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Lunes, 07 Marzo 2022 08:34

Una oposición desbordada y Alberto decidido a un gobierno de transición - Por Walter Schmidt

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El Presidente dejó en claro ante el Congreso que no hará reformas y pateará los problemas estructurales. En Juntos por el Cambio, preocupados por el 2023. 

Para no desentonar del estado de improvisación, desidia e incapacidad que han tenido los últimos gobiernos, gracias a quienes no habría sido posible que la Argentina estuviera cada vez peor, Alberto Fernández dejó en claro que el suyo es un gobierno de transición. Es decir, que en los dos años que le quedan no llevará adelante ninguna reforma estructural, sin la cual es imposible revertir el cuadro de situación de un país con el 40% de pobres y de trabajadores en negro, un nivel impositivo que impide la generación de empleo en el sector privado, y una inflación del 50% que deglute con voracidad el poder adquisitivo. 

El tercer discurso de apertura de las sesiones ordinarias ante el Congreso de Fernández tenía la relevancia de ser el primero de la última mitad de su mandato. Era la oportunidad de fijar el sendero de la verdadera reconstrucción de un país sin expectativa ni confianza. Hizo todo al revés.

Se vanaglorió de que no habrá ni reforma laboral, ni impositiva, ni previsional. Mientras, hay convenios colectivos que tienen más de medio siglo y que impiden tomar mano de obra; un nivel impositivo que recae sobre la actividad en blanco, que cada vez es menor al mercado negro; junto con un sistema jubilatorio que no es sostenible porque, además, cada vez hay más empleo informal.

El piloto automático planteado por Alberto Fernández quedó expuesto en un episodio que pasó desapercibido. En la semana renunció a su cargo el economista Javier Papa, asesor del ministro Martín Guzmán. Lo llamativo fueron los argumentos que esgrimió: “Impulsan mi presente desvinculación las continuas medidas de corto plazo que no se condicen con un rumbo económico desarrollista de mediano y largo plazo, que nuestro país tanto necesita". La presunción se materializa. No hubo un plan al asumir en 2019, tampoco después y no lo habrá ahora.

Hasta el secretario general de los estatales (UPCN), Andrés Rodríguez, que suele hablar poco, dijo a una radio que “el gran problema que tenemos es la falta de liderazgo político, tanto en la oposición como en el oficialismo”. Sin mencionar a Cristina Kirchner o a su hijo Máximo, pero apuntando a ellos, Rodríguez cree que no puede haber tantas disidencias en un Gobierno y “tan contrapuestas”. Pero, además, no sólo no se dirimen como corresponde, sino que generan “inestabilidad” en el Gobierno.

Cuando Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque, un funcionario albertista llamó a un dirigente opositor: “¿Qué pensas?”. El hombre de Juntos por el Cambio le indicó que era la oportunidad de Alberto de tomar la conducción real. “Bueno, pero es lo que no va a hacer”, le dijo desahuciado el funcionario.

Ante el argumento oficialista de que el Frente de Todos es plural y se enriquecen con las diferencias y los matices, debe subrayarse que estar a favor de un acuerdo con el FMI o rechazarlo dejando a la Casa Rosada sin los votos que necesita para no caer en default, no es una diferencia: básicamente, son dos gobiernos distintos los que encarnan Alberto y Cristina.

En política, denunciar la herencia recibida suele ser un deporte que practican todos los que asumen un nuevo gobierno. Lo desolador en el caso argentino, es que la mitad de las veces es probable que la denuncia tenga razón.

En el 2015, previo a las elecciones presidenciales que marcaban el fin del mandato de Cristina Kirchner, la crisis económica que dejaba el kirchnerismo era descripta con la metáfora de una bomba de tiempo –falta de reservas, deuda de US$ 240 mil millones, retraso de tarifas, aumento de subsidios energéticos y planes sociales, inflación del 30%- que le estallaría al próximo presidente. Ya sea el candidato peronista Daniel Scioli o bien al contrincante Mauricio Macri. Lo padeció este último.

