El Gobierno nacional confirmó ayer que subirá, de manera inminente, del 30% al 33% la alícuota de los derechos de exportación de soja y sus derivados para quienes producen más de mil toneladas al año. A quienes producen menos de 500 toneladas se les reducirá la presión fiscal, mientras que otros productos de economías regionales pagarán lo mismo que en la actualidad (como el trigo, el maíz y la carne bovina) o menos (como el girasol).

Es lo que comunicó el ministro de Agricultura, Luis Basterra, a los integrantes de la Mesa de Enlace Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural; Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales; Carlos Iannizzotto, de Coninagro, y Carlos Achetoni, de Federación Agraria.

A la reunión se sumaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker. Prometieron que las tasas de interés seguirán a la baja para abaratar el costo del dinero a los productores.

De hecho, el Banco Central comunicará mañana un descenso de dos puntos en la tasa de interés de política monetaria, del 40% al 38%. Esto derramará sobre el resto del sistema financiero. Pelegrina opinó que lo “más destacable” es que el Gobierno aceptó avanzar en la discusión sobre “otros problemas” que tiene el sector productivo. “En esto último, nos escucharon”, acotó.

Fuentes del Gobierno aseguraron que la medida tiene una impronta “redistributiva”, para que los productores más chicos mejoren su rentabilidad y las economías regionales “puedan despegar”. Un colaborador de Alberto Fernández le aseguró a La Voz que se acordó un espacio de revisión y de diálogo para “la búsqueda de mecanismos equitativos y de imposición”. “La recaudación es neutra, la plata vuelve al campo”, añadió. “Se busca mayor equidad social y territorial”.

La voz del campo

Al salir del encuentro en Agricultura, Chemes dijo que había un “descontento a medias”. La Mesa de Enlace buscaba que la alícuota para la soja no aumentara en ningún caso. Pero el Gobierno efectivizará la suba de la retención al 33%, el tope permitido por la Ley de Solidaridad.

Como lo había anticipado este diario la semana pasada, la segmentación era un reclamo de los pequeños productores, principalmente. Achetoni llegó a planteárselo a Basterra. Y la gestión de Fernández encontró en esto una estrategia para dividir el frente y evitar medidas de lockout generalizadas.

Iannizzotto, el representante de los cooperativistas explicó que Coninagro consultará con sus bases para determinar los pasos por seguir. “Veremos cuando salga el detalle en el decreto. En función de ello, analizaremos las medidas que se van a tomar”, enfatizó.

La única entidad que se mostró más satisfecha ayer fue la Federación Agraria. En un comunicado, dijo que las economías regionales son las grandes generadoras de mano de obra del país y, por lo tanto, deben ser impulsadas.

Agregó que “es muy importante acercar políticas públicas al productor” y señaló: “Sabemos que el Gobierno está en esta línea”. Pero pidió más participación en la mesa de discusión para la toma de decisiones de cara al futuro.

Distinto fue el ánimo en la Sociedad Rural, que representa mayoritariamente a los grandes terratenientes. “Cada una de las entidades consultará con su gente y resolverá cómo se sigue. Por supuesto, no nos gusta el sabor de la reunión”, respondió Pelegrina.

Javier Álvarez