Francisco de Narváez quería ser gobernador bonaerense en las elecciones de 2011. Debía enfrentar a Daniel Scioli que iba por su reelección, y estaba convencido que tenía altas chances de quedarse con la Provincia, pero también que se toparía con una campaña sucia kirchnerista. Para ello, contrató al consultor político Juan José Rendón, conocido como “JJ”, un gurú venezolano, admirado y odiado a la vez. 

En su haber, Rendón había logrado la victoria presidencial de Juan Manuel Santos en Colombia, pero se había ganado el apodo del “rey de la campaña sucia”, porque parte de su estrategia se basaba en desparramar rumores turbios para denostar a los rivales electorales de sus clientes.

Finalmente, no hubo campaña sucia y, tras el fallecimiento de Néstor Kirchner un año antes de los comicios, Cristina Kirchner y Scioli obtuvieron en 2011 sendas reelecciones en Nación y Provincia, por una holgada cantidad de votos.

Apenas nueve días transcurrieron desde el inicio del presente año. En tan breve lapso, pareció quedar en evidencia cuál será la estrategia electoral del kirchnerismo para este año. Desplegaron el juicio político a la Corte iniciado por Alberto Fernández; primero se negaron a acatar el fallo del tribunal que favorece a la Ciudad en su reclamo por la quita de fondos de la coparticipación y luego decidieron pagarlo con bonos de dudoso valor, incumpliéndolo; denunciaron a opositores y miembros del Poder Judicial con material del hackeo del celular de un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta; devenido en un "soldado de Cristina", el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, denunció en su provincia al vocero de Horacio Rosatti; el titular de la AFI, Agustín Rossi, demandó a periodistas de Clarín y La Nación por investigar el espionaje ilegal; el ministro de Justicia, Martín Soria, advirtió que el Ejecutivo podría modificar el Consejo de la Magistratura por decreto; Leopoldo Moreau amenazó con citar a jueces, peritar celulares y hacer allanamientos a través de la comisión de juicio político que pretende montar un escarnio público contra los cuatro miembros de la Corte Suprema. Todo eso en sólo 9 días.

Ante este turbio panorama, ¿cuál será la reacción que tendrán el FMI, los inversores, el mercado financiero y los empresarios? ​

En la agenda de los primeros días del 2023 no figuró ninguna prioridad de la sociedad como la suba de precios, la pobreza, el empleo precarizado o en negro, la inseguridad, la proliferación de planes en detrimento de la generación de empleo, la violencia de género y los femicidios, el aumento de las exportaciones. La lista cada vez es más larga.

¿La de este año será una campaña sucia? Es difícil descartarlo. Carlos Vladimiro Corach, ex ministro de Interior -entre otros cargos- del gobierno de Carlos Menem, cuando ocurría un grave hecho, solía tener como muletilla ante los medios que se agolpaban todas las mañanas frente a su domicilio: “Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias”.

Ni siquiera esa frase hecha, la esbozaron los funcionarios del Gobierno respecto al hackeo del celular de D'Alessandro, de manera de llevar un mensaje de tranquilidad a funcionarios judiciales, empresarios, dirigentes políticos opositores, diplomáticos, periodistas de que cuidarán de su privacidad. Es lo que deberían haber planteado el ministro de Justicia, Martín Soria; el de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; o Aníbal Fernández de Seguridad. Todo lo contrario, los chats son utilizados contra los opositores desfilando en medios oficialistas, y hasta advierten que las próximas revelaciones podrían afectar a Elisa Carrió, Diego Santilli y otros tantos dirigentes opositores.

En el horizonte se percibe una campaña preelectoral en la que proliferarán los carpetazos online, chats, hackeo de celulares. Si se extiende más allá de los escándalos de estos días, efectivamente se estará ante una campaña sucia.

Incluso Elisa Carrió puso un manto de dudas hacia dentro de la coalición opositora. Aseguró a Clarín que en Juntos por el Cambio hay políticos a los cuales "les gustan los servicios" de inteligencia, las escuchas ilegales y las operaciones. Pareció vincular esto al hackeo al celular de Marcelo D'Alessandro. Y si bien evitó dar nombres, apuntó a la cúpula de JxC y sólo salvó a Rodríguez Larreta.

Hay dos factores que abonan la necesidad del Frente de Todos de cambiar el eje del debate de la opinión pública y sacar del centro de la escena la suba de los precios, la inflación y la caída del poder adquisitivo, y poner en su lugar a la guerra contra la Corte. El primero de ellos es la consideración de que será muy díficil bajar la inflación a un nivel que la sociedad lo perciba. Será clave el primer trimestre, para constatar si el Gobierno tiene una última carta importante para jugar y, por ende, si Massa se transforma en su salvador.

El segundo factor es la creencia generalizada en el kirchnerismo de que será casi imposible ganar las elecciones. Es como cuando en un partido de fútbol definitorio, uno de los equipos gana 5 a 0, y los rivales, ante la impotencia de revertir el resultado, no encuentran otra opción que violentar el juego.

Algunos sondeos en el Frente de Todos muestran que el escenario fue afectado por el anuncio de Cristina Kirchner de no ser candidata “a nada”, de tal manera que en un principio la intención de voto del espacio bajó 10 puntos y luego recuperó unos 5, cuando la vicepresidenta corrigió sus palabras y volvió a sembrar la duda en el acto de Avellaneda. En esos relevamientos que sólo circulan por algunos despachos privados, por momentos, aparece un dato alarmante: el kirchnerismo podría perder con Javier Milei.

La preocupación sobre el rumbo del Gobierno no es sólo interna, sino que cruza las fronteras. Más allá de intentar mostrar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner como lo mismo que Lula da Silva, o como socios regionales que pondrán de pie a América Latina, lo cierto es que hasta en el gabinete del brasileño ven con estupor lo que está ocurriendo en la Argentina. "Están locos o son ignorantes", aseguró días atrás uno de los ministros de Lula en alusión a la gestión del gobierno nacional. ​

En uno de los programas más vistos de la TV, Gran Hermano, se filtró días atrás un diálogo que a primera vista puede parecer una combinación de inocencia e ignorancia. Una de las participantes, Julieta, se queja porque si es la ganadora de la competencia no se llevará $15 millones sino mucho menos, producto de los impuestos que le retiene la AFIP. “¡Es mi trabajo! ¿Por qué les tengo que pagar a ellos? ¡Qué les pasa, ladrones! ¿Por qué me tienen que hacer eso?”. Otro de los participantes intenta explicarle el rol del Estado. “¿Quién te pensás que hace calles, pone semáforos, luces?”

Pero la sensación de injusticia en el pago de impuestos va más allá, y no se limita al programa Gran Hermano. Gran parte de la sociedad observa que el Estado no le brinda cosas esenciales como seguridad, educación de nivel y un servicio de salud de calidad. Algo que es la obligación del Estado, que cobra por ello a través de tantos impuestos, pero que no cumple, como sí ocurre en países ordenados. Aquí, el Estado es mínimo, y sólo parece ocuparse de calles, semáforos y luces. Además de planes sociales.

Walter Schmidt