El tema central es que el Gobierno es como un pez fuera del agua. Un gobierno con un componente populista muy marcado, que está obligado a hacer un ajuste. El ajuste se puede hacer reduciendo gastos, aliviando el peso del Estado sobre la sociedad o, al revés, presionando más a la sociedad y sacándole más recursos.

El kirchnerismo eligió ir por este segundo camino, que es el camino que elige siempre, e imagina una ley bastante insólita. Es una ley para hacer siempre lo que debería hacer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI): mejorar sus mecanismos recaudatorios y perseguir evasores para que el resto de los que cumplen no tengan que ser los que cargan con el peso del Estado. El problema es que es una ley un poco insólita por sus características.

Primero, establece penalidades distintas de las que ya existen para el mismo delito, que es evadir dinero. Segundo, busca fondos, recursos, bienes, que estén en el exterior y pretende recaudar a partir de esos fondos que habría que detectar, que habría que encontrar evadidos, en dólares. El gobierno de la soberanía nacional, el gobierno que intenta establecer el peso como única moneda y desdolarizar, pretende que el Estado recaude ahora en moneda extranjera. Es rarísimo.

Pero ¿cómo hacer para llegar a esos fondos ocultos, evadidos, a los que no puede llegar la AFIP naturalmente? Establece un premio para el delator, para el que diga “yo sé que fulano de tal tiene una propiedad, tiene una cuenta, tiene determinados bienes escondidos en el exterior”. Una especie de informante colaborador, que sería una especie de multiplicación de los contadores delatores como Víctor Manzanares. El contador de los Kirchner que le reveló a la Justicia en la causa de los cuadernos no cómo evadían, sino cómo robaban.

Esta figura, que para el kirchnerismo es una figura maldita, la del arrepentido, la del colaborador, porque es el centro de lo que ellos llaman el lawfare, es decir una persecución política arbitraria, ahora estaría en el centro de la política fiscal del Gobierno para pagarle al FMI. Ni siquiera para objetivos que para el propio Gobierno serían más loables.

¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué Manzanares es una figura maldita y por qué si apareciera algún contador que delatara a su cliente debería ser premiado con el 30% de lo que recauda el Estado a partir de su delación? Porque nos estamos acercando a un populismo que decide ajustar por la vía de una mayor presión fiscal, nos estamos acercando a una especie de dictadura recaudatoria.

Carlos Pagni