Eugenio Paillet

Tras varios intentos, el último durante el pasado fin de semana, el presidente Alberto Fernández debió resignarse a dejar de lado un objetivo por el que había batallado en los últimos días: finalmente no habrá lista única en el peronismo de la provincia de Córdoba, y tanto el schiarettismo como el kirchnerismo-cristinismo irán a las elecciones de noviembre con listas propias. “Alberto empujó hasta donde pudo, pero el Gringo se cerró en el cordobesismo”, dijo con conocimiento de causa un allegado al senador Carlos Caserio, que fue una de las piezas claves del lado del presidente embarcados en la frustrada gestión.

En las últimas horas, una fuente confiable de la Jefatura de Gabinete le dijo a este diario que “Santiago (Cafiero) no será candidato, seguirá al lado de Alberto (Fernández)”.

Hace una semana, el presidente Alberto Fernández reunión a casi todo su gabinete en Olivos y les dejó una advertencia que buscó expresamente que no diese lugar a dobles mensajes o lecturas equivocadas. Les dijo que ministros y secretarios debían salir ahora mismo a “militar” en las radios y la televisión la lucha contra la pandemia. El que no se sienta a la altura, deberá renunciar e irse.

“Cristina se sube a la campaña, Alberto estará más en la gestión, pero todo será dinámico, se irá viendo…”.

Una vez más el presidente Alberto Fernández está en manos del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Aunque no le causa ninguna gracia, esta vez el mandatario debe esperar otro gesto del “Gringo”, cuyos cuatro diputados tienen la llave para permitir que el jueves se sancione la ley que le otorgará facultades para disponer medidas de carácter obligatorio durante la pandemia sin tener que depender de los cuestionados DNU que firma cada 15 días.

La situación es de tal gravedad que podría resumirse en un solo dato: Alberto Fernández había rechazado la semana pasada la posibilidad de volver a cerrar todo el país, salvo servicios esenciales, para frenar la imparable segunda ola de coronavirus. Fue el mismo presidente que apenas 72 horas después aceptó volver a la Fase 1, en una actitud que se veía venir y que terminó de cerrar tras el sombrío panorama que le plantearon los médicos sanitaristas e infectólogos que lo asesoran.

La gira de una semana del presidente Alberto Fernández por Europa deja en una primera mirada resultados que en el oficialismo consideran como “muy positivos”, en función de los objetivos centrales que se fueron a buscar y que son básicamente dos: conseguir mayores plazos para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y forzar la posibilidad de un acuerdo más largo, y por el otro refinanciar hasta al menos finales de año el pago que la Argentina debe hacerle en los primeros días de junio al Club de París.

El dato figuró en aquellos iniciáticos preparativos de la gira del presidente Alberto Fernández por Europa hace al menos tres semanas. Que primero abarcaba cinco países, luego cuatro, la semana pasada solo dos y otra vez vuelta a cuatro citas oficiales con Portugal, cumplida entre el domingo y ayer, España, que transcurre hoy, Francia a partir de mañana, Italia que se desplegará durante el viernes, además de la visita al Estado Vaticano, ese mismo día por la tarde, para emprender por la noche el regreso a Buenos Aires.

Confidentes del poder coincidían en que la tan mentada “foto de la unidad” que los principales socios fundadores del Frente de Todos compartieron a mitad de semana en Ensenada es más bien una pose necesaria para sellar -si no la paz definitiva hacia el interior de la coalición gobernante- al menos una tregua. Que a la vez suponga o muestre hacia afuera un gesto de comunión partidaria y política que al menos supere el recorrido de aquí a las elecciones de medio tiempo de octubre o noviembre.

En medio de tanta malaria, del avance imparable de la segunda ola de coronavirus, de la inflación inmanejable y de los estragos de la economía, a la par de las durísimas internas desatadas en torno a si Martín Guzmán puede o no echar a uno de sus subsecretarios, Federico Basualdo, o el consiguiente desgaste de la autoridad presidencial, Alberto Fernández recibió la semana pasada una mala noticia proveniente de la provincia de Córdoba.

Salvo complicaciones impensadas de último momento en un país en el que el avance de la segunda ola de COVID condiciona todos los movimientos, el presidente Alberto Fernández iniciará a comienzos de la próxima semana una gira por Europa. Según la agenda que todavía se confecciona por estas horas en la Casa Rosada y la Cancillería, pero también por los comentarios recogidos en fuentes gubernamentales, el objetivo central de esta gira presidencial será el de buscar apoyos externos para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París.

