Martes, 07 Diciembre 2021 09:27

Una derrota más grande que la del 14-N - Por Ignacio Zuleta

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Por qué la capitulación del Gobierno por la integración del Consejo de la Magistratura es un revés cultural del cristinismo. 

Es difícil imaginar en política una derrota más grande que la de las urnas. La capitulación del Gobierno en el debate sobre la integración del Consejo de la Magistratura es más grave que la del 14 de noviembre. 

Es una derrota cultural del cristinismo, que combatió a los estamentos no políticos del Consejo, al punto de proponer en la llamada ley de Democratización de la Justicia que los representantes de los jueces fueran elegidos por el voto popular. “Nadie los elige”, bramaba desde aquellos atriles.

El proyecto que enviará el Gobierno aumenta la representación de jueces, abogados y académicos. Desanda casi 20 años de hostilidades hacia la justicia que se iniciaron en el alba del duhaldo-kirchnerismo con el juicio a la Corte que el peronismo había construido en los años Menem.

En 2003, el ministro de Justicia era Gustavo Beliz y la agenda judicial prometía una revisión de los tribunales federales. Hoy Beliz es secretario Estratégico de otro gobierno y el rédito de esos esfuerzos es más que pobre.

Esa capitulación tiene además la música de la improvisación. Martín Soria arrastra hacia la Corte, este martes, su lento caracol de sueños. Se entrevista con los jueces de la Corte Suprema para explicarles el proyecto que envía el Gobierno al Senado.

Es un intento de frenar una sentencia que reponga el sistema de 20 integrantes y la presidencia de Consejo para el presidente de la Corte. El proyecto del Gobierno resigna representación política, pero deja indemne la cláusula de 2006 de que los consejeros deben elegir a su presidente.

Soria había pedido la entrevista con la Corte apenas se conoció el resultado electoral del 14 de noviembre. El tribunal se dispuso a resolver la causa de inconstitucionalidad, retenida según el criterio de eludir asuntos de afectación política en años electorales. Había esperado desde 2016 que los sucesivos gobiernos elaborasen proyectos de reforma para equilibrar cuestionada representación de los estamentos que la Corte.

La novedad poselectoral es que el Gobierno ha perdido poder, que la Corte ya tiene la unanimidad de los cuatro votos, para declarar la inconstitucionalidad y que Horacio Rosatti, el juez considerado más hostil hacia el Gobierno por el oficialismo ejerce la presidencia del tribunal. Momento de levantar bandera blanca.

La agenda judicial es el proyecto más importante para el Gobierno. El peronismo ha controlado las designaciones en la justicia nacional y federal desde 1983 por su dominio histórico del Senado y, desde 1999, del Consejo de la Magistratura.

Que ese dominio no se haya traducido en una convivencia armónica es también una muestra de fracaso político. Parece una broma que un peronismo que armó la justicia viva peleado con ella.

La convención reformadora de la Constitución de 1994 fue un lujo de la política argentina por la calidad y la variedad de los convencionales. No eran magos y eso les impidió llegar a acuerdos que resisten el paso del tiempo. En la ambigüedad del texto final está el origen de estos entuertos.

El artículo 144 describe la integración del Consejo en términos resbaladizos: “Será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.

Ese “procurar” es una invitación al debate perpetuo.

De la misma manera es ambigua la cláusula transitoria 4 de la Constitución reformada que regula de manera voluntarista el sistema de los tres senadores: "El conjunto de los senadores por cada distrito se integrará, en lo posible, de modo que correspondan dos bancas al partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en la legislatura, y la restante al partido político o alianza electoral que le siga en número de miembros de ella".

La interpretación viscosa del “en lo posible” permitió que haya provincias que llegaron a tener tres senadores por el mismo partido. De aquellos polvos estos lodos.

Pudieron remediarlo, pero esa ambigüedad era un recurso para liberar la voluntad de poder, ingrediente esencial de la política.

Héctor Masnatta, que fue convencional en Santa Fe en 1994, intervino en el debate legislativo de 2006, cuando el peronismo impuso el actual formato con más poder a la política que a los demás estamentos. “No hay un número mágico para expresar matemáticamente el famoso equilibrio, que se mantiene en la reforma”, afirmó.

Este maestro del derecho, que fue juez de la Corte de Perón, agregaba: "La reforma promueve el consenso”. Parece una ironía cuando se lo escucha en el clima de discordia de la Argentina de hoy.

El Gobierno improvisa un proyecto para desbaratar una sentencia que demolerá el último bastión del ciclo kirchnerista en la justicia. Conmueven las prisas que le ponen a un final de un impulso que nació hace 20 años y que sólo le ha producido derrotas a todos los gobiernos.

Ignacio Zuleta

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