Domingo, 27 Septiembre 2020 08:28

Jueces en tránsito, una decisión de doble filo - Por Ignacio Zuleta

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La Corte confirmará los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. De ser así, el oficialismo tendrá piedra libre para un festival de designaciones.

La presunción de que la Corte confirmará, cuando crea oportuno, el traslado de los jueces cuestionados por el peronismo alumbró un primer atisbo de acuerdo. Ocurrió en el Consejo de la Magistratura el jueves, cuando la Comisión de Selección postergó el tratamiento de los concursos para cubrir los juzgados dejados por los magistrados transeúntes Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Como adelantó la columna “Avant Première” el lunes pasado en este diario, el criterio de una mayoría de los 5 jueces ratificará la autorización que dio para esos traslados. Ante ese vaticinio, de cumplimiento pendiente y provisorio, el Consejo consideró mejor apartarse de una explosión controlada. Si esos traslados se confirman, los jueces en tránsito deberán regresar a los cargos a los que habían sido autorizados, y es mejor no crear una presión más sobre los hechos consumados. Es lo que acordaron Gerónimo Ustarroz -hermano de Wado de Pedro - y el gerente de la oposición en el Consejo, Pablo Tonelli, minutos antes de que se reuniese esa comisión que preside Graciela Camaño. El vocero de ese miniacuerdo fue el titular del Consejo, Alberto Lugones, que justificó la postergación con fineza técnica: “Por los hechos que son de público conocimiento”.

Al final, festejarán todos 

Esta trama de “hechos de público conocimiento” se nutre de presunciones; supone que la Corte rechazará el per saltum que pidieron los magistrados, porque consideran que no hay gravedad institucional. Razones en que pueden fundar el rechazo de ese recurso en este caso: 1) El rechazo de los pliegos que anula los traslados afecta a tres jueces, y no a un número importante; 2) No se les afecta ni en la estabilidad ni en el sueldo, sólo se les aparta de su escritorio. Si la Corte avala estos traslados se desatará una segunda pelea de impugnaciones entre el oficialismo y el tribunal. Será un cambio importante, que los pone a todos a caminar por la cornisa y que puede abrir caminos novedosos en el debate. El más notable es que si estos traslados, sin acuerdo del Senado dentro del mismo fuero, se confirman como legales, el peronismo puede usar el procedimiento que hoy rechaza, para hacer todas las designaciones que pueda en una gran cantidad de juzgados vacantes.

Algunos de los magistrados de fuerte aroma oficialista podrían aparecer de inmediato en puestos sometidos a concurso. Uno de ellos es el juzgado Federal de La Plata, con competencia electoral. Uno de los mejor calificados es Alejo Ramos Padilla, hoy en Dolores, y que es quien ha cuestionado la conducta del fiscal más crítico del cristinismo, Carlos Stornelli. La oposición festejará la decisión de la Corte, porque confirma lo que hizo cuando gobernaba. Pero el oficialismo tendrá piedra libre para un festival de designaciones, la verdadera reforma judicial para la que no tiene los votos en Diputados. El costo para el peronismo será tener que desdecirse de todo lo que ha dicho de los traslados, pero la volatilidad argumental es uno de los activos más valorados en esa fuerza. Cambiar de posicionamiento ha sido una verdadera escalera al éxito de Alberto y de Massa, estilistas de la incoherencia. Ese juego de win-win de oficialismo y oposición explica el discreto acuerdo para postergar el pedido del Ejecutivo de reacomodar los concursos. Es una situación de doble filo, de las que hacen de la política algo atractivo. Otro hecho novedoso justifica dar vuelta el final de esta pelea para desatar un festival de traslados: una reforma del reglamento para la propuesta de nuevos jueces por parte del Consejo endureció las condiciones. Hoy hace falta – a propuesta de la diputada Camaño - una mayoría especial, cuando antes bastaba con mayoría simple. Si la Corte autoriza el “método Garavano”, por llamarlo con el nombre del responsable de este entuerto, le será más fácil al oficialismo avanzar sobre los juzgados vacantes. El Consejo también sorteó los nombres de los dos consejeros que tendrán a su cargo la primera vista de los antecedentes de los concursantes. Serán Lugones – identificado con el cristinismo - y Tonelli. La situación vaticina nuevos roces. 

