Fernando Laborda

La aprobación del llamado impuesto a la riqueza en la Cámara de Diputados y su probable sanción definitiva en los próximos días en el Senado ha unido a las principales organizaciones empresariales en contra de este proyecto con el cual el Gobierno espera recaudar más de 300 mil millones de pesos.

Martín Guzmán buscará seducir a Kristalina, aunque ello le cueste el enojo de Cristina. La llegada de la nueva misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina reflotará los viejos prejuicios y fantasmas que este organismo despierta en buena parte del peronismo y, en particular, en la vicepresidenta de la Nación.

Una porción no menor del público en general se pregunta cuánto durará la paz cambiaria

Conmueve a no pocos militantes la confesión de Alberto Fernández frente a la estatua de Néstor Kirchner inaugurada días atrás en el antiguo Palacio de Correos: "Cada vez que tengo que tomar una decisión, me pregunto qué haría Néstor". Conmueve, por cierto.

La imagen del Gobierno no ha parado de caer desde mayo, al tiempo que la percepción positiva sobre el presidente Alberto Fernández en la opinión pública, tras un proceso de declinación similar, parecería encontrar su piso en torno de los 35 puntos.

No puede menos que sorprender que, durante el acto central por los 75 años del nacimiento del peronismo, Alberto Fernández, parafraseando al gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, haya expresado: "Menos mal que el peronismo está gobernando la Argentina en este momento".

Alberto Fernández ha intentado ensayar en los últimos días una nueva retórica para acercarse a empresarios e inversores, pero sin la convicción que estos esperan. Para ellos, se acabó el tiempo de las palabras. Hacen falta hechos.

No debería llamar la atención que el presidente Alberto Fernández sea el dirigente político argentino más mencionado en las redes sociales. Sí puede sorprender que más del 70 por ciento de esas menciones contengan valoraciones negativas acerca del jefe del Estado.

Dólar: según una encuesta, solo el 18% de la sociedad confía en los pesos argentinos como medio de ahorro

La reciente derrota del oficialismo ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de admitir el per saltum presentado por los tres jueces removidos de sus cargos por el Senado de la Nación y las reacciones de algunos voceros del gobierno de Alberto Fernández frente al fallo hacen temer una batalla de mayor intensidad si el máximo tribunal finalmente dispone que los magistrados en cuestión permanecerán en los tribunales donde fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri.

La batalla entre radicalizados y moderados dentro del Gobierno está siendo ganada con amplitud por los primeros. Lo demuestran los recurrentes enfados del presidente Alberto Fernández con quienes se manifiestan en las calles, con la oposición, con el gobierno porteño y con ciertos medios de comunicación.

Muchos supusieron que, concluido el proceso de renegociación de la deuda, la Argentina empezaría a dejar atrás el infierno tan temido que implicaba el default.

A medida que fue creciendo la percepción de que Cristina Kirchner consolida su poder, el presidente Alberto Fernández siguió experimentando una caída en su imagen a lo largo del último mes y sus valoraciones positivas registraron un descenso cercano a los 28 puntos desde la última semana de marzo hasta mediados de septiembre.

Es difícil encontrar mensajes esperanzadores entre los analistas económicos en el medio de la preocupación que exhiben los empresarios y de la negativa reacción del mercado bursátil tras la profundización del cepo cambiario.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner subieron al ring a Horacio Rodríguez Larreta. Pero, al menos por ahora, solo han logrado convertirlo en víctima y concederle un nivel de exposición que ha acrecentado su imagen positiva en la opinión pública.

La aparente resolución del conflicto policial bonaerense con la quita de un punto de coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante una decisión unilateral del gobierno de Alberto Fernández dejó varias conclusiones políticas.

Incluido Alberto Fernández, no son pocos en el gobierno nacional los que creen que, con el actual nivel de contagios de Covid-19 que rondan los diez mil por día, estarían dadas las circunstancias sanitarias para volver a una cuarentena estricta.

Tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador bonaerense Axel Kicillof detectaron en los últimos días que el problema de la inseguridad es una preocupación sustantiva, presente hasta en la mayoría de sus propios votantes, y que tanto el auge de la delincuencia común como la inacción oficial frente al incremento de las usurpaciones de tierras estaban deteriorando su imagen en la opinión pública.

Alberto Fernández se convenció de que una cuestión que al principio le rindió buenos réditos políticos, como la lucha contra el coronavirus, solo le provocó un creciente desgaste en los últimos tiempos. En un santiamén, y en el peor momento de la pandemia en la Argentina, decidió cambiar el eje de la discusión, mostrarse concentrado en la gestión económica y menos abrazado a la cuarentena.

