La institución se sumó al rechazo a la liberación masiva de presos de las cárceles con la excusa de la pandemia del coronavirus.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se sumó al rechazo a la liberación masiva de presos de las cárceles con la excusa de la pandemia del coronavirus y aseguró que esas decisiones judiciales “despiertan honda preocupación en el ámbito del Derecho y –muy especialmente– en la ciudadanía en general”.

En un comunicado, la entidad que preside Máximo Fonrouge destacó que “las detenciones preventivas durante el proceso son la excepción a la regla de la libertad, y se imponen en análisis individuales y pormenorizados en cada causa, sujetos a la intervención y contralor de todas las partes del proceso penal”.

“Lo mismo cabe decir respecto de quienes cumplen detención en calidad de condenados, en tanto las penas impuestas a ellos han sido el resultado de procesos con la debida intervención de las partes naturales y revisión de todos los estamentos judiciales. De ello se colige que sus legítimas detenciones son el resultado del ejercicio pleno de las garantías constitucionales del debido proceso penal y del juez natural”, detalló la misiva.

En ese sentido, en el Colegio de Abogados resaltaron que por ese motivo “estamos en desacuerdo con los cientos de excarcelaciones en masa que se están concediendo en estos días, muchas de ellas en el marco de procesos que han soslayado la legítima intervención del Juez natural, del Ministerio Público, de los informes carcelarios o médicos de rigor, y de las víctimas”.

“No se nos escapa la crítica situación sanitaria que vive el país y las precarias condiciones bajo las cuales están alojados los presos en sus respectivos centros de detención. Esta crisis debe servir para que las autoridades inicien finalmente el camino hacia la construcción de más y mejores cárceles, sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. No para vaciarlas artificialmente, dejando de lado la larga y encomiable labor de los actores propios del proceso penal en miles de causas judiciales”, destacó el comunicado.

En tanto, el directorio de la institución sostuvo que “las excarcelaciones pueden y deben evaluarse caso por caso, por parte de los jueces, fiscales y defensores propios de cada causa, sin condicionamientos de quienes llevan adelante motines carcelarios, ni de los estamentos superiores del Poder Judicial, y ciertamente que tampoco de parte de otros poderes del Estado. Al momento de ser reevaluadas, ha de tenerse en cuenta, por supuesto, la situación particular de cada preso.

En el contexto actual, podría ponderarse como un factor favorable a su otorgamiento si el condenado se encuentra dentro de los grupos de riesgo de contagio (por su edad o enfermedades preexistentes); si fue sentenciado por delitos no relacionados con actos violentos; si no registra antecedentes de evasión del proceso anteriores; si sufre prisión preventiva y especialmente si ella supera los dos años máximos de límite; si su detención domiciliaria podría realizarse en un lugar físico determinado, supervisable, alejado de sus víctimas, etc.”.

“Aún los países que más sufren los efectos de la pandemia como Italia, España o Estados Unidos, con millones de contagiados y decenas de miles de muertos, ninguno ha abierto la puerta de sus cárceles otorgando indiscriminadamente la libertad a miles de presos, incluyendo –como en nuestro caso– condenados por graves delitos como homicidios, robos con armas y abusos sexuales”, destacó la institución que preside Fonrouge.

En ese sentido, el comunicado resalta que “cualquiera fuere la teoría de la pena elegida, absolutas o relativas, retributivas o preventivas, las penas se sustentan en la ley y se legitiman en su naturaleza social, entrelazando a todos los ciudadanos en la libertad, garantizada por el Estado, o en privaciones de la libertad racional y legalmente impuestas.

En ello se constata la legitimidad y existencia del Estado de Derecho que las Naciones Unidas define como ‘un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal’”.

“Si se deja de lado a los actores propios del sistema judicial, si se soslayan las normas y se toman decisiones judiciales en función a situaciones e intereses ajenos al de cada caso en particular, la Argentina se convertiría en el ‘país al margen de la ley’ que –sin dudas– deseamos evitar.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa que la República no está en cuarentena, las instituciones judiciales tampoco. No debe suspenderse la aplicación de las leyes en esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando. En estas situaciones excepcionales es cuando más las necesitamos”, concluyó la misiva.

Integrante de Casación, ordenó analizar los casos de condenados por delitos graves que pidieron salir.

A pesar de desempeñarse en el segundo tribunal en importancia en la provincia, hace poco más de un año dijo a viva voz: "Tengo muchas ganas de ser candidato a intendente de La Plata". Su aspiración quedó en el camino, ante la falta de apoyo político dentro del PJ platense.