Cambios a ley informática 

La puja sorda que mejor representa estas disidencias en la cúpula es el trajinado proyecto de Economía del Conocimiento. El Senado devolverá en la próxima sesión lo que votó Diputados, que fue una reescritura concertada por el oficialismo y la oposición de la iniciativa original de Matías Kulfas. Esta traducía la voluntad de Olivos de modificar la ley anterior, sancionada en paz durante el gobierno de Cambiemos y que, a su vez, reperfilaba la ley sancionada bajo el gobierno peronista anterior a 2015. Todos estos acuerdos quedaron sepultados en el Senado, sin que nadie se atribuya las razones de haberle afeitado las ventajas que podían darse al sector de la informática y sus arrabales. Como no hay quien se atribuya paternidad, recae en la maternidad de Cristina, a quien la oposición señala por la intención de enfrentarse con el unicornio Mercado Libre. ¿Razones? Nadie las enumera, salvo que esté molesta porque el primer empresario a quien recibió Alberto cuando ganó las elecciones fue Marcos Galperin. O porque este empresario saludó al nuevo gobierno, dejando la presidencia de la firma al poco tiempo. Un camino más que caro para ponerlo en el rincón, con un bonete de castigo, al Presidente.

Medios y petroleros, en la mira

Por lo que fuera, el proyecto va de vuelta a Diputados para cambiar lo que habían pedido Alberto y Kulfas en acuerdo con la oposición. Una muestra de que estas peleas no se libran por el fondo sino por la forma. Te cambio la ley para mostrar que mando yo. Se trata de vencer, no de convencer. ¿A quién vence? No a Mercado Libre, que se cansa de ganar plata y se maneja desde el Uruguay. La clientela de esa pelea es el propio peronismo, las tribus enfrentadas con el cristinismo -Alberto, Massa- acusados de blandos y negociadores. El cambio del proyecto lo explican en el Instituto Patria entre líneas. El dictamen del Senado, por ejemplo, elimina de la lista de beneficiarios a la “Producción y postproducción audiovisual, incluidas las de formato digital”. El mismo acoso sobre los medios que implicó la declaración de esos servicios como esenciales y, por supuesto, controlables por el Estado. Para los petroleros también hay un desaire, porque los eliminan como beneficiarios, como prestadores de “Servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones” (art. 2°). Equivale al mismo varapalo que intentó Cristina en el Senado, cuando hizo rechazar las críticas de Ginés González García a la ley de protección de las víctimas de la fibrosis quística. Alberto igual vetó, como lo pedía Ginés, y les ahorró unos US$300 millones a los prestadores de salud. Cristina mostró poder, Alberto también. Empataron, suma cero, todo para exhibirles agallas a los propios peronistas.

Massa no es Mayans

Massa también se resiste a esos gestos de menoscabo en Diputados. El viernes mandó de vuelta a comisión el proyecto que prohíbe ayudas a empresas con sedes en guaridas fiscales. Fue para evitar que el proyecto, que venía como un tiro, consensuado con la oposición, chocase con el intento de modificarlo antes de aprobarlo. Fue un pedido de Fernanda Vallejos que traficó Carlos Heller, y confesó haberlo transmitido mal. Modificaba el art. 2° para extender la prohibición a empresas locales “vinculadas” con las sancionadas. Un cambio de fondo de la norma que nadie conocía ni se sometió a debate. Esto le costaba al oficialismo quedar de nuevo, por obra y gracia de una intervención del cristinismo extremo, con 131 votos para un proyecto manso y acordado, que estaba para salir por unanimidad. Luis Pastori y Mario Negri, radicales, anunciaron su abstención. Eso sumó otras, como las de Graciela Camaño -mentora en otros tiempos de Massa- y Jorge Sarghini, que lo atizó a Massa con una vehemencia inusual, más cuando el conocido “Oveja” entró a la cámara por el massismo. Sergio entendió que le estaban haciendo “la gran Sagasti” o “la gran Mayans”, y derivó el proyecto de nuevo a comisión. No va a quedar así. Cristina justifica el método pretoriano con la queja de que ella no es Massa, que el Senado no es Diputados, y que en esa cámara no se negocia. ¿Cómo iba a tolerar que una joyita anti-empresas como ésta saliera en acuerdo con la oposición? Esos proyectos los urde el peronismo para que los empresarios se sienten a pedir la toalla. Debe ser un privilegio del oficialismo. No fuera que mañana los empresarios vayan a negociar con la oposición.

La oposición, detrás de Larreta

Larreta tiene que responder a este ataque con lo que tiene. Ha logrado en una serie de reuniones, a lo largo de la semana, el apoyo de los legisladores y gobernadores de su partido en la pelea contra el recorte de sus rentas. No es fácil, porque el Congreso representa a todas las provincias y además le reclaman plata al distrito rico. Un filo agudo que compromete a senadores y diputados. El lunes, además del apoyo de su coalición, Larreta animó un zoom con todo el bloque opositor del Senado. Se conjuraron para rechazar e invalidar el proyecto de ley que irá al recinto la semana que viene. No es poco porque asumió un rol que hasta ahora había eludido: mostrarse como líder nacional de su fuerza.

Ignacio Zuleta

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