El resultado del 14 de noviembre es lo que parece desconcertar a Juntos. Su aparente desorientación en este nuevo escenario contribuye a que la recreación de la expectativa en el Presidente y el gobernador adquiera dimensiones más concretas. 

Ese cuadro de situación convierte a la modificación de la ley 14836 en el tema de interés excluyente de las sesiones extraordinarias que tendrán lugar en la Legislatura bonaerense la última semana de este año o la primera del próximo. El consenso unánime entre intendentes del oficialismo y la oposición para modificar la cláusula que limita a una sola vez la posibilidad de renovar el mandato de intendentes, concejales y legisladores, oculta la lucha subterránea que libran los dirigentes de cada bando con una sola prioridad. Tomar por anticipado posiciones para las elecciones de 2023.

Fernández y Kicillof están a favor de eliminar esa restricción. Sus administraciones son el principal soporte de la estrategia de los intendentes: pedir licencia y ocupar otros cargos en ellas. Una medida preventiva por si no consiguen modificar la ley: especulan que así podrán eludir la prohibición a un tercer mandato resuelta en el artículo 1° de su reglamentación. Rige para quienes permanezcan más de dos años en el cargo una vez reelegidos. Para no superar ese plazo, quienes pudieron tomaron licencia antes del 10 de diciembre.

Una interpretación interesada sobre la que se asienta también la designación de intendentes en ministerios, secretarías y organismos descentralizados. Pero en la que se omite un detalle importante. El artículo tampoco alude a la posibilidad de tomar licencias para cumplir con el artículo 1°. Una elucubración que aparece en la medida cautelar del juez en lo Contencioso Administrativo de San Martín, Jorge Ocampo, a favor de Andrea Carina Pavón.

La concejal del Frente de Todos en Malvinas Argentinas interpuso un recurso para acceder a un tercer mandato. Pavón es una colaboradora estrecha del intendente Leonardo Nardini, designado por Kicillof ministro de Infraestructura. En su dictamen, Ocampo sostiene que está acreditado el riesgo de un perjuicio irreparable. El peligro que intuye el juez es que Pavón tenga que cumplir la ley. A Ocampo se lo vincula con Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo bonaerense.

El mandato de Lorenzino que vence este año es uno de los temas a resolver en las sesiones extraordinarias. Para renovarlo, Lorenzino precisa el consentimiento de los dos tercios de los Diputados. Lorenzino mantiene un vínculo estrecho con Gabriel Katopodis. El ministro de Obras Públicas es intendente de San Martín y junto a los de Hurlingham y Avellaneda, Juan Zabaleta y Jorge Ferraresi, los más cercanos a Fernández. Zabaleta es ministro de Desarrollo Social y Ferraresi de Hábitat. Pero el que influye en la Legislatura es Martín Insaurralde.

El intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete negocia con Juntos la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias, donde la reelección es el tema sobresaliente. Insaurralde mantiene una alianza incondicional con Máximo Kirchner. El jefe de La Cámpora es el nuevo titular del PJ bonaerense y le disputa a Katopodis y Zabaleta la primacía en la Primera Sección Electoral a través de los intendentes que le responden: Nardini, Federico Achával (Pilar) y Ariel Sujarchuk (Escobar).

Ayer Ocampo dictó una nueva medida cautelar a favor de Carlos Ramón Herrera, presidente del Concejo Deliberante en Malvinas Argentinas. Herrera también reporta a Nardini. ¿Otra prueba de fidelidad de Lorenzino a Insaurralde? Murmuraciones infundadas. La presidencia del PJ nacional actúa como una salvaguarda para Fernández. Aunque esté en minoría, su firma es la que deberá suscribir las alianzas electorales. Una salvaguarda de la que carece Kicillof aunque sea el vicepresidente tercero de Fernández.

El problema de Kicillof es su falta de articulación con el peronismo bonaerense. Un vacío que explotan Máximo e Insaurralde y que obliga al gobernador a gestos de desprendimientos desmesurados. Como designar a Gustavo Menéndez al frente de las empresas del grupo Bapro. Menéndez está condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por el delito de fraude contra la administración pública.

El fallo de la Justicia Correccional de Mar del Plata fue ratificado en mayo por la Cámara en Bahía Blanca, El intendente de Merlo es un exaliado de Zabaleta y Katopodis. Los intendentes del PJ quieren restaurar la reelección indefinida. Los de Juntos prefieren rectificar la vigencia de la ley: que rija desde 2018 y no 2017. Los radicales y los del Pro se imputan recíprocamente el frenesí acuerdista. Liderados por el de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, los de la UCR rechazan que su posición sea comparable con los que denominan “barones del conurbano”.

Fernández fue aliado de Maxi Abad en la interna del año pasado cuando se impusieron a uno de ellos, Gustavo Posse (San Isidro), proponiéndole a sus afiliados una renovación de métodos y de dirigentes. La oposición negocia la inclusión de una cláusula que se oponga enfáticamente a “la trampa peronista” de la reelección indefinida y a los pedidos de licencia que tomaron varios de ellos. No deja de ser un argumento curioso.

Erica Revilla es vicepresidente en la UCR bonaerense. Electa senadora, Revilla pidió licencia a su cargo de intendente en General Arenales. Igual que Jorge Macri en Vicente López para asumir como ministro del gobierno porteño. Un tema que no se tocó en la reunión que tuvo lugar a la que convocó el martes pasado Gerardo Morales en las oficinas del Comité Nacional. Allí asistió Macri como presidente del Pro bonaerense y Patricia Bullrich como titular del Pro nacional. Morales fue acompañado por Abad.

Morales y Bullrich no descartan compartir un binomio que dispute la candidatura presidencial en una PASO de Juntos. La vulnerabilidad de ese proyecto es la falta de delegados propios en la provincia de Buenos Aires. Pero particularmente en el conurbano bonaerense. Allí gobiernan Macri, Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Julio Garro (La Plata). Un cuarteto que comparte la ambición de disputarle a Diego Santilli la candidatura a gobernador, sostenida por Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe del Gobierno porteño también aspira a disputar la candidatura presidencial. Ese es el contexto del pronunciamiento de María Eugenia Vidal contra cualquier modificación a la ley 14.836. La exgobernadora es una aliada de Rodríguez Larreta. Hay una incomodidad entre ellos. Vidal también aspira a disputar ese cargo. La parálisis de la oposición es lo que pone en duda cuando se realizarán las sesiones extraordinarias en las que la posición reeleccionista tiene los dos tercios necesarios para tratar ese proyecto sobre tablas.

Los intendentes del Pro dieron el primer paso. En la Legislatura, Grindetti logró que Adrián Urreli sea vicepresidente de la Cámara de Diputados y Macri honrar su alianza con Daniel Angelici. Christian Gribaudo será el jefe del bloque opositor en el Senado. El oficialismo se restriega las manos. La reelección de Fernández y Kicillof podría dejar de ser una utopía.

Daniel Bilotta