Pasó hace algunos días, en una visita que Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Axel Kicillof, hizo con intendentes al Museo Histórico 17 de Octubre, más conocido como la Quinta San Vicente, una residencia de 19 hectáreas que perteneció a Perón y adonde fue a parar, en 2006, el cuerpo sepultado del general.

En un momento de la recorrida, delante de los jefes comunales, Bianco instruyó a su secretario que le enviara al director del predio lo que será, si se concreta, el último aporte al patrimonio del museo: el caño de escape del Renault Clio a bordo del cual el gobernador hizo la campaña que lo llevó a ganar en octubre con el 52% de los votos.

En el PJ sonríen. Semejante propuesta sobre el destino de dicha pieza explica parte de la personalidad de Kicillof, a quien todavía no terminan de entender. "Le escribí por mensaje dos veces, traté de ubicarlo una tercera y después me cansé", dijo a este diario un intendente del Frente de Todos, uno de los tantos que se sienten lejos de las decisiones y que atribuyen a esa reclusión el fracaso en el primer test político de la administración bonaerense, que fue en diciembre la ley fiscal, aprobada finalmente el mes pasado con las modificaciones que proponía la oposición, Juntos por el Cambio.

El modo en que el gobernador encaró aquellas conversaciones con la dirigencia política resultó finalmente premonitorio de su segundo tropiezo, el de esta semana, en la negociación para diferir el vencimiento de 250 millones de dólares que tuvo que pagar el martes. La evaluación en el gobierno nacional fue que la estrategia había salido mal y que podría afectar el plan maestro de la gestión de Alberto Fernández, que empieza reacomodando la deuda de la Nación. Para el establishment económico, atento a este objetivo al igual que el Presidente, pero con escasa información sobre el programa, representó al menos un alivio: bancos internacionales que habían llegado a temer por lo que parecía un remedo de 2014, aquel default selectivo en la Corte del juez Griesa, celebraron finalmente el desenlace.

Aunque por motivos distintos, y acaso opuestos, el mercado y el gobierno nacional coinciden en una preocupación: que el modo en que encaró el tema el gobernador pueda afectar la renegociación de la deuda porque reveló a un kirchnerista vulnerable. Es cierto que en ambos ámbitos muestran optimismo sobre una salida, pero también que apremia el tiempo: por el cronograma que tienen los próximos vencimientos, el Presidente está forzado a alcanzar al menos un primer entendimiento antes de abril. Si, como se propone y ha expresado, Alberto Fernández consigue resolverlo en ese plazo, habrá sido un récord mundial: la historia reciente indica que, en los últimos 40 años, ningún país logró en menos de seis meses un acuerdo para evitar un default. El promedio va desde ese umbral hasta el año.

Del modo en que se termine pactando con los acreedores dependerá también el inicio de la salida de la recesión. Una quita agresiva hará seguramente caer enseguida las tasas de interés, porque los operadores observarán un horizonte fiscal despejado: la Argentina, un incumplidor serial, podría pagar los compromisos de los próximos años. Esa alternativa tiene la desventaja de que tal vez el Gobierno y los tenedores de bonos requieran más tiempo para entenderse. Si, por el contrario, el ministro Martín Guzmán logra una solución amigable, sin grandes quitas, es probable que lo haga más rápido, pero que, en cambio, no termine definitivamente con la incertidumbre: si se vislumbra asfixia fiscal y, por lo tanto, próximos defaults, las tasas no caerán tanto y es probable que el despegue resulte más lento.

Todo un dilema para el Presidente, que está obligado a lograr ambos objetivos: el acuerdo con los acreedores y la reactivación de la economía. Por urgencias evidentes, pero también de equilibrio interno en el Frente de Todos. Fue Cristina Kirchner, no la oposición, la primera que preguntó retóricamente en encuentros con el equipo económico cuándo llegarían los primeros resultados. En una coalición, la impaciencia interna puede ser más gravitante que lo que se diga desde una oposición que viene de fracasar en la administración.

Por eso son relevantes los pasos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en quien el establishment ve, con razón o sin ella, la encarnación de las decisiones de la expresidenta. "¿Qué piensa ella?", se han preguntado últimamente en ministerios ante medidas que, indefectiblemente, esperarán la aprobación de la jefa política. Es la misma lógica que lleva a los intendentes a la prudencia. Aunque estén molestos. Algunos de ellos, por ejemplo, protestaron antes de aceptar la invitación de Pablo López, ministro de Hacienda bonaerense, a comprar letras del Estado provincial para contribuir a pagar el vencimiento del martes. Nada nuevo, en realidad: María Eugenia Vidal les pedía con frecuencia a los municipios que al menos no sacaran los plazos fijos que suelen acumular, en algunos casos equivalentes a varias nóminas salariales, en las arcas del Banco Provincia. "Algunos colegas los ponían en el Galicia porque les da un punto más de rendimiento", contó uno de ellos. Pero el resultado de esa recolección, más bien simbólico en relación con el monto real de 250 millones de dólares que suponía evitar el default, habla también de la actitud de muchos de ellos hacia un nuevo jefe político a quien le objetan hasta asuntos de carácter, como su escasa propensión a la sonrisa.

Ni siquiera la presencia de una vicegobernadora que conocen bien y que se propone como nexo, Verónica Magario, alcanzó hasta ahora para atenuar la desconfianza. ¿Será cuestión de tiempo? ¿Llegarán con el gobernador a entenderse, por ejemplo, como lo hacen en el área de seguridad con Sergio Berni, con quien se encuentran todos los meses en el Consejo del Partido Justicialista? Berni centró desde diciembre sus energías en el Operativo Sol, pero proyecta designar en cada municipio un jefe policial que conduzca a las fuerzas de seguridad. Una especie de cogestión. Pero la iniciativa, aplaudida y requerida por la mayor parte de los jefes comunales, necesitará recursos. Es decir, de un arreglo adecuado de la deuda.

En el PJ confían en que estos movimientos de Kicillof no sean más que la búsqueda de una impronta propia: la pretensión de demostrar que las decisiones se toman en silencio y en la intimidad de su pequeño círculo de confianza, en ese Renault Clio donde no entran más de cinco personas. Es la idea que le da un valor infinito al caño de escape: lo convierte en patrimonio de la cultura bonaerense.

Francisco Olivera