Domingo, 19 Julio 2020 21:00

Proyecto mordaza, unidad ante todo y la prueba de amor de Alberto - Por Ignacio Zuleta

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Impulsan una ley K que endurece sanciones a la difusión de material íntimo. Oficialismo y oposición, juntos pese a la interna. ¿Y habrá gesto presidencial para Mendoza?

 

El inoportuno proyecto mordaza

La prisa le hace endurecer el gesto al oficialismo, que en política es siempre la antesala de algún acuerdo. El protocolo para las sesiones en formato semirremoto en Diputados vence el 2 de agosto, a los 30 días corridos desde la prórroga acordada. En el Senado vence el 7 de agosto y el clima de relaciones está para el cachetazo. No sólo porque este martes le quieren hacer pelo y barba al procurador Eduardo Casal. También quieren que esta semana haya sesión para tratar una versión light de una ley mordaza.

Se trata de una reforma al Código Penal que endurece las sanciones por publicación de "documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando consentimiento de la víctima". Hasta ahora eran multas, pero se le agrega cárcel hasta de 3 años. También agrava la responsabilidad de quien amenazase al honor con "la difusión de documentos con contenido consecuencia de una relación íntima" (artículos 155 y 169)". Una mordaza que completa la figura del arrepentimiento que se ha usado tanto en las últimas tramas judiciales y políticas.

El proyecto lo defendió la senadora Claudia Ledesma de Zamora, la elegida de Cristina como presidente provisional del Senado, y por "El hombre del látigo", Oscar Parrilli. Tuvieron el decoro de aclarar que "no será punible de la sanción prevista en el presente, el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público". La oposición va con dictamen en disidencia y se ha puesto la consigna de no dejar pasar algunos excesos de la nueva norma. Conoce la debilidad del peronismo por gestos autoritarios que rechaza, además, el público que los vota a ellos. Henry Kissinger ha discurrido mucho sobre la naturaleza afrodisíaca del poder, que alguien usará para defenderse de la difusión de fotos eróticas. Ni qué decir lo que habilitará el argumento del "interés público".

En la Argentina, tierra del nepotismo, muchos políticos entienden que su interés privado es el interés público. Es razonable proteger la intimidad de la mirada de los otros, pero inoportuno. Debería hacerlo también el poder, que abusa aquí y en todos lados, del uso de los datos íntimos con pinchaduras y testeos, que te invaden y te dañan con el justificativo de que te protegen.

Sacrifican todo para mantener la unidad

Los esfuerzos del oficialismo y la oposición para resguardar la unidad política ante el adversario resienten la calidad del trabajo de gestión. La unidad es el principal valor que tienen las dos coaliciones. El peronismo ganó las elecciones con esa pieza de artillería imbatible sin la cual había perdido elecciones legislativas desde 2009. La oposición de Juntos por Cambio leyó clarito esa experiencia, y sacrificó todo para permanecer en el mismo frente, por encima de diferencias tan hondas como las que separan a las tribus del oficialismo. Mantener la unidad le ha permitido evitar las divisiones que propone el "carancheo" de Olivos. Esta herramienta se basa sobre la diferenciación entre los opositores que gobiernan y los que no. El último intento fue sumar a los legisladores de la exhibición de amigos que hizo Alberto el 8 de Julio, y que tanto irritó a Cristina.

A ese retablo de edecanes del empresariado y del sindicalismo, y algunos gobernadores -foto soviética que suelen ensayar los gobiernos con el jefe en primera línea y los acólitos detrás- iban a incluir a los jefes legislativos de la oposición. Era otra idea de Massa, y por esa razón los opositores se resistieron. Les resultó, porque les aceptaron ir separados de los otros bloques al zoom, y juntos los diputados con los senadores. Todavía se preguntan para qué los llamaron, si sólo recibieron retos y reproches, en un stand up que pareció un mensaje con otros destinatarios -dígase el Instituto Patria-. Lejos de ser el comienzo de una nueva etapa de acuerdismo, ese sketch abre un período de nuevas hostilidades.

El Gobierno y la oposición logran mantener la unidad postergando la pelea de liderazgos. Los actos públicos de sus miembros, sin embargo, les imponen costos muy altos que empastan el trámite de los proyectos. El peronismo paga carísimo el costo de instalación y debate de las iniciativas cristinistas que casi nunca funcionan, o se demoran en un cronograma incierto: Vicentin, reformas judiciales (de Rafecas a la Corte), impuesto a los requeterrecontraricos. Del mismo modo, los gestos de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta o Gerardo Morales le cuestan caro al resto de sus aliados, que tienen que morder el freno para hacer críticas hacia adentro. La unidad paga.

