Domingo, 30 Agosto 2020 21:00

Debilidad en el Gobierno, la lapicera de Cristina y una oposición presencial - Por Ignacio Zuleta

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La reforma judicial agudizó la interna en el oficialismo. Juntos por el Cambio se junta para la batalla en Diputados.

 

La oposición huye de la interna peronista

La oposición hace prueba de motores para tomar distancia de la pelea interna dentro del tridente gobernante -Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Kirchner- por el control del espacio, y evitar ser usada para hacer músculo en esa querella y ganar fuerza. La política hoy es tirar hacia el centro, el territorio que todos disputan: el acierto y el error dependen de la claridad con la cual cada uno encuentra su camino y lo diferencia de los demás. Cambiemos de 2015 ganó el poder porque en un país en el cual todos los candidatos –Mauricio Macri, Daniel Scioli, Massa- disputaban el mismo voto de la burguesía de las grandes ciudades, los estrategas evitaron ser víctimas de una interna del peronismo.

Eso diferenció a las tribus internas de la UCR que fueron en abril de aquel año a Gualeguaychú. Un ala quería un pacto con Macri y Massa; la otra, que dominó al final, sólo con Macri. ¿Para qué? Para no terminar en una pelea dentro del peronismo. ¿Por qué se tendió un cordón sanitario en torno del intento albertista de pactar algún enjuague con los radicales porteños –Nosiglia, Lousteau, socios de Larreta y Carrió–?

Es tabú en cualquier conversación de superficie en esa coalición. Abrir ese debate los hace rehenes de una disputa ajena. La que libran los tres factores débiles de tridente, una fórmula de suma cero, que redobla la debilidad de esa alianza.

No es lo mismo ser débil que ser minoría

El Gobierno es débil, aunque tiene mayoría de votos de origen, y de bancas en el Congreso. La oposición de Juntos por el Cambio es minoría, pero no es débil. Ha resistido en dos objetivos virtuosos: estar juntos pese a las diferencias y no disputar liderazgos hasta que sea necesario, dígase 2023. El Gobierno no ha podido sostener el objetivo virtuoso de la unidad, que le devolvió el poder en 2019. La pelea de poder interno sólo potencia la debilidad que arrastra el peronismo, que es su método negativo de acumulación de fuerza: para un peronista no hay nada peor que otro peronista.

El emblema es el trato Parrilli que les propina Cristina a sus aliados más fieles. No lo inauguró ella. Viene de lejos. El peor enemigo de Cafiero en los años ’80 fue el peronismo herminista. El de Menem fue la disidencia del FrePaSo que lo desalojó junto a la UCR del poder en 1999. El peor enemigo de Duhalde fue Menem, que le hizo perder las elecciones de aquel año. El peor enemigo de Scioli fueron los Kirchner. El peor enemigo del matrimonio fue Duhalde, que envejeció repitiendo: “El que trajo al loco que se lo lleve. A éste me lo llevo yo”. En perspectiva, el peor enemigo del peronismo metropolitano que hoy gobierna el país es el peronismo grande de los 17 gobernadores, que hicieron plata con Macri, lograron reelegir casi todos en sus provincias, y hoy le toman examen, con distanciamiento social, a Olivos.

Escapando de la foto equivocada

Otro testimonio es la negativa de los dirigentes de la oposición a participar este lunes del acto de anuncio del acuerdo con los acreedores de la deuda. Julio Vitobello, secretario presidencial, escuchó ese rechazo de la voz de Mario Negri y Luis Naidenoff -jefes de los interbloques de Diputados y Senado respectivamente-. Los mandatarios de Juntos por el Cambio recibieron invitaciones formales, pero fueron dispensados de acompañar a Alberto y a Martín Guzmán, por la mesa de conducción de esa liga, que hará la cumbre semanal en la mañana de este lunes. La tarea ejecutiva los obliga a estar en la foto, que no reclama sólo Olivos sino también los acreedores, insaciables a la hora de pedir el respaldo opositor a esos acuerdos. Creen que puede ser un seguro que les cumplirán.

En el mismo terreno de las discordias, hay que anotar en esta semana de prueba de motores, la amenaza de judicializar la contrarreforma que emprende el peronismo del Senado, para desmontar los traslados y designaciones de magistrados que hizo el anterior gobierno. El viernes 4 se hará la audiencia para rechazar los acuerdos de los magistrados Farah, Iglesias, Niremperger, Villena, Bruglia, Skanara, Bertuzzi, Hansen, Castelli y Velázquez. Motivó un cruce de reproches, por la queja opositora de que esa audiencia no está cubierta en el protocolo de virtualidad en la cámara, aprobado sólo para sesiones de comisión, y no para audiencias públicas. Este tipo de debates deben hacerse con presencia del público y después de pasados 15 días del anuncio. El oficialismo respondió que todo eso está cubierto, lo que anuncia una inminente judicialización de la pelea.