Sería un reduccionismo afirmar que el Gobierno ha puesto recién ahora en la mira como su enemigo a vencer a Horacio Rodríguez Larreta. En la Casa Rosada, a fin de cuentas, es al único dirigente de Juntos por el Cambio que visualizan como “presidenciable” para cuando llegue 2023.

“Son ingratos”, se le escuchó quejarse a Alberto Fernández delante de sus colaboradores al comprobar el lunes la escasa adhesión que había tenido entre los mandatarios del interior, aliados o no, su DNU para frenar las clases presenciales y recortar horarios y derechos, más la consiguiente y descontada pelea con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El desafío de presentarse ante las cámaras de televisión sólo para dar malas noticias, y encima en medio de un proceso electoral incierto como el que se avecina, en el que la imparable segunda ola de Covid puede tener una influencia crucial para el oficialismo y la oposición no es un hecho menor.

Desde su reclusión obligada por haber contraído Covid la semana pasada, el presidente Alberto Fernández transmitió a sus colaboradores directos su alta preocupación por el avance de los casos de coronavirus y el incremento en localidades con alto riesgo de contagios en buena parte del país.

En el Gobierno no hay un sector interno en particular que se adjudique la estrategia, más allá de que lo que hubo a la luz fueron mensajeros con nombre y apellido: Cristina, Alberto Fernández, Sergio Massa y "Wado" De Pedro, por citar a los más elocuentes. Efectivamente, todos por igual revindican la decisión de buscar comprometer a la oposición para conseguir un acuerdo por afuera de los reglamentos con el FMI, o el consenso necesario que permita posponer las PASO de agosto y las elecciones parlamentarias de octubre.

Si no logra salir airoso de aquellos dos enormes desafíos, puede perder las elecciones parlamentarias de octubre. En el Gobierno existe una mirada prácticamente unánime respecto del futuro de la pandemia y la economía en relación a la suerte electoral del Frente de Todos. Una mirada que, vale remarcarlo, excede incluso las notorias internas en el partido gobernante y que no admite grises: si no logra salir airoso de aquellos dos enormes desafíos, puede perder las elecciones parlamentarias de octubre próximo.

Mientras desde el kirchnerismo duro salieron a celebrar con bombos y platillos la confirmación de que Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia, en las filas del albertismo puro hay síntomas de que el duelo por la partida de Marcela Losardo, a quien consideraban tal vez la más alta exponente de esa corriente que se referencia únicamente en el presidente, está lejos de haberse superado.

El Gobierno no pudo evitar atravesar otra semana complicada. Las desprolijidades que rodearon la renuncia de Marcela Losardo, el mal dato de la inflación que no cede y compromete cualquier proyecto de reactivación, y el muy bajo nivel de vacunación que registra el país quedaron al tope de las que podrían considerarse malas noticias para el oficialismo.

La designación del reemplazante de la ministro de Justicia, Marcela Losardo, quien según el presidente Alberto Fernández le avisó que quiere dejar el cargo frente a la llegada de tiempos judiciales que demandarán “otra actitud” de parte del gobierno, que ella no estaría en condiciones de afrontar, abrió en las últimas horas una serie de interrogantes y hasta generó algunas dudas que solo las próximas horas podrían develar.

El presidente Alberto Fernández buscará en lo inmediato el apoyo de los gobernadores de todo el país, y no solo de los que pertenecen al oficialismo, para impulsar los proyectos referidos a la amplia reforma judicial que anunció ayer durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa del Congreso al inaugurar un nuevo periodo ordinario de sesiones ordinarias.

Fernández piensa en su reelección en 2023. Casi de improviso, el Presidente y sus principales colaboradores instalaron el tema en sus conversaciones de los últimos días en la que se terminó de plasmar una estrategia que debería servir para el primer paso fundamental, que sería ganar las elecciones de octubre, antes de ir por aquel premio mayor.

 

Alberto Fernández se ha convertido en un provocador. Era de sobra conocido su costado oportunista -o si se prefiere, camaleónico- que lo llevó en el curso de los últimos cuarenta años a servir a distintos jefes -de las más variadas ideologías- sin ponerse colorado de vergüenza.

“Metimos un gol de media cancha”, se entusiasmaba sin medias tintas un colaborador de Sergio Massa. El funcionario, que interactúa con la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Casa Rosada, buscó resaltar antes que nada el rol central del tigrense en la trama que terminó por alumbrar el proyecto para eximir del pago del Impuesto a las Ganancias a casi un millón trescientos mil asalariados, tal vez el arma más letal de las que imaginó hasta ahora el Gobierno para conseguir el objetivo que obsesiona a todos por igual en el Frente de Todos, que es ganar las elecciones parlamentarias de octubre.

