Miércoles, 18 Mayo 2022 06:05

Los millones del Presidente que no circulan en bolsos - Por Eduardo van der Kooy

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A cambio de un resarcimiento económico, Alberto Fernández está a un paso de ser sobreseído por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos en plena cuarentena. El interrogante sería hasta dónde continúa calando la rabia y la decepción en la sociedad. 

La indignación que fue disuelta por el paso del tiempo pudo haberse repuesto las últimas horas en Máximo Kirchner, el diputado e hijo de Cristina Fernández. Viene acumulando argumentos contra Alberto Fernández, el Presidente, desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fracturó al Frente de Todos. 

La decisión del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, de aprobar la oferta de reparación del mandatario y su esposa, Fabiola Yáñez, por aquella fiesta de cumpleaños clandestina en Olivos, en medio de las restricciones severas por la pandemia, debe haber devuelto como una marea los malos recuerdos a Máximo. ¿Por qué motivo? Ese 14 de julio del 2020, mientras circulaba la bebida y la comida en la residencia de Olivos, Máximo celebraba por Zoom, desde Buenos Aires, el cumpleaños de su hijo Néstor Iván, que reside en Rio Gallegos. Junto a su madre, la odontóloga Rocío García. Primera esposa del diputado.

Domínguez dio su aprobación para que el Presidente aporte como resarcimiento $ 1,6 millones. A la primera dama le corresponderían $1,4 millones. Es decir, con $3 millones (alrededor de US$ 15.000) la pareja presidencial podría considerar saldado el conflicto en dos planos. El judicial, por la causa en curso. Resta la convalidación del juez Lino Mirabelli. El del vínculo ético y moral con la sociedad que, en la misma instancia y por los decretos presidenciales, tenía limitada fuertemente su vida.

Los pagos, según determinó el fiscal, deberían ser aplicados a instituciones hospitalarias destinadas a la lucha contra el coronavirus. Cumplido dicho trámite, Alberto y Fabiola obtendrían los sobreseimientos.

Quizás de esa manera el Presidente consiga clausurar la causa penal que tenía abierta en ejercicio del poder. Casi una formalidad política a esta altura. El interrogante sería conocer hasta qué profundidad continúa calando la rabia y la decepción en la sociedad. Algo de todo eso pudo haberse expresado en las legislativas del año pasado. Prólogo de la gran crisis que vive ahora la coalición oficial.

Existe en el mecanismo elegido por la pareja presidencial para zafar del problema judicial una cantidad de imperfecciones. Capaces de inducir un sinfín de interrogantes. ¿Sólo el dinero puede enmendar los errores públicos? ¿No hay, acaso, otros caminos para la reparación? Reflejo de algún compromiso. ¿No se le ocurrió a Alberto y Fabiola, por ejemplo, sortear la dificultad con algún gesto solidario personal? Que no se agote metiendo solo la mano en el bolsillo. ¿Por qué no alguna tarea comunitaria que no obstruya sus actividades?

También asoma inevitable otra comparación que aturde. Casi en paralelo a la decisión del fiscal Domínguez, el Presidente resolvió continuar su demanda contra la titular del PRO, Patricia Bullrich. Refiere a una acusación que hizo en su momento la dirigente opositora sobre una presunta maniobra –un retorno- para la adquisición de la vacuna estadounidense Pfizer contra el Covid.

Hubo una audiencia de conciliación, pero la titular del PRO se negó a retractarse. El abogado defensor de Alberto, Gregorio Dalbón, que también lo ha sido de la vicepresidenta, explicó que como consecuencia se mantendrá la demanda por $100 millones (unos U$S500 mil) hacia Bullrich. Por haber cometido “un daño contra el honor” presidencial.

Llama la atención, a simple vista, la disparidad de criterio que tendría el Presidente a la hora de valorar los daños. El haber violado una norma pública –dictada por él mismo-- con una fiesta clandestina puede arreglarse con US$15 mil. Su honor, por una acusación no probada, valdría no menos de medio millón de dólares. En ambos casos se advierte un denominador común: el dinero como vehículo para solucionar diferencias. Un tic que el kirchnerismo ejercitó y divulgó desde que llegó al poder. La idea de que absolutamente todo puede ser comprado. Vale una salvedad: los millones que rondan ahora las causas de Alberto nunca han estado circulando dentro de algún bolso.

El frente judicial

Lo que no podrá negar el Presidente es que su reincorporación al kirchnerismo –o a sus esferas- lo sumergió en el mundo de la Justicia sobre la que acostumbraba a hablar sólo en sus clases de la Facultad de Derecho. Es cierto que esa relación, antes que, por intereses propios, estuvo espoleada por las necesidades de la vicepresidenta y sus causas de corrupción. Gestiones en la Corte Suprema y en Comodoro Py que, a los ojos del Instituto Patria, no han dado los resultados esperados.

En las últimas horas Cristina tuvo una pequeña satisfacción. La Corte Suprema, por unanimidad, avaló los nombramientos en el Consejo de la Magistratura de la diputada radical, Roxana Reyes, y del senador kirchnerista, Martín Doñate. Este último llegó como derivación de un ardid controvertido de la vicepresidenta, que partió el bloque oficial en el Senado para quedarse también con la banca de la “segunda minoría”.

Aquella satisfacción de Cristina tendría, sin embargo, ciertos reparos. Con la decisión de la Corte el kirchnerismo igualará en 10 los consejeros con la oposición en la Magistratura. Pero el encargado de cualquier desempate será Horacio Rosatti, el titular de la Corte Suprema. Se comprende el motivo por el cual el kirchnerismo aprobó en el Senado el proyecto del nuevo Consejo sin la presencia del Máximo Tribunal. Difícilmente la media sanción reciba la venia final en Diputados.

Se entiende en ese contexto la desproporcionada reacción del ministro de Justicia, Martín Soria, por la presencia de cortesanos y jueces en Rosario en respaldo a la lucha contra el narcotráfico. La idea surgió de Rosatti, ex intendente de Santa Fe. “¿Dónde estaban antes estos jueces?, disparó. “Son los padrinos de la persecución política”, dijo. La ofensiva fue tal que motivó la reacción del calmo Ricardo Lorenzetti. El abogado de Rafaela sostuvo, sin rodeos, que no existe la gestión en el Ministerio de Justicia.

Otro aspecto que debe tener Cristina en cuenta sobre la última decisión de la Corte fue la aclaración acerca que los juramentos de Reyes y Doñate –se harán este jueves- no invalidan los recursos judiciales en curso. Presentados por Germán Martínez, el jefe del bloque oficial, y Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio. Marginado como consejero por la jugada que dividió la bancada oficialista en el Senado. No estaría dicha, entonces, la última palabra.

Eduardo van der Kooy

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