El otro peronismo, por debajo del radar

Vuelan, mientras tanto, otros misiles por debajo del radar. Y no por zoom, el escenario dominante de la actividad política, que la peste privatizó. El que más inquieta al Gobierno es el armado de otro peronismo que se aparta del tridente gobernante, y que busca reconstruir aquella mesa que se llamó “peronismo republicano”. Se hace desde varias usinas, algunas recorren el país, otras hincan el diente en Buenos Aires, la provincia invertebrada que desvela al Gobierno, porque es el territorio más importante que tiene la coalición, y ya le apareció hasta un caso Cabezas.

Ese proyecto está en cabeza del personaje de moda, Miguel Pichetto, que tiene la magia de la significación múltiple: los gorilas, para decirlo simple, lo aman; y los peronistas no cristinistas lo respetan y quieren acercarse a él. En la semana que pasó, animó un zoom organizado por el ex ministro vidalista Joaquín de la Torre, con casi un centenar de dirigentes de Buenos Aires, entre ellos 4 senadores, 3 diputados, 3 intendentes, 6 ex intendentes y un puñado de concejales de todas partes. Es un armado paralelo al que puede hacer Vidal, no se cruza –ni quiere- con el destino de Macri, y construye peronismo.

El mismo Pichetto, mientras, hace circular su documento “Alternativa Republicana Federal-Pichetto conducción” por todo el país. Es un wiki-manifiesto (es decir que se construye con el aporte de quienes lo leen) pero conserva un esqueleto rígido, que:

  • 1) No lo rotula como peronista, para no cruzarse con los no peronistas.
  • 2) No tiene firmas, para no dejar a nadie afuera, ni reflotar rencores prevalentes.

Lo agitan expertos en altas cumbres, como Ramón Puerta –autor de la máxima: “La política, como el amor, es presencial, no se hace por zoom”-, y Miguel Toma, primer redactor que recogió elementos del discurso pichettista, como la condena del pobrismo. Toma tiene formación teológica y sabe que eso es un mensaje hacia sectores del peronismo bergoglista. En busca de mensajes y señales, lo introdujo el jueves a Pichetto en el más alto nivel posible del empresariado criollo. Escucharon en un almuerzo su proyecto político y le manifestaron su adhesión. Cuando se retiraba le dijeron: confiamos en tres personas, usted, Vidal y Ernesto Sanz.

Proyecto anti ricos, otra foto de riesgo

En el intento de apabullar al público con espejismos, el Gobierno lanzó el proyecto de impuesto a los recontra ricos, que busca envolver a la oposición en otro debate tóxico: exponerlos como defensores de los ricos y de paso tapar los efectos negativos de la reforma judicial en el público propio. Una prolongación de la acusación al gobierno de Macri de ser una administración en favor de los más ricos. Mucho pobre tampoco hay en la cúpula de este Gobierno, que vive los desvelos de tener que justificar medios de vida. Cuenta con el favor de sectores que pueden ayudar a que avance con éxito, después de los retoques que le hizo el autor de la iniciativa Carlos Heller, el comunista manso al que un gobierno peronista le confió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Con los afeites que recibió el texto final, tiene hoy el respaldo de los propios, de los allegados del bloque de Massa –José Luis Ramón– y de los 11 del interbloque que inspira Roberto Lavagna, conduce Graciela Camaño y que firma “Bali” Bucca. Lavagna no ha abierto juicio, pero sí su vocero, el “Topo” Rodríguez. Con eso les basta. Esos 11 están en favor del impuestazo, con la misma vehemencia con que rechazan la reforma judicial.

A más Heller, menos Vallejos

El hombre que más sabe de economía en ese grupo, Jorge Sarghini, escuchó los argumentos del oficialismo, y es testigo de cómo se evaporó del proyecto el fantasma cristinista de Fernanda Vallejos, y creció cierto profesionalismo tributario. Heller se hizo asesorar, claro, por expertos en el tema. Como lo inspira un verticalismo aprendido en las viejas luchas de juventud, consiente que se diga que el proyecto es de Máximo. Una broma del proselitismo, que pocos toman en serio por ahí. El hijo de Cristina fue procesado por presunto lavado, y es difícil que pueda sostener en público el argumento que consigue adhesiones al proyecto, el del esfuerzo compartido ante la crisis.

Igual, muchos legisladores que darán quórum y voto creen, como el experto César Litvin, uno de los más prestigiosos del país, que el proyecto puede tener problemas por impugnaciones judiciales. Entre las razones, enumera:

  • 1. Grava la misma base de imposición que Bienes Personales.
  • 2. La sumatoria de ambos impuestos lo hace confiscatorio, afectando el Derecho de Propiedad Privada.
  • 3. Es más oneroso que Bienes Personales porque grava los Títulos Públicos Argentinos y los Plazos Fijos en Argentina.
  • 4. Se desconfía de que sea por única vez.

La eventual recaudación tiene cinco destinos, pero dos de ellos le aseguran un respaldo callejero y de lobby entre legisladores:

  • 1) "Urbanizar los barrios populares". Es el financiamiento de la ley de expropiación de villas que sancionó en 2018 el Congreso con proyecto presentado por Negri, Carrió y Massot, inspirado por el Vaticano y promovido las organizaciones de Juan Grabois. Entonces no lo quería mucho el peronismo, ahora se aferra ese proyecto que es también "herencia recibida".
  • 2) "Hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas". Moviliza en favor de proyecto al sector de hidrocarburos, que compromete a empresas, provincias y sindicatos.

