Domingo, 26 Julio 2020 21:00

Evitar a un nuevo Yabrán, interna K por Venezuela y apuesta anti Trump de Beliz - Por Ignacio Zuleta

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Alberto Fernández no quiere quedar pegado a Cristóbal López. Enojo en Olivos por las críticas de Alicia Castro. Y un sector del Gobierno, pendiente de la elección en EE.UU..

 

Vicentin, la leyenda continúa (algo hay que tirarle al Patria)

"Y.… algo hay que tirarles". Esta explicación la dio Sergio Massa a los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio cuando les avisó que en cualquier momento entrará en Diputados el proyecto de creación de una comisión investigadora del caso Vicentin. Esa iniciativa la aprobó el Senado y está en coma inducido, porque la cuestión se encapsuló en las soluciones que discuten el gobierno de Santa Fe, la Justicia y los privados. El oficialismo busca que esa comisión se convierta en una vidriera irrespetuosa -i.e. un cambalache - que comprometa al macrismo y arrincone de nuevo a la oposición. Quienes escuchaban por el zoom, el viernes a mediodía -Mario Negri, Cristian Ritondo, Maxi Ferraro, Álvaro González- se lo desaconsejaron.

- Ustedes traen la moratoria, que es algo necesario, necesitan los votos para arrancar, ¿y quieren convertir la sesión en una pelea política sobre algo que está fuera de la agenda de cualquier acuerdo?

- Algo hay que tirarles...por ahora Vicentin no tiene fecha, pero va a venir.

La advertencia tampoco ignora que los forcejos entre las cabezas del Gobierno tricéfalo son una puja de suma cero entre ellos, para arbitrar quién tiene más poder en un club en el cual nadie puede superar al otro, ni en fuerza ni en debilidad. En esa mesa de conversaciones amistosas, Massa alardeó de que tiene los 129 votos para arrancar este miércoles el tratamiento de la moratoria, que tendrá este martes dictamen, con el auxilio de los diputados peronistas de Misiones y de Córdoba, grupos de apoyo a la carta para iniciativas resbaladizas en el Frente de Todos. La oposición avisó que irá con dictamen propio, y que espera la respuesta a los pedidos que se hicieron a la AFIP -para saber qué empresas tienen trato preferencial en el proyecto-, y a Alberto Fernández -a quien le preguntaron si está libre de reproches de la ley de ética pública por haber sido, o no, abogado consultor del grupo Indalo-.

En este punto, la preocupación del Gobierno es que el tema Cristóbal -beneficios a quebrados y procesados en la moratoria- no escale en los medios y no termine "yabranizado". En el ADN del peronismo está grabado el recuerdo del daño que le hizo al gobierno peronista de los '90 la identificación con el grupo Yabrán, a cuyo titular lo hizo entrar Carlos Menem a la Casa de Gobierno en plena crisis por el caso de Cabezas, para que lo recibiese el jefe de Gabinete de ese momento, Jorge Rodríguez. La visita fue saludada por uno de los bocinazos de protesta más estridentes que se recuerden -el cacerolazo fue, años después, una etapa superior del bocinazo y terminó con otros gobiernos-. La muerte del periodista fue en enero de 1997 y Yabrán estuvo en la casa de Gobierno en junio de ese año. En agosto se cerró la Alianza UCR-FrePaSo, que en octubre ganó las elecciones legislativas, y que, dos años después, los desalojó del poder.

Ayuda a los quebrados, pero fusible anti-Cristóbal

El Gobierno es consciente de ese riesgo, y hace las señas que puede para que se sepa, aunque sea en entrelíneas. El sábado Massa les hizo llegar el último borrador del proyecto de ley de Emergencia para Procesos de Concursos Preventivos y Quiebras. Este pergeño, obra colectiva de opositores y oficialistas, busca completar el auxilio a las empresas en dificultades en el terreno de los negocios. La moratoria les soluciona los problemas con el fisco, pero esta iniciativa es para mejorar la situación ante acreedores privados, aunque exceptúa de los beneficios a firmas en la situación del grupo Indalo, para evitar que se identifiquen ventajas con nombre y apellido. Si la norma se aprueba, se postergarán los plazos de los concursos en marcha, los embargos y los plazos de pago de compromisos ya acordados. Se les da tiempo a que los privados arreglen sus entuertos en negociaciones extrajudiciales.

El proyecto fue aprobado el sábado por Olivos en la persona de Marcela Losardo, miembro del "grupo ojazos" de Alberto, creado a imitación del que encarnaban para Macri el ex jefe de Gabinete Marcos Peña y los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Contiene en su artículo 3° un fusible anti-Cristóbal. Limita los beneficios a las pymes y excluye tácitamente a los grandes grupos ("Artículo 3°.- Los sujetos que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias, que tengan en trámite un concurso preventivo a la fecha de vigencia de la presente ley y que como consecuencia de la crisis originada en el marco de la pandemia COVID 19 se encuentren en cesación de pagos respecto a las obligaciones posconcursales podrán acogerse a un nuevo concurso, etc.").