 

Jorge Luis Borges admitía que detestaba a los comunistas, pero valoraba que, al menos, tuvieran una teoría, a diferencia de los peronistas, a quienes consideraba "snobs". De su enorme repertorio de controversiales frases sobre el peronismo, se destaca una: "Los peronistas son una maravilla. Tienen todo el pasado por delante".

 

La Argentina tiene todos los síntomas para padecer del virus de la autarquía.


La sentencia fue pronunciada horas atrás por la lúcida escritora y periodista española Pilar Rahola y es un incómodo indicador acerca de cómo se ve a nuestro país en el mundo. "¿A quién se le puede ocurrir, como no sea a un autarca, una reforma judicial en este momento de pandemia? Huele a podrido", expresó la columnista del diario catalán La Vanguardia, para quien, además de acercarse al modelo venezolano a pasos demasiado rápidos, el gobierno de Alberto Fernández encuentra semejanzas con los regímenes de Hungría o Turquía: "No se puede decir que sean dictaduras, pero tampoco que sean democracias". Pilar Rahola, durante un diálogo con A24, sostuvo que, detrás del proyecto de reforma de la Justicia anunciado por el presidente argentino, solo podía entreverse el propósito de "blindar a una expresidenta con considerables líos judiciales" y de "asustar" a los jueces para recordarles que hay un poder por encima de ellos.

La caída en la imagen personal de Alberto Fernández y de su gestión que exhiben distintas encuestas podría explicarse fácilmente por la presente situación económica. Pero quizás más aún por la percepción de que el Gobierno impulsa una agenda política que marcha a contramano de las principales inquietudes ciudadanas. Concretamente, la proyectada reforma de la Justicia, además de desatar un conflicto con el propio Poder Judicial, es vista por una vasta porción de la ciudadanía como una mera farsa para que Cristina Kirchner pueda zafar de las causas judiciales en las cuales se halla procesada por diferentes escándalos de corrupción.

Por primera vez, desde que, un año atrás, se impuso en las primarias abiertas que lo consagraron formalmente como candidato presidencial, Alberto Fernández registró una imagen negativa superior a su imagen positiva. Al menos eso mostró el sondeo de la consultora Synopsis, concluido el 3 de agosto y relevado entre 1188 personas. Según esa encuesta, la percepción positiva del Presidente se ubicó en el 40,6%, mientras que la negativa creció al 43,3%. Se trata de una diferencia negativa de 2,7 puntos que tranquilamente puede ubicarse dentro del margen de error y ser refutada por otros relevamientos. Sin embargo, marca una clara tendencia y da cuenta de una disminución progresiva en la valoración que la ciudadanía tiene del primer mandatario desde su mejor momento en la opinión pública, producido en abril, durante las primeras semanas de la cuarentena.

De acuerdo con la citada encuesta, a casi 6 de cada 10 argentinos les preocupa más la situación económica que el Covid-19. Y el nivel de aprobación de las medidas oficiales ante la pandemia ha pasado del 75% hacia fines de abril al 40,8% en los últimos días.

En ese contexto, se entiende que, durante la conferencia que encabezó anteayer en Olivos, el Presidente haya procurado defender su gestión sanitaria de las fuertes críticas que viene recibiendo de la oposición. Buscó refutar el cuestionamiento por haber adoptado tan tempranamente la cuarentena, señalando que eso sirvió para fortalecer el sistema de salud y que hoy no haya un solo enfermo grave sin respirador. E intentó sembrar esperanzas, afirmando que con la novedad de que la vacuna ideada por la Universidad de Oxford se fabricará en la Argentina, hay ahora un horizonte: el tan ansiado punto de llegada que morigere tanta incertidumbre.

La sobreactuación estuvo a cargo de Axel Kicillof cuando, en respuesta a las quejas que suscitan las consecuencias del aislamiento social obligatorio, habló de la angustia. "Angustioso es lidiar con esta enfermedad, que se acaben las camas, que se te muera un familiar. No es angustioso no poder jugar al golf", enfatizó. Aunque no lo dijo, también es angustiosa la perspectiva de perder un trabajo, no poder pagar un alquiler o tener un comercio cerrado y no poder abonar los sueldos de sus empleados. La angustia, palabra latina que alude a "angostura" o "dificultad", es un estado afectivo que implica un malestar psicológico ante un peligro o algo desconocido, acompañado por cambios en el organismo, tales como temblores, taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire. Los cuadros de angustia pueden vincularse con innumerables causas. Pretender ceñirlos a la muerte de un ser querido, como pretendió Kicillof, es una subestimación del problema. Su respuesta frente al sentimiento actual de la sociedad distó de ser la más efectiva.

El mensaje de un "Estado presente" que le impone una multa a un remero olímpico por "violar" la cuarentena y le perdona una deuda millonaria por evasión a un empresario amigo tampoco es el mejor.

