Lunes, 30 Marzo 2020 21:00

Presionado por los CEOs y la CGT, Alberto apura paquete de emergencia laboral para frenar ola de suspensiones y despidos - Por Juan Manuel Barca

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Las medidas urgentes incluyen "Repros express" y se analiza ampliar el régimen esencial. El caso Techint, la bronca empresaria y el plan de los gremios

 

El Gobierno ultima por estas horas los detalles de un paquete de medidas para proteger el empleo durante el nuevo período de cuarentena que se extendrá hasta el fin de Semana Santa y empezó a generar fuertes tensiones con el empresariado.

Se trata de la agilización del Programa de Recuperación Productiva (Repro) para las empresas en crisis, la ampliación de las actividades consideradas esenciales y la posible habilitación de acuerdos sectoriales de suspensiones con rebaja salarial.

De esa manera, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, busca llevar calma a la CGT, inquieta por el rápido avance de licenciamientos forzados y despidos masivos, pero también se intenta contener a los CEO, quienes denuncian un "cambio de rumbo" tras la enérgica reprimenda del Presidente a los empresarios por las medidas de ajuste iniciadas en el sector privado, con Techint a la cabeza, en el marco de la pandemia del coronavirus.

En una carrera contra reloj, el objetivo de Moroni es lanzar esta misma semana un nuevo mecanismo que permita agilizar los Repro, un subsidio para pagar los sueldos por hasta el valor del salario mínimo, hoy de $16.875. En la actualidad, la cartera laboral ofrece un canal general cuyo requisito es que las empresas acrediten su situación de crisis, con balances, un plan de crisis y el compromiso de mantener sus plantillas; mientras que las pequeñas y medianas empresas pueden hacerlo mediante la presentación de un informe sociolaboral.

La queja en el sector es que en ambos casos se requiere una certificación contable, lo que puede llevar meses. Pero también hay malestar por la falta de definiciones. Dos semanas después de anunciar medidas para sostener el empleo, el Gobierno solo avanzó días atrás con los créditos para pagar sueldos con tasas del 24%.

Sometido a fuertes presiones tanto del sindicalismo como del empresariado, el ministro le confirmó el viernes pasado a la cúpula de la CGT que habrá novedades en las próximas horas.

"Están arreglando lo de los Repro, lo van a implementar en 48 horas y va a ser un oxígeno para las empresas, están puliéndolo", dijo a iProfesional un sindicalista que participó de la comitiva de media docena de dirigentes encabezada por el cotitular de la central obrera, Héctor Daer.

En dicho encuentro, el funcionario dio a entender que el beneficio será para todo tipo de empresas, sin importar su tamaño, pero se priorizará a las Pymes; a la vez que ratificó el esquema aplicado por la gestión macrista de otorgar el subsidio por un plazo de tres meses y la posibilidad de renovarlo por igual período. Lo primero implicaría un cambio respecto a la versión inicial en la que se preveía cubrir solo a las empresas con hasta 25 empleados en turismo, hotelería y restaurantes.

Con más de 1,1 millón de empleos directos e indirectos, el sector turístico aguarda con impaciencia las medidas oficiales. El rubro fue uno de los más afectados por el aislamiento obligatorio que cerró las fronteras, impidió el alojamiento de huéspedes en hoteles y forzó la cancelación de vuelos.

“Seguimos esperando, esta es la semana para pagar los sueldos y todavía no hay nada concreto sobre los Repro”, despotricó el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, quien calificó de “patoteril” el discurso de Fernández del domingo. “Nos hacemos los malos por TV, es sorprendente que no encuentre solución, con lo bien que se movió en materia de salud”, sostuvo el directivo de la cámara, que representa a 5.700 agencias de viaje y 17.000 hoteles, además de restaurantes, parques de entretenimiento y líneas aéreas.

La cartera laboral busca así apaciguar la bronca en el “círculo rojo”, en donde por estas horas siguen de cerca el conflicto con Techint por 1.450 despidos en la construcción a raíz de la paralización de las obras por parte del principal grupo industrial del país. La decisión de extender la cuarentena, sin ampliar las actividades esenciales ni consultar a las cámaras privadas, enfureció a los ejecutivos.

“Desconexión de la realidad”

Pero la gota que colmó el vaso fue el discurso de Fernández del domingo, en el que tildó de "miserables" a quienes despiden en el marco de la pandemia y les pidió a los empresarios que "ganen menos", una postura que ratificó este lunes al apuntar contra la "fortuna" del titular de Techint, Paola Rocca, y pedirle que "colabore". "Es una desconexión con la realidad decir que los empresarios tendrán que ganar menos cuando muchos se están fundiendo", advirtió a este medio el gerente de una automotriz.

El entuerto le sumó una presión extra al equipo de Moroni, abocado por estas horas a estudiar la posibilidad de flexibilizar el aislamiento obligatorio en la industria y la construcción. Daer le advirtió el viernes al ministro que, de no ampliar los rubros autorizados a operar, corren riesgo los cuatro millones de trabajadores sin tareas y que el conflicto en Techint podría disparar un "dominó" de 100.000 cesantías solo en la construcción.

La idea de la CGT es que haya un "paraguas oficial" que prohíba los despidos y suspensiones por fuerza mayor, contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 221 y 247, y bajo ese esquema discutir por sector eventuales acuerdos de crisis a través de los convenios colectivos. Para los sindicalistas, la manera de llevarlo a cabo es el Consejo Económico y Social, un proyecto que la Rosada abandonó con la puesta en marcha de la emergencia sanitaria y la fuerte concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo, una vez suspendido el Congreso.