Plan Vaporeso para capturar ideas de la oposición

Con esa cláusula el Gobierno busca evitar que los corran por Cristóbal, aunque tienen los votos para sacar todo. No le costará, porque en realidad la iniciativa viene también de la oposición, como el polémico proyecto de ayuda a las víctimas de fibrosis quística, que motivó el episodio del Senado en el cual entre Olivos y el Patria desairaron -por cuestiones de marketing, hasta ahora- a los senadores del oficialismo y también al ministro de Salud. Forzaron y fundaron la aprobación de este proyecto en que venía con críticas de los radicales de Diputados. La nueva reforma a la ley de quiebras recopila iniciativas de la oposición en el mismo sentido, con las firmas de Negri, Luciano Laspina, Ritondo, Álvaro González, Graciela Camaño y muchas más. Precursor en el tema fue en marzo el auditor Miguel Pichetto, que había pedido, apenas despuntaba la peste, que se reflotasen reformas al sistema de concursos que había impuesto el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002. Citaba la experiencia de los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales (APE), para facilitar los contratos celebrados entre los deudores en crisis.

"La APE fue una creación legislativa de la que participé yo en aquellos años, junto a Oscar Lamberto, Cristina de Kirchner, Miguel Toma, Humberto Roggero, Rafael Pascual, Jorge Remes Lenicov, José Luis Pesoa y Jorge Capitanich. Mucha de esta gente está hoy en actividad y podrían aportar mucho de aquella experiencia”, dijo el exsenador. El Gobierno reflotó esas iniciativas opositoras en otra operación Vaporeso. La marcha del Dr. Vaporeso, que inflama la épica creada por Alfredo Casero, dice en uno de sus versos más inspirados: "Una vez nos tiraron con una moto, /La abarajamos y la pusimos a andar". Es lo que hizo el peronismo en la era Kirchner con proyectos opositores como las estatizaciones de YPF, jubilaciones, la ley de medios, la reforma judicial legítima, para hacer músculo e imponerlas como propias. Ahora lo hizo con el proyecto fibrosis quística, y esta semana con la reforma de quiebras.

El conde Montecristo espera en el banco

Recurrente el problema, recurrente la solución. En 2004 el país vivía una crisis en la política de inseguridad tan grande como la de hoy, fruto de la falta de autoridad de los funcionarios sobre las fuerzas, y también como efecto de la crisis económica, que siempre desata un aumento de hechos de inseguridad, que la política no puede resolver. En aquel momento la seguridad estaba en manos de Gustavo Beliz -ministro- y sus secretarios José María Campagnoli y Norberto Quantín. Había llegado al cargo por pedido le Aníbal Ibarra, para sacarlo de la cancha de la Capital como competidor en las elecciones a jefe de gobierno de 2003. Era una de las condiciones para la alianza Kirchner-Ibarra para el nuevo ciclo de gobierno. ​ Luis D'Elía -funcionario de Kirchner- protagonizó la ocupación de una comisaría en La Boca que le costó la condena que hoy cumple en su casa, pero arrastró en la caída a Beliz, que fue reemplazado por Horacio Rosatti y después por Alberto Iribarne. El Gobierno venía con el prestigio perforado por el caso Blumberg, el ominoso asesinato de Axel en marzo de aquel año, que le hizo pensar a Néstor Kirchner en la renuncia a la presidencia.

El 1° de abril Juan Carlos Blumberg hizo la concentración masiva que lo convenció a Kirchner de cambiar el rumbo del garantismo del primer gabinete con Beliz en Seguridad, a lo que significó la llegada de Iribarne, que había sido el viceministro de Carlos Corach en la década anterior. Viajó aquel día a Tierra del Fuego a una vigilia por Malvinas, quejándose de quienes lo habían convencido de que el 24 de marzo, una semana antes, iba a haber una multitud en el acto de la ESMA, y que nadie iría a la de Blumberg. Ocurrió lo contrario: se calcularon 300 mil personas en todo el país, 100 mil en la plaza de Mayo. "Creí que a la ESMA iban a ir 300 mil y a la marcha de Blumberg 6 mil; terminaron yendo 300 mil a lo de Blumberg y 6 mil a la ESMA".

Hoy la escalada en la provincia de Buenos Aires le hace prever al Gobierno que puede haber en el segundo semestre un aumento del 25% de los casos de inseguridad respecto a las marcas del gobierno de Vidal. El ministro Sergio Berni se pelea más hacia dentro que hacia afuera, y discute del tema con una peña de aficionados como lo son Axel Kicillof, Máximo Kirchner o la profesora Sabina Frederic. Por las dudas Berni tiene una custodia de la policía Federal, dependiente de la Nación, algo que dinamita el respeto de los "pata negra" (policías bonaerenses). Si todo vuelve, como ocurre siempre, esta crisis lo encuentra a Iribarne, uno de los hombres más cercanos a Alberto, en la embajada del Uruguay, haciendo banco a la espera de destinos operativos. Lo maltrataron en la era Cristina, cuando le prometieron lo que no le dieron, una embajada en el Vaticano que era imposible con el papa Ratzinger, que no admitía divorciados. No sea que vuelva 20 años después, como Edmundo Dantes, a hacerse cargo, por tercera vez, del área de seguridad.

