la política en la privacidad de las comunicaciones virtuales - o remotas, porque son reales, como describe el semiólogo formoseño José Mayans - ha terminado con la política como actividad pública. Todo se hace en el secreto del "pier to pier", en el diálogo bilateral, sin testigos, o cuanto más, los suscriptores al zoom del momento.

Esa pasión radial les hace patinar, como cuando Alberto Fernández interrumpió su examen ante dos infotainers de la militancia, que lo retaron por el voto en Ginebra sobre Venezuela, para atender dos ataques de tos. En el primero se hizo un silencio. Siguió hablando, y en el segundo ataque de tos, se disculpó, suave "Estoy con tos". Que hoy un presidente tosa por radio, acá y en cualquier país del mundo, es un accidente o un atentado, pero tiene las repercusiones de un drama. Y más cuando este presidente le pide a los ciudadanos que se cuiden, les frena su libertad ambulatoria y, de paso, exhibe su humanidad sin barbijo y saludando con cercanía - y no distancia -social.

El peronismo, sin autoridad, como en los ´70 (pero sin fierros)

Esas evoluciones discursivas son para animar a la propia militancia. Fuera del gobierno y del peronismo, no agregan ni restan votos. Alimentan la radiografía de un gobierno construido sobre una coalición transgénica que, como los híbridos, es estéril - dígase, por ejemplo, una mula, fruto del cruce de dos variedades equinas que no mencionaremos acá para evitar la intervención del Inadi.

No crece tampoco, ni mejora. Y recrea los escenarios de otros cismas en gobiernos peronistas, como el de los años '70. Menos mal que estamos en tiempos de paz, hay civilización política en las partes, nadie maneja fierros y todo queda en cruces verbales y fabricaciones mediáticas de artistas de variedades – dicho esto con todo respeto por locutores, payasos, imitadores, transformistas, mimos, simuladores y caricatos, juglares, excéntricos musicales y contorsionistas -, todas dignísimas especialidades del infotainment y del mal llamado periodismo militante, de un lado y del otro. Pero desde aquellos años que un gobierno peronista no exhibía esta falta de autoridad, que permite que un presidente sea llamado al orden por un tuit de su vicepresidente, o de una candidata a embajadora. El gobierno trifronte es débil porque ninguno de sus integrantes - Alberto, Cristina, Massa - tiene autoridad sobre el conjunto.

El otro polo de poder del peronismo – los gobernadores de los grandes distritos – miran desde afuera este retablo, sin ninguna intención de comprometerse con la pelea en el peronismo metropolitano. Bastante hicieron ya con promover la unidad que permitió mandarlo a Macri a la casa. No sea que ahora les hagan pagar, por segunda vez en la vida, el costo Cristina. Non bis in Ídem. Y menos cuando les deben todavía la factura por ese favorazo a la banda de Olivos. Nadie lidera, es decir, nadie contiene las contradicciones del conjunto. No es una responsabilidad de ellos.

La falta de liderazgo y de autoridad es una herencia que el peronismo arrastra desde hace 20 años, cuando Menem declinó en su poder. En 1999, el ex gobernador de Santa Cruz Arturo Puricelli enfrentó a Néstor Kirchner, que reelegía, en las elecciones a gobernador. Puricelli era presidente del ORSNA, oficina de control de los aeropuertos. Lo renunciaron en el acto. Menem aplicó autoridad aun cuando Kirchner ya estaba entre sus mayores críticos (por la campaña del acuerdo por los Hielos Continentales).

En la prensa explicativa que le milita con críticas, hay una tendencia benigna que intenta describir los desencuentros entre los protagonistas como una pelea que puede tener un ganador, y en la que se sacan ventaja. Enfrente sus adictos los creen víctimas de conspiraciones siniestras. Inocentadas. La falta de autoridad le da a esa debilidad un formato horizontal de suma cero: en el fondo no son muy distintos entre ellos.

