Martes, 22 Diciembre 2020 08:40

La herencia kirchnerista: la inseguridad no es una prioridad - Por Walter Schmidt

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Hace tres meses se anunció un plan, pero recién ahora llegan algunos fondos a los municipios. La pelea de Berni con los intendentes. Y varios puntos que no se cumplieron.

La contradicción ideológica en la que incurre el kirchnerismo respecto a la lucha contra la inseguridad debería ser motivo de estudio en una cátedra de política criminal. Por un lado, ejerce una defensa tenaz de los derechos de los delincuentes al punto que pone en jaque el accionar de las fuerzas de seguridad. Ante cualquier episodio un policía piensa dos veces antes de disparar, aunque sea en defensa propia porque podría ser enjuiciado.

Si esa lógica K fuera acompañada por lo que indica hoy la criminología, que el delito es un problema social y comunitario que no se resuelve sólo con la policía, la justicia y la cárcel; que la marginalidad es un terreno fértil para delinquir; y que los países que vienen trabajando en serio en los últimos 30 años tienen una visión amplia de la seguridad y ponen la columna vertebral en la prevención, tal vez tendría cierta coherencia.

Pero el kirchnerismo rechaza cualquier acto represivo y al mismo tiempo no hace nada en el aspecto preventivo, por ejemplo, la resocialización de los presos mediante la reformulación de los institutos de menores y el fin del hacinamiento carcelario que disminuirían la reincidencia y evitarían que cada tanto el debate se resuma a la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

Solo basta observar lo ocurrido en la década ganada, un camino que vuelve a retomarse hoy con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner Las condiciones sociales no mejoraron sustancialmente porque de lo contrario no se hubieran multiplicado las villas y los barrios vulnerables en el Conurbano bonaerense ni habría siete millones de personas sin agua potable; tampoco disminuyó considerablemente la deserción escolar; y en un país que crecía a tasas chinas, no se construyó ninguna unidad penitenciaria para erradicar la superpoblación carcelaria que Cristina Kirchner descubrió recién cuando salió en defensa de la liberación de presos en abril de este año. De seguro, durante 12 años nadie la alertó sobre el problema.

Por eso era lógico esperar a que el Plan de Seguridad para el conurbano bonaerense anunciado el 4 de setiembre fuera más de lo mismo, pese a que se lo intentó disfrazar de un programa integral, de una política de Estado, pero sin la participación de opositores, especialistas u otros sectores. “Vamos a ser implacables”, lanzaba el presidente Alberto Fernández en un intento de dureza, junto al gobernador Axel Kicillof y a su locuaz ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Se hablaba de $38 mil millones, 10 mil policías nuevos, 2.200 nuevos patrulleros, 4.000 paradas de colectivos seguras, 12 Unidades Carcelarias nuevas y 3.957 nuevos efectivos de las Fuerzas Federales desplegados en el conurbano, entre otras cosas. “Por primera vez se va a tener una política de Estado en conjunto sobre seguridad”, disparaba Berni con su habitual verborragia mediática.

Tres meses después del paquete de medidas paliativas contra la inseguridad, muy lejos de un plan integral, la mayoría de los anuncios son un bosquejo de algo cuyo cumplimiento es incierto y sólo algunos ítems empezaron a ejecutarse, pero no como fueron planteados originalmente.

La Casa Rosada estableció que unos $ 10 mil millones iban a ser administrados directamente por los municipios. Pero recién a principios de diciembre comenzaron a llegar los primeros fondos, y digitados por la provincia. Duró tres meses la pelea entre Berni y los intendentes peronistas por el manejo del dinero.

“Yo agarré una lanza, se la clavé a Alberto Fernández en el pecho, le saqué 11 mil millones de pesos y ahora vienen éstos y me lo quieren sacar”, suele explicar Berni en privado, con su habitual grandilocuencia. Esa reflexión, entre otras, lo llevó a estar enfrentado con jefes comunales del PJ como el de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Los alcaldes del conurbano se quejan porque Berni les impuso que el 80% que recibían debían destinarlo a móviles nuevos y su mantenimiento, pero no los iban a manejar los municipios, sino que serían cedidos al Comando de Patrullas de la provincia. Y el restante 20% sí, sería para el uso que determinaran los intendentes, cómo cámaras de seguridad.

“Fue todo una puja interna. Nosotros conseguimos instalarle a Alberto y Cafiero que era mejor que la plata la ejecutemos nosotros, porque incluso los tiempos administrativos de la provincia son más lentos, pero Berni se calentó”, explicó un peronista.

Recién por estos días varios municipios comenzaron a presentar como la panacea contra la inseguridad la suma de más patrulleros. Que en muchos casos llega a una relación de un móvil cada 4.500 o 5.000 habitantes.

Para los alcaldes, es un riesgo volver a fortalecer a una policía bonaerense cuando la fuerza estaba descentralizada en los municipios. “Cuánto más fuerza gana la bonaerense peor, porque es imposible que la conduzca el ministerio desde La Plata”, razona un intendente.

¿Y el gobernador Axel Kicillof? No se mete ni interactúa demasiado con los intendentes. Y este asunto como otros los deja en manos de Berni.

El fin de semana pasado en Lanús Este un joven de 20 años, lleno de vida, fue acuchillado en una parada de colectivo -no segura- ante la mirada impotente de su novia. Se trataba de una venganza porque la víctima, cuatro años antes y con tan solo 16 años, había disparado cuando varios jóvenes quisieron ingresar a robar a su casa, donde cuidaba de sus hermanitos. Sin saberlo en aquel momento terminó hiriendo a uno de ellos que finalmente murió en el hospital. Quién lo acuchilló días atrás a modo de venganza era el hermano del asaltante muerto, que recién había salido de un instituto de menores.

Mientras las paradas siguen siendo escenario de robos y crímenes, varios intendentes oficialistas y opositores consultados dijeron no saber nada de esas “paradas seguras” anunciadas en el mega plan. No era algo estipulado en el convenio firmado con la provincia. Sería una iniciativa del gobierno de Kicillof, pero sin novedades en lo inmediato.

Otro de las grandes promesas fue la construcción del alcaldías que podrían vaciar las comisarías repletas de detenidos, que ocupan a personal policial que podría estar destinado a otras funciones. Recién esta semana el ministro de Justicia, Julio Alak, anunciaría por segunda vez la construcción. El anuncio del anuncio. Si se cumple de aquí a uno o dos años, ¿qué pasará mientras tanto?

El especialista en política criminal Claudio Stampalija asegura que la evidencia científica demuestra que los factores que generan y alimentan el delito son la exclusión social; el desempleo; la deserción escolar; la cultura de la violencia general, intrafamiliar y de género; la facilidad para conseguir armas de fuego; el consumo del alcohol y de droga; la falta de rehabilitación de los condenados que muestra las altas tasas de reincidencia; y, por último, la falta de visión de futuro en los más jóvenes.

Todos conceptos que en apariencia coinciden con la prédica progresista pero que en doce años de kirchnerismo y en el primer año de gestión de Alberto Fernández siguen siendo una deuda con la población. Lo que en algún modo comprueba que el kirchnerismo no es progresista sino una mala versión del peronismo que combina el discurso setentista con las prácticas espurias del aparato justicialista.

Walter Schmidt

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