Ahora se agregó el envión contra los jueces que había designado el Consejo de la Magistratura, y que tramitan causas que el Gobierno quiere desactivar. Otra invitación a la molicie. El opositor Pablo Tonelli entiende que ese trámite tiene un recorrido en tribunales que puede llegar a durar unos cinco años. O sea que es otra señal de amenaza a los magistrados en estado de jubilarse y precipitar vacantes. El martes habrá algarada en la comisión de control de los fiscales, para ponerlo en el horno al Procurador interino Eduardo Casal.

Es un plan de dominó de renuncias, para abrirle la plaza a un fiscal más amigo. O, como ven algunos, para asustar a los críticos de Daniel Rafecas y sumarle votos por temor que el cargo termine en manos del legitimista judicial Víctor Abramovich. Los planes de los políticos suelen capotar en la Argentina de los fracasos encadenados. Uno de los déficits de la oferta explicativa es transmitirle erróneamente al público que los debates enfrentan a titanes infalibles de la política, cuando en realidad si les va bien, les va como la mona.

Contra reloj, que se terminan los protocolos virtuales

La semana de la cuarentena liberada aportará debates jugosos, que compensan tantos resultados melancólicos. El Gobierno quiere darle dictamen y mandar al recinto la moratoria, pero vuelve a plantearse la dificultad de lograr los votos para arrancar una sesión, sin que pasen los siete días que pide el reglamento y sin necesidad de que se habilite el debate con 2/3 de los diputados.

La mesa de Juntos por el Cambio de Diputados debatirá este lunes el dictamen de minoría, que elaboraron sus expertos para descremar al proyecto de los beneficios a algunos empresarios del juego y el petróleo, que tienen causas penales y quiebras. Resolverán si votan en general el proyecto, pero le voltean en el tratamiento en particular esos extremos inaceptables. Cuentan con la colaboración de opositores como los del bloque lavagnista de "Bali" Bucca, al que inspira Jorge Sarghini, muy crítico de esos favores. También cuentan a favor con los informes de la línea de la AFIP que ya en enero le negó alivios al Grupo Indalo. El juez de la quiebra de ese conglomerado está interesado en verlos para tomar alguna decisión tajante.

En diciembre la oposición había votado la moratoria, porque no existían esos perdones que aparecen ahora. Hay reproches en el oficialismo. ¿La durmieron a Mercedes Marcó del Pont, que los pone en la nueva moratoria? Quienes lo presumen, entienden ahora las razones del proyecto, que le saca a la AFIP las facultad es de interpretar la aplicación de la ley. Los técnicos de la AFIP pueden ser la última frontera de esta pelea de intereses. Marcó del Pont argumenta que hay muchas empresas en esa situación, aunque no todas en quiebra o en procesos. Argumentaron los abogados de Indalo en su defensa, pero no funcionó.

En el Senado hay una oferta de la oposición de un nuevo protocolo para sesionar desde agosto. Con más tiempo para los oradores, autorización para que quien quiera esté presente, que Cristina se siente en reuniones de Labor Parlamentaria con los senadores, y que se limite la excepcionalidad a los temas de emergencia por la peste. O sea que el oficialismo se avenga a negociar los proyectos antes de ir al recinto, para sacar el debate del dedo pretoriano de Cristina, que aprovecha las sesiones para sus intentos de disciplinar a los propios, algo que no logra en otros terrenos.

El fallo ambiental que inquieta a los gobernadores

Los mendocinos celebraron esta semana otro fallo de la Suprema Corte, en su pelea con La Pampa por el manejo del agua del río Atuel. Esta decisión le da la razón a Mendoza, que propuso que la Nación y las provincias hagan las obras para un mejor reparto del agua, y una de ellas es Portezuelo del Viento, objeto de una pelea con los pampeanos y con la Nación. Un dominó virtuoso que festejó el radical Rodolfo Suarez, aunque responde a una cautelar, y no a la cuestión de fondo. “Los tiempos de hoy indican que, para tener caudal de agua permanente, primero hay que almacenarla. Por eso es tan importante la realización del dique Portezuelo del Viento”, dijo el gobernador.