En medio de tantos frentes abiertos, demasiados para el paladar de algunos hombres que frecuentan a diario los despachos oficiales, durante la semana que termina en los aposentos presidenciales se identificaron claramente las tres principales “batallas” -que así las denominan- que debe afrontar el Gobierno. Serían, aunque no necesariamente en ese orden de importancia, el tema de la presencialidad de las clases, las idas y vueltas entorno a la necesidad de contar con las dosis adecuadas de vacunas contra el coronavirus, y situación en la provincia de Formosa.

Primer dato de la realidad que reconocen en despachos de la Casa Rosada: al margen de los problemas de gestión, de la pandemia y los desvelos para hacerse de las vacunas, y de las incógnitas y presiones internas que genera el arranque del año judicial, todos “hablan de octubre”.

En general en los principales despachos del Gobierno buscan bajarle el tono al tema. Pero lo cierto es que la decisión del presidente Alberto Fernández de habilitar el tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley para suspender “por única vez” las elecciones primarias y obligatorias (PASO) del mes de agosto, ha levantado polvareda en la Casa Rosada y en el Congreso. También en la oposición.

“Por ahora no hay nada”, dijo días atrás el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando fue consultado sobre el proyecto de ley para la creación de un “tribunal intermedio” que revise antes que la Corte Suprema de Justicia aquellas causas en las que se considere que se cometieron “arbitrariedades”, que limitaría fuertemente la intervención del alto tribunal en casos donde se investiga presuntos hechos de corrupción.

El presidente, dicen y repiten a su lado, tiene claro cuáles son las prioridades de su gestión. Se ha dicho y repetido, pero vale la pena refrescarlos: acordar con el FMI en abril para recuperar confianza externa, vencer en la batalla contra el coronavirus, reactivar la economía, doblegar el potro de la inflación con la mirada clavada en las elecciones de octubre, y avanzar con los aspectos centrales de la profunda reforma judicial que propicia.

Las claves de la flamante estrategia pergeñada por la Casa Rosada para pasar el verano sin desafíos insalvables en el plano económico o de asistencia social que va a demandar una segura segunda ola de Covid, y el empalme necesario para garantizar un tránsito controlado hacia un triunfo en las elecciones de octubre, terminó de pulirse esta semana en la última reunión del Gabinete Económico.

Desde la política, el gobierno ya ha hecho saber que no le temblará la mano para endurecer las medidas para combatir una aparente segunda ola de coronavirus que estaría llegando a estas playas, como volver a la cuarentena total que rigió al comienzo de esta tragedia en marzo de 2020 o establecer “toques de queda sanitarios” en la costa atlántica y otros lugares de veraneo donde se reúnen demasiadas personas sin ningún cuidado ni medidas de prevención.

El escenario, solo cabría refrescarlo, ya está planteado, o al menos bosquejado con bastante precisión. Las elecciones parlamentarias de octubre próximo serán claves para saber hasta dónde el oficialista Frente de Todos puede sostener su poder. Y si las riñas internas que lo afectan ahora mismo podrán influir o no, y en caso de hacerlo de qué manera, en la cristalización de ese objetivo central que el oficialismo busca y buscará coronar por todos los medios, reyertas o mini grietas internas al margen.

Una alta fuente de la secretaría General de la Presidencia aseguró en las últimas horas que el presidente Alberto Fernández planea “una suerte de relanzamiento de la gestión” allá por el mes de marzo o abril, más con la mirada puesta en la campaña electoral para las elecciones parlamentarias de octubre de 2021 que atadas a la coyuntura actual como las inconsistencias en la lucha contra la pandemia o las críticas internas al elenco de ministros y secretarios.

La pandemia, maldita por donde se la mire a los ojos del Gobierno; las vacunas, enorme problema no exento de algún papelón en el medio que mantiene en vilo a la Casa Rosada; el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado tras la media sanción en Diputados, que podría encerrar hasta alguna trampa que deje malparado al presidente; y, por si faltase algo, el renovado impulso de un sector duro del cristikirchnerismo para que Alberto Fernández dicte un indulto para todos los presos, ya sea con condena firme o con prisiones preventivas, del Frente de Todos, bajo el lema “Una Navidad sin presos políticos”.