Los diferencia el público que les responde dentro del peronismo, que sumando el que tiene cada cual, son minoría internas de esa fuerza. Alberto se refugia en el electorado porteño y eso lo condena a vivir – y morir, metafóricamente -abrazado, aunque no quiera, al destino de Horacio Rodríguez Larreta. Cristina domina en una parte del peronismo bonaerense, que reparte con Massa y una red de intendentes, que esperan que les paguen el apoyo que le dieron a Axel Kicillof. Fragilidades de bazar de barrio, que fuerzan a que las acciones de gobierno corran de manera subterránea, como algunas decisiones legislativas que buscan arrinconar adversarios por caminos oblicuos.

A falta de quórum, hay otro sendero

Esos caminos abren el otro sendero. Es el que elige el peronismo del Senado que, -es un caso para terapia-, tiene una mayoría apabullante, pero profiere a un discurso de victimización que sería el propio de una oposición arrinconada, cuando ésta le niega avances en proyectos de fondo que necesitan los 2/3 de los votos. No se esfuerza demasiado Cristina, responsable de esa tercera parte del espacio de gobierno que es el Senado, por remediarlo.

Más bien lo empeora, como cuando dispuso que el senador Juan Carlos Romero, que maneja un bloque aliado a Juntos por el Cambio, fuera desinvitado a la reunión con Alberto. El salteño fue elegido por una alianza de su provincia que integraba con Juntos por el Cambio, y le mandaron a decir que en la página web de la cámara figuraba con bloque aparte, por lo que debía ir con los otros bloques minoritarios, no con Cambiemos. No fue a ninguna de las reuniones, pero se aferró a los 29 votos con los cuales la oposición bloquea los 2/3.

Para algunos es maquiavelismo testimonial de la vicepresidente, pero deberán explicar algunos de sus voceros – ella nunca explica nada – que no es torpeza. Gestos de ese tipo (como también el de negarse a convocar a reuniones de labor Parlamentaria, en las que debería sentarse junto a otros senadores a quienes les niega dignidades suficientes) desmienten la leyenda de la mujer superpoderosa, talentosa, a la que todo le sale bien.

No pudo ser candidata a presidente, vive cargada de procesamientos y embargos, perdió una presidencial con Scioli de candidato – un imposible en cualquier pronóstico -tiene que pedir permiso para salir del país, y representa en el Senado a una minoría de su electorado. Algo debe fallar, y no sólo es la perversidad de sus enemigos. Hemingway describe la vela del bote de El viejo y el Mar, una joya narrativa: “remendada con sacos de harina y, arrollada, parecía una bandera en permanente derrota" (“The sail was patched with flour sacks and, furled, it looked like the flag of permanent defeat”).

A la guerra con empresas y gobernadores

El nuevo episodio de su bloque, al derogar en comisión un DNU de Macri que ordenaba un pago a las empresas de gas en compensación por la pesificación, abre una guerra que dará que hablar. Esa norma, que había sido aprobada por la comisión, y vigente a menos que fuera derogada por las dos cámaras, movía recursos por más de $25.000 millones en pagos a empresas. Eran por una diferencia que iban a compensar los usuarios finales en 30 cuotas a partir del 1° de enero del 2019. Pero la medida fue recurrida judicialmente, y el gobierno de Macri, por el DNU 1053/2018 trasladó la responsabilidad de los usuarios al Estado. Pasaron a ser $25.000 millones a pagarle en 30 cuotas a las empresas, de las cuales al 10 de diciembre sólo se había abonado una sola.

El actual interventor en el Enargas Federico Bernal, hombre del Instituto Patria, denunció hace un mes a los ex funcionarios de Macri por haber ordenado esos pagos y por toda la política de tarifas del gas. Su adversario interno en el gobierno, el misionero Sergio Lanciani, había mandado pagar cuatro cuotas atrasadas, pero ahora suspendió los pagos. Con esto le desbarata al ministro Martín Kulfas sus negociaciones con las empresas del sector y con los gobernadores, para reactivar a la industria según el llamado plan Gas4.