Desde el inicio de la cuarentena, el escenario laboral se vio sacudido por la decisión de las principales empresas del sector industrial, aeronáutico y alimenticio de avanzar en el recorte de la jornada laboral, la reducción de salarios y la finalización de contratos con indemnización reducida mediante el uso de licenciamientos por "fuerza mayor", amortiguando así el impacto de la doble indemnización.

Flybondi llegó a un acuerdo el viernes pasado con el sindicato de empresa para suspender actividades por 90 días, reducir salarios al 70% y flexibilizar las condiciones laborales, con el compromiso de no efectuar despidos en ese período.

Los gremios aeronáuticos, en cambio, rechazaron la decisión de LATAM de reducir la jornada laboral, con una rebaja del 50%, y el sindicato de los técnicos APTA liderado por Ricardo Cirielli presentó una denuncia ante la cartera laboral luego de declararse en estado de alerta. La multinacional de catering de aviones Gate Gourmet, por otra parte, negocia la suspensión de 700 trabajadores y una eventual reducción salarial en abril.

"La situación es muy delicada y no paro de tener teleconferencias con distintos sectores de los paralizados porque a partir del 1° de abril tendrán que ir por acuerdos de crisis con suspensiones concertadas e incluso los sectores exceptuados como esenciales están con alguna dificultad por una combinación de temor de los trabajadores por exponerse y no estar aislados y las dificultades para llegar a los centros industriales y a su casa de regreso, por los retenes y cantidad de autos que siguen circulando", explicó a este medio el asesor de empresa, Héctor García.

La queja por los retenes llegó a oídos de Moroni también por parte de Daer. En la industria automotriz, en tanto, la mayoría de las terminales pactó suspensiones previo al estallido de la crisis sanitaria. El problema, alegan en el sector, es que algunas plantas como Toyota no tenían esa cobertura y sus plantas siguen paradas, pagando salarios al 100%.

Una de las normas que está en la mira es la resolución 219 anticipada por iProfesional, en la que el Ministerio de Trabajo estableció que en aquellos casos en que no se pudiera continuar con la actividad mediante teletrabajo, el empleado recibirá una suma no remuneratoria sin aportes ni contribuciones al seguro de Salud y la jubilación. Aunque la Cámara de Comercio destacó la medida por representar una "significativa baja del costo laboral", los industriales buscan alguna vía para poder pagar a los trabajadores inactivos un salario reducido, similar al valor del salario mínimo.

Tampoco queda claro en las empresas si deben descontar el seguro de Salud del 10% regido por la Ley 23.661 o el 15% de todo lo que se fondea a las obras sociales, fijado en la Ley 23.660. Esa ambigüedad generó preocupación en la CGT, sobre todo por la posibilidad de perder fondos para las obras sociales y los descuentos sindicales. Por todo esto, cerca de Moroni no descartan posibles cambios, además de los fondos que liberó la Superintendencia de Salud en las últimas horas.

Se agotan los tiempos

Los fuertes tironeos tras bambalinas demoraron la resolución del anunciado paquete de medidas laborales. Hasta ahora Fernández intentó desmarcarse en el manejo de la crisis sanitaria de Donald Trump y Jair Bolsonaro, con un aislamiento temprano guiado por el lema de priorizar la salud antes que la economía. La decisión respaldada con entusiasmo por intendentes y gobernadores fue acompañada a regañadientes por el sector privado.

Los bancos extranjeros intentaron resistirla hasta último minuto y, de hecho, en varios casos tuvieron que pedirles a los empleados trabajar con sus propias notebooks desde casa, lo que generó reclamos gremiales. La prolongación de la cuarentena hasta el fin de semana santa aceleró el lobby empresario y sumó al sindicalismo, preocupado por su impacto en el empleo.

Tal como anticipó iProfesional, la UIA le entregó días atrás al ministro de Producción, Matías Kulfas, un plan de emergencia con propuestas para incluir dentro del régimen esencial a la producción de alimentos, medicamentos, insumos para salud y básicos de producción continua como petroquímica, celulosa, refinación, aluminio y siderurgia, recogiendo de ese modo el reclamo de Rocca y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate.

El documento incluye además un paquete con medidas como la restricción del uso de las licencias dispuestas por el Gobierno para mayores de 60 años, embarazadas y grupos de riesgo, la reducción de las cargas patronales, y una suerte de reforma laboral con amplias libertades para modificar las condiciones de trabajo en plantas, junto con una agilización de los Repro y los Procedimientos Preventivos de Crisis, utilizados para aplicar recortes salariales, suspensiones y cesantías.

Las propuestas chocan con el pedido de la CTA Autónoma encabezada por Ricardo Peidro y Hugo "Cachorro" Godoy, que reclamó en las últimas horas la suspensión de despidos y la creación de "consejos de fábrica" tripartitos.

En esa organización temen que el actual esquema de emergencia dispuesto por el Ejecutivo abra un "período de rebaja de derechos laborales". Por ejemplo, con la persistencia en el tiempo de guardias mínimas, como acordó en forma temporal la UOM en San Nicolás con Ternium, del grupo Techint; o la extensión horaria en supermercados, que ya motivó protestas en algunas localidades.

Juan Manuel Barca

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