La comunicación oficial puede ser en ocasiones un problema, que no se resolverá eliminando la palabra "cuarentena" del léxico oficial. Pero detrás de los errores comunicacionales se esconden las contradicciones y limitaciones de una coalición gobernante que llevó a la presidencia a un hombre cuyos compromisos con quien lo ungió como su candidato pueden conducirlo a la subordinación política.

Alberto Fernández ha dado algunas señales que lo diferencian de Cristina Kirchner. Es más proclive que ella a escuchar a todos los sectores y es capaz de dar marcha atrás con una decisión, a diferencia de su mentora, con frecuencia dispuesta a redoblar su apuesta ante un traspié. Lo ha demostrado con el llamativo retroceso en la proyectada intervención y expropiación de la cerealera Vicentin. Le resultará más difícil recular con la reforma judicial, pese a los tropiezos y los costos políticos que ya acumula.

Cristina Kirchner será una aliada tan incómoda como cara si el Presidente aspira a seguir gozando del acompañamiento de un porcentaje no menor del electorado independiente, que lo apoyó en octubre porque imaginó que podía encarnar un proyecto diferente al del cristinismo. Pero la emancipación del albertismo es por ahora poco menos que una utopía.

Allegados a Alberto Fernández entienden que el proceso emancipador respecto del cristinismo debe ser visto como una maratón y no como una carrera de 100 metros. Al principio, será necesario preservar energías sin perder de vista al pelotón que comanda la carrera, y evitar pasos en falso para llegar en buenas condiciones al sprint final.

Nadie se ilusiona cerca del Presidente con la posibilidad de que este consolide su autoridad y relegue a un segundo plano a Cristina del mismo modo que Néstor Kirchner lo hizo con Eduardo Duhalde en las elecciones legislativas realizadas dos años después de su llegada a la Casa Rosada. Esa alternativa es inimaginable y ni siquiera está en la cabeza de Alberto Fernández. "No es negocio que el Frente de Todos se convierta en el Frente de Algunos", se reflexiona en inmediaciones del despacho presidencial.

Entretanto, el jefe del Estado se sigue moviendo como un equilibrista que parece tener que estar rindiendo continuamente exámenes de fidelidad o de pureza kirchnerista.

El proyecto emancipador del albertismo también está atado a un fuerte cambio en las expectativas económicas que hoy no se ve. Mientras el rumbo que muestra el Gobierno continúe signado por las sospechas de extravíos autoritarios, como las derivadas de la política en materia judicial, la economía seguirá expuesta a un alto nivel de desconfianza, que grupos radicalizados, pero no menos influyentes del oficialismo identificarán impotentemente como golpes de mercado, ante los cuales reclamarán mayores dosis de intervencionismo que alejarán aún más al país del crecimiento. Un triste círculo vicioso.

Fernando Laborda

Llamó la atención que, tras el anuncio oficial del acuerdo por la deuda bajo legislación extranjera, muchos referentes del kirchnerismo no mostraran tanta vocación por aplaudir el final de la negociación como por apuntar contra Mauricio Macri como el único responsable del endeudamiento del Estado argentino.

 

Los acercamientos que en las últimas horas tuvieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los representantes de los fondos de inversión con la mayor tenencia de bonos argentinos dan cuenta de un arreglo que posibilitaría una adhesión mayoritaria al canje de deuda por unos 68 mil millones de dólares [esta madrugada el Gobierno oficializó el acuerdo].

 

Detrás de la reforma judicial, se esconden las herramientas para garantizarle impunidad a Cristina Kirchner

 

Al tiempo que el auge de la delincuencia ha crecido con particular fuerza como preocupación ciudadana en las últimas semanas, las políticas del gobierno nacional en materia de seguridad se han convertido en el aspecto más cuestionado por la opinión pública.

 

De acuerdo con la particular concepción del poder de Néstor y Cristina Kirchner, estos solo podían tener esclavos o enemigos. Siguiendo esa lógica, Alberto Fernández únicamente podría ser imaginado por la expresidenta de la Nación como un súbdito, antes que como un aliado.

 

Alberto Fernández se ha mostrado en los últimos días como un equilibrista que, con sus afirmaciones y posteriores relativizaciones, ha despertado recelos en unos o en otros, al tiempo que profundiza la incertidumbre en casi todos.

 

La hipótesis que más incómoda a sectores del oficialismo sobre el brutal crimen de Fabián Gutiérrez en El Calafate es que este trágico episodio pueda dar cuenta de una disputa entre presuntos testaferros y herederos de los millonarios negocios de la corrupción de la era kirchnerista, como podría desprenderse de los primeros indicios sobre un eventual móvil económico.

