La ley actual ley de Glaciares forma parte del bloque constitucional de derechos humanos y la modificación propuesta significa un nuevo avance en contrario y no sólo desconoce lo establecido allí sino también el artículo 41, distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (32/2025) y la advertencia del grupo de relatores de DDHH de la ONU emitida en febrero de 2024 cuando se avanzaba en la consideración de la llamada Ley Bases.

Los distintos argumentos brindados por quienes promueven y/o apoyan esta reforma que pone en jaque no sólo a la Constitución Nacional sino también la integridad del ambiente, la calidad de vida de las generaciones actuales y hasta la supervivencia de las generaciones, no responden a ninguno de los cuestionamientos.

Entre las débiles explicaciones brindadas está la consabida justificación económica y la necesidad de favorecer las inversiones. Pero esto también es falso y cae por su propio peso ya que la actual ley de glaciares no ha evitado ni evita las inversiones.

La modificación propuesta sólo viene a cumplir con una de las exigencias de Estados Unidos a este gobierno para priorizar su dominio nuestros minerales críticos, especialmente el subconjunto conocido como “tierras raras”, imprescindible para el desarrollo de la industria bélica y la transición energética.

Fuente: https://www.fundacionrrojas.org.ar/la-actual-ley-de-glaciares-no-evita-las-inversiones/