La actual seora Cristina Kirchner destacó la figura de Violini, quien había declarado: "No queremos que la Justicia bonaerense se convierta en Comodoro Py. Nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la Justicia". La expresidenta replicó las declaraciones del juez, que hace un año había respaldado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo de Lázzari, en su enfrentamiento con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Los caminos de Violini y De Lázzari volvieron a coincidir el 20 de marzo pasado. Dos días después, de que se decretara el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia, el presidente de la Suprema Corte dispuso que las decisiones urgentes de los distintos tribunales provinciales "podrán ser adoptadas de manera unipersonal por su presidente o quien lo reemplace".

Diez días después, Violini, como único integrante de la Cámara de Casación, ordenó que se dispongan las prisiones domiciliarias de los acusados de delitos leves que formen parte de grupos de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus y que en los casos de imputados o condenados por delitos graves los jueces revisen cada caso en particular.

Violini aceptó un planteo de los defensores de todos los departamentos judiciales bonaerenses. Dicha presentación fue apoyada por la Comisión Provincial de la Memoria.

En un mensaje de audio enviado a familiares de detenidos en situación de riesgo por la pandemia, el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, explicó que todos los días se presentaban entre 100 y 150 pedidos en favor de detenidos. "Ante un Poder Judicial conservador, que no acepta resolver libertades, nos encontramos con la voluntad política del gobierno provincial de descomprimir el sistema penitenciario. Es un momento bastante singular e histórico", expresó García en el audio.

García manifestó que el mensaje fue sacado de contexto y que la frase sobre "momento histórico" se refería a la situación de pandemia.

Los dichos del funcionario provincial y el fallo de Violini fueron criticados por los familiares de víctimas de delitos.

Cuestionaron al juez no haber cumplido con la obligación legal de notificar a la víctima de un abuso cuando el agresor sexual salía de la cárcel, tal como ocurrió con un acusado de violación, de 67 años, beneficiado con prisión domiciliaria, que se instaló en su casa, cerca de la vivienda de la menor de la que había abusado.

Violini y García visitaron el martes el penal de José León Suárez y les explicaron a los presos el alcance de la resolución.

Los nombres de los presos que serían beneficiados con las prisiones domiciliarias figurarían en un listado cuya elaboración se encargó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En principio, estaba integrado por 662 reclusos. Enrique "Quique" Petrullo no figuraba en ese listado de presos con grupo de riesgo. Sin embargo, Violini aceptó una acción de habeas corpus presentada por la defensa de Petrullo y le concedió la prisión domiciliaria.

Petrullo aparece procesado en dos causas penales. En uno de los expedientes fue imputado de integrar la denominada banda del juez, supuestamente comandada por el exmagistrado César Melazo. En el segundo sumario está acusado de ser el nexo entre el camarista Martín Ordoqui y el dueño de una inmobiliaria, que habría entregado dinero para ser beneficiado con prisión domiciliaria.

Hasta agosto pasado, Ordoqui, también acusado en la causa Melazo, integraba con Violini la Sala V de la Cámara de Casación. Pero Ordoqui fue suspendido y enfrenta un pedido de juicio político.

Gustavo Carabajal

Fernández se mostró comprensivo con las prisiones domiciliarias por la pandemia; Massa, en cambio, advirtió sobre sanciones a quienes liberen

Lo determinaron en una acordada firmada por Rosenkrantz, Highton y Maqueda, en línea con lo dispuesto por Nación.

La Corte Suprema prorrogó la feria judicial extraordinaria hasta el 10 de mayo próximo, en línea con lo dispuesto por el Gobierno nacional.

Mediante la acordada 13/2020, firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se decidió extender el paréntesis en el funcionamiento de la Justicia y se designaron autoridades de feria para los asuntos impostergables.

El responsable de la feria será Rosenkrantz, secundado por Julio Navarro como secretario, y el horario de atención durante este receso extraordinario será de 9.30 a 13.30.

Los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, se consignó en la acordada, no suscribieron la decisión por encontrarse "fuera de la sede del tribunal", pero dieron su "conformidad" con los términos de la directiva.

Del mismo modo, los jueces del alto tribunal encomendaron a los distintos tribunales nacionales y federales que designen sus autoridades de feria, siguiendo el mecanismo que se establece en cada feria judicial ordinaria.

También reiteraron "la necesidad de habilitación del trabajo desde los lugares de aislamiento, para que los magistrados, funcionarios y empleados que presten servicios de manera presencial en los tribunales y dependencias, puedan seguir realizando tareas de forma remota".