Quienes leen las entrelíneas se inquietaron por el efecto dominó, ahora resbaladizo, que puede disparar una novedad jurídica que se le atribuye a la pluma de Ricardo Lorenzetti. Es la teoría que expone sobre el uso del agua, que declara la caducidad del concepto de uso individual o económico de la cuenca (base del fallo histórico que favoreció a Mendoza en 1980) y avanza sobre la idea de que el agua ahora forma parte de un “ecosistema”, lo que parece acercarse a los reclamos de La Pampa. Lorenzetti ha buscado durante los últimos años en convertirse en el jurista ecológico, y se ha acercado mucho al bergoglismo de la encíclica ambiental "Laudato Si". Es difícil que el oficio lo revista de santidad, pero el incienso sanitiza las conductas. El fallo dice que "la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años. La visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial que solo repara en la utilidad privada que una persona puede obtener de ella, o bien en la utilidad pública que restringe a la actividad del Estado, ha mutado hacia un modelo eco-céntrico o sistémico. El paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente. Para la Constitución Nacional el ambiente no es un objeto destinado al exclusivo servicio del hombre, apropiable en función de sus necesidades y de la tecnología disponible, tal como aquello que responde a la voluntad de un sujeto que es su propietario".

Esta idea puede poner nerviosos a los gobernadores de las provincias con recursos del subsuelo. La Constitución reformada en 1994 ratificó la propiedad de esos recursos para las provincias. Si ese derecho ahora queda bajo observación por el concepto "holístico" y del "ecosistema", los competidores por el uso de los recursos –en particular la Nación– pueden llegar a pedirles que compartan su riqueza. Abre un frente inquietante, porque la Nación nunca se ha resignado a la idea y ha pedido ser incluida en el reparto de los recursos petroleros con las provincias, en todas las leyes que regulan el negocio, con el argumento de que Dios, que regaló esos recursos, es argentino y no, por ejemplo, santacruceño.

Néstor Kirchner, que en 1994 era convencional –como su mujer Cristina- y gobernador petrolero, siempre opinó que había sido un error la cesión a las provincias, porque le quitaba a la Nación la manera de auditar las riquezas. Años más tarde, cuando era presidente, y pese a que había votado esa cláusula en Santa Fe, giró a la posición contraria. Intentó leyes que debió negociar odiosamente con los gobernadores. Logró que el Congreso sancionase en 2006 la llamada la "ley corta" para imponer algún control del gobierno federal en el negocio. Es la ley 26.197, que sustituye el primer artículo de la Ley Nacional de Hidrocarburos 17.319, un decreto ley de Onganía-Krieger Vasena de 1967. Cerró un largo debate en el cual la Nación perdió la partida. No sea que ahora, con Cristina manejando el Senado, les apliquen a las provincias las regalías “holísticas” o eco regalías, y deban repartir más de lo que ya hacen con la Nación.

Ella también ha sido crítica en el pasado de las pretensiones provinciales. La última batalla la libraron los mandatarios contra la administración Galuccio en YPF, que reclamaba que las provincias redujesen sus pretensiones en la concesión de contratos con los privados. Galuccio ha vuelto a tener gravitación en la petrolera estatal y debe estar leyendo y subrayando el fallo de la Corte, en el cual Carlos Rosenkrantz dio un voto distinto a los otros cuatro jueces del tribunal, aunque no en disidencia.

Mendoza espera la prueba de amor de Alberto

Esta semana la prueba de amor con los gobernadores la tiene que dar Alberto con el envío, o no, de la cuarta cuota para el pago de la obra de Portezuelo del Viento. Ese emprendimiento es prenda de otra pelea de Mendoza con La Pampa y ahora con el Gobierno nacional. Son USD 18.579.735 que están calzados con un bono que emitió el gobierno de Macri y que Martín Guzmán exceptuó del reperfilamiento. O sea que no está defaulteado, aún. Es parte del compromiso por un total de USD 1.023.362.922 para la obra hidroeléctrica más grande que tiene hoy la Argentina. La vienen discutiendo desde el gobierno de Juan Perón, la negoció Néstor Kirchner cuando era presidente y la empezó a pagar Macri. Cerró una discusión de Mendoza con la Nación por haber sido marginada de los regímenes de promoción que tuvieron, desde la era Menem, varias provincias.

Alberto hasta ahora pagó las cuotas de enero y abril, pero se enredó con los intereses de La Pampa después de que Carlos Verna se quejase en términos de honda autoctonía peronista: "Nos cagó un compañero”. A Mendoza le demoran los protocolos, para usar la palabreja de moda, con argumentos de daño ambiental, que dependen de comisiones cuyo voto cambió con el nuevo gobierno. Esta semana se sabrá cuál es la verdadera voluntad de Alberto: si paga, descorchan todos. Si no paga, habrá revuelta de mendocinos y de los bonistas, porque será una señal de default que no estaba en el horizonte.


Ignacio Zuleta

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