En 2019, el Frente de Todos al llegar al poder con Alberto Fernández, denunció que la deuda de US$ 45 mil millones contraídas por Macri se asemejaba a una bomba de tiempo por los compromisos que había que afrontar y porque implicaba volver a negociar con el Fondo Monetario y permitir que una misión auditara la economía periódicamente.

En 2022 los economistas de Juntos por el Cambio aseguran que, con la firma del acuerdo con el FMI, que evita el default pero cuyo contenido no enfrenta los serios problemas estructurales de la Argentina, se iniciará el tiempo de descuento de una bomba que le estallará al próximo gobierno.

Juntos por el Cambio ha quedado atrapado en un callejón sin salida. No puede no votar el acuerdo porque significaría estar a favor del default; tampoco puede votar con las dos manos porque estaría avalando un ajuste, que ni siquiera el cristinismo lo acompaña, y un programa que no lleva adelante ninguna reforma estructural a nivel laboral o impositivo. Ergo, si a JxC le toca ser gobierno en 2023, deberá empezar de cero.

Llegaron a la reunión por zoom de la Mesa Nacional con posturas a favor, en contra y por la abstención. Pero concluyeron en que es necesario encontrar una posición común que represente a Juntos por el Cambio, de cara a la sociedad.

Sin embargo, en el debate online quienes plantean posiciones extremas buscaron acercarse. De hecho, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich buscaron un término medio. Macri habló poco y al principio, y después de rechazar el default dijo que no cree que el Gobierno cumpla con el FMI. Tanto la Coalición Cívica de Maximiliano Ferraro como la UCR de Gerardo Morales mantuvieron la sintonía de acompañar el proyecto del oficialismo. “Aprobar, pero no a cualquier precio”, dijeron. En tanto dejaron el claro que “no dar quórum no es una opción” que analicen.

Uno de los presentes señaló que recién después que haya dictamen en la comisión de Presupuesto se intentará consensuar cómo votaran.

“Es un mal acuerdo porque no modifica nada del modelo económico kirchnerista; ni el cepo, ni el aumento de impuestos, ni las restricciones a exportaciones e importaciones. Y habilita la política inflacionaria porque el FMI no pide ninguna política en sentido contrario”, es la posición de economistas como Luciano Laspina, Hernán Lacunza y Eduardo Levy Yeyati.

El cálculo que hacen es que a los US$ 65 mil millones de deuda en pesos tomada por el Gobierno hay que sumar 25 mil millones más, con lo cual en 2024 el próximo gobierno tendría vencimientos por US$ 30 mil millones.

Hacia adelante, sabiendas que la esperable aprobación del acuerdo le hará pagar a Juntos por el Cambio un costo político ante la sociedad, María Eugenia Vidal propone crear una mesa de economistas de JxC en la que estén Laspina, Lacunza, Martín Lousteau, Ricardo López Murphy y Martín Tetaz, entre otros. De esa manera, podrán fijar posiciones comunes porque serán esos economistas los que confronten para consensuar una posición; y relevarán a los políticos de peso -Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Facundo Manes, Diego Santilli, Elisa Carrió, Mario Negri, Alfredo Cornejo, etc.- de tener que tomar una posición sobre distintos temas y pelearse entre sí.

El problema para Juntos por el Cambio reside en que su interna ha sido puesta en el mismo plano que la interna feroz entre Alberto y Cristina. La ruptura de Máximo Kirchner, negándose a votar el acuerdo con el FMI podría jugarle en contra a las aspiraciones electoral del hijo de la vicepresidente. La pelea interna en la oposición podría desembocar en ganadores y perdedores, y en un desgaste hacia el 2023. Sólo la obtención de un consenso podría relevarlos de esa mochila.

Walter Schmidt

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