 

Una primera mirada de lo ocurrido entre jueves y viernes pasados en la escena política nacional permitió a habituales confidentes del Gobierno una postura complaciente.

Sin nada que reprocharse, a poco que se repase cualquier manual de política, voceros del Gobierno se solazaban en las últimas horas con un dato de la realidad sobre el que cuesta disentir.

El miércoles por la tarde, en medio de la conmoción que provocaba a esa hora la novedad de los hisopados en medio gabinete -empezando por el presidente Alberto Fernández- por el positivo detectado al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, otra de las noticias verdaderamente impactantes del día quedaba momentáneamente disimulada detrás de esa saga sanitaria, como fue el despido de María Eugenia Bielsa.

No es solo el uno y medio por ciento que la Nación le sacó a la Ciudad mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, una imponente suma de más de 25 mil millones de pesos que saldrán de las arcas del municipio porteño para recalar vía manejos discrecionales del ministerio del Interior, al menos la mayor parte de esa suma, en manos del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Al promediar la semana, es cierto que en un país como la Argentina en el que todo es de una levedad insoportable y lo que parece bueno ahora puede no serlo dentro de un puñado de días, hubo por primera vez en once meses caras de optimismo en el Gobierno.

Se llevaron una sonora desilusión quienes fueron anoche y temprano esta mañana en busca de algún reproche del albertismo hacia la dura carta que emitió ayer a través de un tuit la vicepresidente Cristina Fernández. En la que con todas las letras y más allá de las dobles lecturas la jefa política de Alberto Fernández desliza críticas directas sobre el mal funcionamiento del gabinete de ministros.

Casi en soledad, bien entrada la noche de lunes en la residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández ya tomó la decisión: no habrá ningún cambio en la estrategia del gobierno frente al avance de la pandemia de coronavirus, que según todos los pronósticos lo anticipaban acaba de superar el millón de casos de contagiados y coloca a la Argentina el país en el podio de los cinco países más afectados por la catástrofe sanitaria.

Los más recientes pronunciamientos de hombres de negocios y de personalidades claves del escenario internacional que ocurrieron la semana pasada en el coloquio empresario anual más importante del país, parecieron marcar muy claramente el perfil de las preocupaciones de esos sectores claves de la producción y la generación de empleo.

En medio de las negociaciones que se iniciaron este lunes con sectores empresarios y sociales, además de la asistencia en pleno de la dirigencia sindical que se referencia en la Confederación General del Trabajo, los principales popes sindicales pusieron en marcha la última parte del plan que vienen acunando para “empoderar” al presidente Alberto Fernández en medio de los cruces subterráneos y a veces públicos que mantienen con el ala dura del Frente de Todos.

Parece haber una coincidencia entre empresarios y algunos políticos de la oposición, incluso dos hombres de negocios que estuvieron en el Salón Norte de la Casa Rosada para escuchar los anuncios del jueves de Martín Guzmán, en repetir una frase que tiene sus implicancias. “Se están gastando la bala de plata”, decían casi a coro.

 

El Presidente se muestra dispuesto a redoblar la fortaleza de los ejes de su discurso.

El anuncio de Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT y el más cercano a Alberto Fernández de los caciques gremiales, de organizar una “marcha peronista” de apoyo al gobierno para el 17 de octubre, cuando el justicialismo celebra el Día de la Lealtad, por ahora ha sido tomado con pinzas en los despachos del primer piso de la Casa Rosada.

Las anormalidades de la pandemia y también el estado de crisis evidente en el que se encuentra la relación entre el gobierno y la oposición en el Congreso terminaron por alterar la rutina histórica que envuelve la presentación cada 15 de septiembre, como manda la Constitución, del proyecto de Presupuesto.

Hay quienes dicen en el Gobierno, sin que les falte razón, que ese variopinto conglomerado de ideologías que conviven en el Frente de Todos a veces se convierte más en parte del problema que de la solución.

El regreso de Cristina Fernández a la Casa Rosada después de 260 días de no pisar las alfombras sobre las que gobernó ocho años pasó sin cubrir tantas expectativas como las que había generado ese acontecimiento.

 

El presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, negocian ahora mismo con sectores del Frente de Todos que no reportan políticamente al Instituto Patria, pero también con la mayoría de los gobernadores peronistas, para eliminar de la reforma judicial la llamada “cláusula Parrilli” cuando el proyecto llegue a la cámara baja con media sanción del Senado, dijeron a este diario altas fuentes de la Casa Rosada.

 

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