La decisión del presidente Gustavo Petro de retomar la administración y control de los servicios públicos domiciliarios, como la electricidad o el agua, recibió un reto legal de una de ellas. Además de ese debate jurídico, el anuncio ha abierto otros sobre sus posibles consecuencias en la economía y el funcionamiento de los servicios públicos, que en Colombia tiene fantasmas como los racionamientos de inicios de los años 90 o los problemas de electricidad en el Caribe.