Internacionales

El sonido de Patria o vida, título de la canción que da un giro al eslogan castrista de patria o muerte, sigue sonando en Cuba como el himno de la revuelta. 

Desde México hasta Argentina, los gobiernos salieron a apoyar al régimen castrista tras las manifestaciones que han sacudido a la isla en los últimos días. 

Horas después de que miles de ciudadanos cubanos se levantaran contra la tiranía castrista que somete a la isla desde 1959, el presidente argentino Alberto Fernández habló de la represión que está sufriendo el pueblo de Cuba. Lo hizo en términos que avergüenzan al pueblo argentino. 

La cuestión cubana «no estaba ni en la lista de asuntos corrientes» del Consejo de ministros de Asuntos Exteriores porque las noticias de las manifestaciones masivas llegaron a Bruselas el domingo por la noche. 

Agentes del régimen cubano comunicaron este martes al padre de la periodista Camila Costa la modificación de cargos contra ella, que pasan de ser procesada por delitos contra la seguridad del Estado, como le informaron el día de su detención, este lunes, a ser juzgada por «desacato y desorden público». Lo hicieron cuando fue a visitarla ayer, donde se encuentra retenida desde el lunes, la estación policial de Infanta y Manglar. 

Miles de personas en todo el país se manifiestan contra el Gobierno, empujadas por la grave escasez y las penurias que vive la isla, agravadas por la pandemia; hay más de un centenar de detenidos por la policía. 

El presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el combate. 

Un centenar de organizaciones de justicieros climáticos demócratas prefieren salvar antes a los océanos que a las personas.

La ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, asumió que las fuerzas chavistas no lograron apresar a los capos. “Mienten, censuran y confunden para tapar la realidad: su complicidad con estas bandas armadas”, denunció Guaidó. 

En el proceso civil iniciado en Roma, los abogados de los familiares de las víctimas argumentan que las autoridades actuaron tarde y mal, y buscan una compensación de 100 millones de euros. 

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