“No entren temas de los que queremos salir”

Cada paso de Cristina, Massa o Alberto para desmarcarse, lo tiene al otro como víctima, pero eso no toca a la oposición. Que más bien lo festeja, como celebró el voto en Ginebra sobre Venezuela: Juntos por el Cambio lo destacó como un acierto, porque tenía la misma música de crítica a Caracas que había entonado Macri antes de irse. El Gobierno dice que eso no es así, que se sacó de contexto la posición argentina, que se había negado a suscribir un documento más duro que había propuesto Estados Unidos en esa misma comisión de Derechos Humanos de la ONU. Cualquier mención a Venezuela en boca de alguno de los personeros del oficialismo levanta polvareda, y ofrece a la oposición escenarios de división en el oficialismo. Felipe Solá tiene esta semana una cita de superficie con Alberto Fernández sobre esos disgustos.

- No entren en temas de los cuales queremos salir, es la orden de Olivos.

- Pero los periodistas nos preguntan.

- Entonces invéntense otra respuesta, replica Olivos, que está enojado con Alicia Castro.

- De esa persona ni me hablen, repiten para sacudirse el tema de encima.

La ex embajadora bolivariana tiene la ligereza de quien está acostumbrada a moverse por las alturas; en ella, el grito es más rápido que los actos, que dañan hacia adentro, porque se supone que obedece a consignas de Cristina cuando lo ataca a Alberto o a Solá. Con eso asegura que el Senado -área Cristina- le dé el acuerdo como embajadora, aunque Olivos -área Alberto- no le asigne el destino de Moscú como embajadora. Acaso prefiera quedarse como embajadora volante lejos de las estepas, que echan señales inoportunas hacia el Gobierno. La Cancillería avanza en actos sobre Malvinas que buscan, en palabras de Solá, sacar a Londres de la zona de confort -como si ser gobernados por Boris fuera algo confortable-. Pero que Alicia haya dicho que desde Moscú ella impulsaría una alianza con Rusia para vigilar el Atlántico Sur es demasié. Se lo recuerda al embajador inglés Mark Kent, afiliado a las costumbres criollas como aquel "inglés de los güesos" de Benito Lynch (el personaje se llamaba James Gray), cuando se cruza con funcionarios argentinos, medio en serio, medio en broma.

Beliz, con una segunda oportunidad sobre la tierra

Nunca se sabe, pero ¿para qué meterse en temas de los que nos queremos salir? Y más cuando el Gobierno ve una luz al final del túnel, en el camino de ambigua moderación en temas globales. Cree que la ayuda de Donald Trump, en lo que le queda del mandato actual, puede ayudar en una conversación con el FMI para su tramo de la deuda, aunque no mucho en la de los bonistas privados. Lo resuelve el mercado. Con fruición, se encantan en el Gobierno cuando se meten en el escenario de las presidenciales de los EE.UU. Pero como le ocurrió en su momento a Massa, no deciden quién les gusta más. Si el anti global Trump, que se abraza al único amigo en la empresa de cambiar el mundo -el mexicano López Obrador- AMLO; o el demócrata Joe Biden, que ha mandado a decir a la embajada en Washington que está indignado por la candidatura de Mauricio Claver-Carone para la presidencia del BID.

El gobierno sostiene la candidatura de Gustavo Beliz para el banco, y lo ayuda que Olivos se corra del chavismo extremo, y busque algo de neutralidad en esa disputa. El objetivo ahora es lograr que la elección del nuevo titular del BID sea después de las elecciones de los Estados Unidos. En este punto apuesta a que pierda Trump, y eso lo saque del juego a Claver, un "comecandelas", como llaman los cubanos a los extremistas. En este caso del anticastrismo. El justificativo es la peste, que la elección pase a marzo de 2021, cuando haya decaído el bicho. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que debe renovar autoridades, también postergó el trámite con ese argumento, pero pensando también en la elección americana. Buenos Aires busca ahora que los países europeos pidan que se aplace la elección de Claver. Tienen los votos necesarios para imponerlo en el directorio. Italia parece mover en ese sentido. Por acá cerca, Perú tiene nuevo canciller -Mario López Chávarri- y le hizo saber a Buenos Aires que está replanteando su apoyo a Claver y puede aportar a la idea de la postergación.

Si Trump pierde, será otro mundo y se negocia todo, hasta la candidatura de Béliz. Para empujar esos gestos de neutralidad, el Gobierno ignora el texto de un documento que mandó el embajador de los EE.UU. Edward Prado, donde pide la firma de la Argentina. Se trata de un reclamo de que se instale en Venezuela un gobierno de transición que llame a elecciones. Supone un desplazamiento de Nicolás Maduro, que nadie puede reclamar salvo como un mensaje de campaña para las elecciones de por allá. Lo dejan pasar de largo y de paso le avisan a Prado -otro criollo de Texas, perfecto español- que revise el canal que tiene con Beliz, a quien le mandó ese borrador. Que por favor pase por mesa de entradas, o sea por la Cancillería. Beliz, vertical, mandó la carpeta a la oficina de Solá.

Ignacio Zuleta

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