 

Por primera vez desde el inicio de la cuarentena, en marzo pasado, la gestión del gobierno de Alberto Fernández ha sufrido una considerable caída y ha vuelto a los niveles de aprobación previos a la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina.

 

No es difícil entender por qué existen tantas dudas sobre el grado de acatamiento real que alcanzará en la sociedad argentina la inminente vuelta a una cuarentena estricta.

 

El presidente Alberto Fernández calificó a quienes se sumaron a los recientes banderazos y las protestas callejeras contra el proyecto expropiador de la empresa cerealera Vicentin como "gente confundida". Se trata de una verdad a medias.

 

El sorpresivo anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención y la proyectada expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin terminó desnudando la debilidad del propio jefe del Estado.

 

La Argentina se acerca a la hora de la verdad frente a la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera.

 

En los últimos dos meses la emisión monetaria se ha transformado en el mayor auxilio financiero del gobierno de Alberto Fernández, y se estima que las transferencias del Banco Central al Tesoro Nacional podrían incluso superar durante este año a la menguada recaudación fiscal.

 

En los últimos días hemos asistido a indicios del aparente final de una etapa de cooperación entre el oficialismo y la oposición en el combate contra la propagación del coronavirus, y al inicio de una lucha por imponer un relato para este particular tiempo de pandemia.

 

Difícil es no asociar algunas medidas tomadas por funcionarios del gobierno de Alberto Fernández con los objetivos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en materia judicial.

 

El unánime fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que revocó la decisión del Tribunal de Casación Penal provincial, firmada por el controvertido juez Víctor Violini, que dio lugar a un habeas corpus colectivo y permitió la salida de las cárceles y el beneficio de la prisión domiciliaria de numerosos presos, fue un salvavidas para el presidente Alberto Fernández.

 

A algunos dirigentes políticos con posiciones afines al populismo, es probable que se les haga agua la boca al imaginar que, durante tres años, la Argentina dejaría de pagar amortizaciones de capital e intereses por los bonos sujetos a legislación extranjera incluidos en la propuesta de renegociación de la deuda, a cuyos tenedores se les ha dado plazo hasta hoy para informar si aceptan o no la agresiva oferta de canje formulada por el gobierno de Alberto Fernández.

 

En ninguna democracia del mundo desarrollado, el despido de un funcionario inoperante o sospechado de corrupción puede ser considerado un síntoma de debilidad del presidente de la Nación.

 

Es sabido que en medio de una tensa negociación ningún jugador muestra sus cartas hasta que sea realmente necesario.

 

La economía argentina atraviesa uno de sus peores momentos y se encuentra al borde de un nuevo default.

 

Desde un principio, Alberto Fernández percibió que coquetear con un nuevo default era la mejor táctica para negociar desde una posición de fuerza ante los bonistas.

 

En coincidencia con la irrupción del coronavirus en la Argentina, Alberto Fernández protagonizó en un mes una de las mayores escaladas en términos de imagen positiva en la opinión pública que se recuerden.

 

En menos de una semana los hechos parecieron dar cuenta de que no volvieron mejores.

 

"El funcionario cobrará el 100% sin trabajar y el autónomo pagará el 100% sin facturar. ¿Esto es justicia social?". Ese mensaje fue uno de los tantos que inundó las redes sociales ayer, pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández calificara como "miserables" a los empresarios que despiden trabajadores y, sin identificar a nadie en particular, expresara que "de lo que se trata es de ganar menos" para concluir diciendo: "Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos".

 

Cualquier epidemia con consecuencias letales provoca cambios en las sociedades y en sus sistemas de creencias y, como afirma el neurocientífico Facundo Manes, puede hacer que aflore lo mejor o lo peor de la condición humana.

 

Es un secreto a voces que la cuarentena total impuesta por el Gobierno hasta el 31 de marzo ha llegado para quedarse por más tiempo. Pero también se admite en círculos políticos y económicos que el aislamiento social preventivo y obligatorio no podrá extenderse a lo largo de meses enteros.

 

No hay antecedentes, al menos durante nuestra historia democrática, de tan severas restricciones a la circulación de las personas como las que viviremos los argentinos a partir de hoy.

 

En su primer mensaje a través de la cadena nacional, al anunciar la emergencia sanitaria, Alberto Fernández buscó demostrar que manda, actúa y arregla, y que quiere ver a sus funcionarios en la línea de fuego y no refugiados en sus despachos, para exhibir un "Estado presente".

 

Juan Domingo Perón dijo alguna vez que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Su enfoque parecería ser acertado si miramos hoy encuestas en las que se evalúa la gestión de Alberto Fernández a lo largo de sus primeros tres meses. Para mejor o para peor, el bolsillo sigue siendo la directriz que define la opinión mayoritaria sobre la tarea gubernamental.

 

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