La oposición se fue de la comisión y negó la legalidad de la revisión de la aprobación, aunque el oficialismo podía hace caer aquel decreto con los votos que tiene en las dos cámaras. Como es un cañonazo a las provincias que producen gas y a las empresas, nadie puede asegurar los votos. Basta con la señal de la derogación en comisión para: 1) que las empresas y los gobernadores pidan una renegociación de sus compromisos; 2) poner el sistema patas para arriba y hacer avanzar el proyecto de estatización de los servicios públicos. Una forma de inducir a una guerra de sectores como la que se intentó con Vicentin, o la que se busca con el nonato proyecto de impuestazo a los re-ricos. Como siempre, importa la música y no la letra.

Sin votos para Rafecas, el Plan B en marcha

El debut de la bicameral para el control de los fiscales fue otra muestra del sendero alternativo, el que tramita decisiones por vía oblicua, por las dificultades de número que impiden al oficialismo hacerlas avanzar. Ahora se trata de hacer saltar al actual procurador interino - ante la falta de votos para designar el nuevo titular-, empujarlo a la jubilación y poner en su lugar a un cristinista leal al Instituto Patria. Se trata del procurador Eduardo Casal. En una operación clásica de empapelamiento, la comisión recibió varios pedidos de investigación sobre su conducta y sus gastos, que el oficialismo aprobó.

Por ejemplo, citará a una serie de organizaciones que reclaman directamente el enjuiciamiento político de Casal. Lo acusan de haber creado una unidad fiscal de investigación del terrorismo internacional -que, en realidad, no ha sido operativa ni ha tenido actuación judicial. Una manera de intimidarlo a Casal para que deje abierta la vacante del procurador adjunto a cargo de la oficina, y le dé la oportunidad al peronismo de la oportunidad de designarle un reemplazante interno sin necesidad de los 2/3 de los votos. Le siguen en antigüedad Laura Monti y Víctor Abramovich, fiscal ante la Corte, con actividad previa en el ámbito privado nada menos que en el CELS, usina de la justicia que se dice auténtica. Casal tiene prestigio entre su gente como funcionario de carrera en el ministerio público, y puede ser objeto de una pelea del gobierno con organizaciones sindicales del ministerio público.

Este año Casal cumple 60, o sea que está en condiciones de jubilarse. Y este empujón es parte de la operación de sacarlo por jubilación. Un expediente que se disparó con la reforma de las jubilaciones de los magistrados, que ha mandado a su casa a casi 100 funcionarios. Cambiemos prefirió, cuando gobernaba, que siguiese él en el cargo que dejó Alejandra Gils Carbó, y no negoció su reemplazo por Inés Weinberg de Roca, candidata de la presidencia Macri. No le hubiera costado mucho acordar con el bloque peronista de Miguel Pichetto, que pedía que ese nombramiento fuera parte de un loteo con otros cargos - sillas en el Banco Central, Defensor General de la Nación, etc.

Ahora el bloque de Juntos por el Cambio rechazó esta asonada que empujaron cristinistas de paladar negro como el senador Martín Doñate, presidente de la comisión, o María de los Ángeles Sacnun. Pidieron pidió se le revisen los gastos de 2018 y 2019, a cargo de la oficina de Casal, a través de la Auditoría General de la Nación (adonde debuta Pichetto el martes próximo, día de la demorada jura). Si les sale, se arrepentirán algunos críticos de Daniel Rafecas. La traba que le pone la oposición a los 2/3 del peronismo en la cámara, y las dificultades para el quórum en Diputados, han empastado iniciativas como la designación del nuevo procurador, la creación de la comisión investigadora de Vicentin o el traslado de jurisdicción del sistema de pinchaduras legales (y de las otras). La comisión puso en marcha un plan B para avanzar en el control del sistema de fiscales, que será central en el futuro, por el cambio del sistema procesal penal.

Esta reforma, que ya está en marcha, le traslada la instrucción de la causa de ese fuero a los fiscales y se la saca a los jueces. Ese cambio le da un gran poder al procurador general, que queda revestido de una gravitación como la que tiene en los Estados Unidos o en México. En esos países, el procurador es directamente el ministro de Justicia. Si no hay 2/3 para poner al nuevo funcionario, ante una renuncia de Casal, no hacen falta esas mayorías para poner en su lugar un jefe de fiscales interino amigo.


Ignacio Zuleta

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…