Joaquín Morales Solá
Todos hablan de todos, pero solo se oyen. Nadie escucha. La primera fase de la epidemia sorprendió con un presidente, Alberto Fernández, que asumió claramente el liderazgo de la crisis. Tomó decisiones sanitarias, como una dura cuarentena, que otros países demoraron en tomar y les está yendo muy mal.
¿Cuándo regresarán los abrazos y los besos? ¿Cuándo volverá a ser habitual dar la mano, el gesto más antiguo de amistad, de cortesía o de reconciliación? ¿Cuándo, en fin, la democracia recobrará su sistema de plenas libertades?
Hasta Vilma Ibarra creyó el rumor falso que había hecho correr el Presidente. La cuarentena obligatoria comenzaría, decía la versión, a las cero horas del sábado. El borrador del decreto se había redactado con esos datos.
Cuando amenaza una crisis sanitaria de dimensiones aún desconocidas, aparecen las consecuencias de una dirigencia política local entusiasmada en perder el tiempo.
Ni el mundo ni el país ni el Gobierno son lo que eran hace apenas una semana. La pandemia del coronavirus convierte a pujantes y multitudinarias ciudades en urbes sombrías, en guerra contra un enemigo que nadie ve.
Alberto Fernández debería pensar si se justifica seguir peleando con el campo. La situación general del mundo (y, por lo tanto, del país) se deterioró dramáticamente en días y horas muy recientes. Podría empeorar aún más. La crisis provocada por la pandemia del coronavirus está construyendo un escenario parecido a la caída de Lehman Brothers en 2008.
Por las manos de Julio De Vido pasó el 95 por ciento de las causas de supuesta corrupción durante el kirchnerismo. Esa es la afirmación que suelen hacer los jueces y fiscales más comprometidos con la investigación de aquella época inverosímil.
A veces, Alberto Fernández se parece a esos malabaristas que juegan con cinco platos en el aire. Hasta se dio el lujo de resolver la contradicción que planteó Max Weber (a quien no nombró) sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.
Un proyecto de ley de cinco senadoras del núcleo duro que rodea a Cristina Kirchner que dispone que el periodismo no trate casos de corrupción. O que no haya jueces en condiciones de investigar a los corruptos.
Un proyecto de ley de cinco senadoras del núcleo duro que rodea a Cristina Kirchner que dispone que el periodismo no trate casos de corrupción. O que no haya jueces en condiciones de investigar a los corruptos.
La grieta tiene nombre y apellido. Se llama Cristina Kirchner. Cada aparición de ella significa más metros de profundidad en ese abismo que divide a una parte importante de la sociedad argentina (40% entre unos y otros). Ahora abrió una grieta dentro del propio Gobierno, del que ella supuestamente es mentora.
Es improbable, y hasta imposible, que Alberto Fernández haya querido demostrar ahora la distancia política (que existe) con Cristina Kirchner.
A Axel Kicillof le gusta chocar siempre contra la pared. Ve que un bloque sombrío de cemento está cerca, pero no lo evita hasta que es demasiado tarde. Entonces, termina entregando hasta lo que no tiene.
Se preparó para morir con la misión cumplida. Desde que en mayo pasado le diagnosticaron un cáncer fulminante en el cerebro, el juez Claudio Bonadio se dedicó obsesivamente a limpiar su despacho. Todas las causas importantes sobre hechos de presunta corrupción durante el kirchnerismo están concluidas en esa instancia y enviadas a juicio oral y público.
Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, ha suprimido de hecho las instituciones del país. Así como le da lo mismo recibir el encargo de presidir la Argentina (por ausencia de Alberto Fernández) en las oficinas de su facción partidaria, también declaró la inexistencia de la Justicia.
Si la provincia de Buenos Aires se acerca peligrosamente a un default, como todo hace suponer, la deuda del gobierno nacional está también en riesgo.
La deuda argentina no es alta, pero las tasas que está pagando son desmesuradas en un mundo casi sin tasas de interés para depósitos y créditos.
Alberto Fernández inició ayer un período de quince días en los que estará más tiempo fuera que dentro del país.
No tienen el aspecto caricaturesco de los juicios populares de Hebe de Bonafini. Tampoco están rodeados de numerosos fanáticos dispuestos a agraviar en nombre de una idea. Y no carecen de profesionales del derecho sentados en el estrado del tribunal como sucedió en los juicios populares de Plaza de Mayo.
El default anunciado por la provincia de Buenos Aires es una decisión inexplicable. O solo podría explicarse como una estrategia conjunta del gobierno federal y del provincial para enviar señales de dureza a los acreedores de uno y otro. Sería, en tal caso, una maniobra de cierta suficiencia que ya Axel Kicillof aplicó cuando fue ministro de Economía.
La economía y las relaciones políticas, para el Presidente. La Justicia, la seguridad y los servicios de inteligencia, para Cristina Kirchner. Esa podría ser a grandes rasgos una descripción del gobierno de Alberto Fernández. Es una administración en la que deben convivir una jefa política y el presidente del país.
La realidad es, a veces, inoportuna. El desastre institucional que provocó el domingo último en Caracas el régimen de Nicolás Maduro coincidió en el tiempo con la extrema tensión entre el gobierno de Donald Trump y el régimen iraní de los ayatollahs. Ambas situaciones no pueden resultar ajenas al gobierno de Alberto Fernández, aunque este prefiera la indiferencia, porque su relación con Washington es crucial.
Un documental de Netflix que pudo ser uno más entre tantos. No lo fue, porque revolvió de nuevo la política argentina. Rectificaciones, polémicas, debates.