Cristina desangra la reforma judicial: ahora es mí y la mato yo

El recuento de daños de la sesión de aprobación de la reforma judicial en el Senado dejó más heridos de los que pudieron contar el jueves. En el tumulto final que provocó el remate de nuevos cargos, con tal que los senadores apoyasen la iniciativa, se llegaron a sumar 1.734 nuevos cargos (370 magistrados, 1.364 funcionarios y empleados), con un gasto que se calcula -según un informe de la oposición- en $ 10.031.138.750 para el año inicial. Triplica el cálculo que se preveía en el proyecto original del Gobierno, que estaba en los $ 3.037.411.988.

El trámite desnudó la debilidad del oficialismo:

  • 1) Los gobernadores se mantuvieron lejos del compromiso político, una iniciativa tóxica para la opinión pública.
  • 2) Cristina le arrebató el proyecto a Alberto, pero lo devaluó a decir que no era bueno. Ahora es mío, y lo mato yo, dio a entender.

Le quitó además la lapicera, y negoció ella en persona con cada senador y algunos diputados el loteo de juzgados y cámaras. Los gobernadores, siempre testigos lejanos. Habían visto todos cómo Alberto intentaba acercarse a algunos opositores, como Martín Lousteau y Enrique Nosiglia. Haberlos invitado a Olivos fue, para la cúpula de Cambiemos, un intento ingenuo de pedirles apoyo. Pudo pedírselo a Horacio Rodríguez Larreta, a quien ve casi todos los días. Pero Larreta se enteró de la cita después que había ocurrido. El Gobierno reveló que está perdido y sin estrategia. Ni hacia dentro ni hacia afuera. Quemó los últimos cartuchos de esa apestada relación. Y rompió puentes hasta con los amigos.

La patria pleitera, que está sola y espera

Cristina le ganó varias casillas al Presidente en la disputa de espacios. Con un rédito agregado: cifró el fracaso del proyecto en Diputados. Evitó también que se le fueran votos. Salió 40 a 26. ¿Para qué rescatar un proyecto que ella dice no era lo que quería? Porque es, de todas maneras, parte de la contrarreforma judicial de desmontar la ingeniería judicial heredada de Macri. Según el juicio de expertos como Ricardo Gil Lavedra, el reordenamiento de jurisdicciones puede redundar en la prescripción de causas a ex funcionarios, aunque no se les cambie de juez (lo dijo en un zoom el sábado, con dirigentes y senadores de Cambiemos).

Los opinadores insisten en que el cuestionamiento de traslados a jueces y subrogantes obedece a un instinto de venganza. Pero el destino judicial de ella ya superó la primera instancia y en algunas causas ya está en el tribunal oral. Una venganza sería un gesto de lirismo inusual. Pero visto con alguna perspectiva, desmontar la relojería judicial abre un camino más provechoso. Si lo logra, el segundo paso será el pedido de la nulidad de las actuaciones de esos magistrados, y el obvio reclamo, por parte de los encausados, de indemnizaciones por daños y perjuicios.

Hay que imaginar lo que puede significar un reclamo por el valor de una petrolera, o un grupo de medios, si se declara nulo lo que hicieron los jueces a pedido del anterior gobierno a través de la AFIP. Esa plata tiene nombre y apellido, como los abogados que van a promover las acciones que, como es claro, son más que una venganza.

Las picardías de la virtualidad

La oposición alistó al bloque de Diputados para quebrar la insistencia del oficialismo a sesionar de forma virtual. Amenazan con presentarse con la casi totalidad de sus miembros, para participar de una convocatoria a sesión especial, amparados en que el 13 de agosto pasado venció el protocolo para el formato virtual. El peronismo se resiste a renovarlo bajo las condiciones de la oposición:

  • 1) Que el nuevo protocolo tenga corta duración, semanal, y no por 30 días como fue hasta ahora.
  • 2) Que se dejen afuera del orden del día los proyectos odiosos, como la reforma judicial, la comisión investigadora del caso Vicentin, la derogación de DNUs formados por el anterior gobierno, o el impuesto a los recontra ricos.

Estas iniciativas las consideran de una complejidad tal, que sólo deben llegar al recinto después de un debate previo. La presencia de los legisladores de todo el país fue confirmada hasta la tarde del domingo por 36 de los 47 diputados radicales y la totalidad de los del PRO y de la Coalición Cívica, que estuvieron en sesión permanente durante todo el fin de semana. La sesión especial convocada por el oficialismo y sus aliados para el martes tiene como agenda aprobar un proyecto de ayuda a la actividad turística, golpeada por la peste, y una modificación a la ley de pesca. Son dos temas en los que no es difícil acordar, pero que funcionan como una prueba del deteriorado estado de las relaciones entre oficialismo y oposición.


Ignacio Zuleta

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