Martes, 17 Marzo 2020 21:00

La CGT, en cuarentena: acepta postergar paritarias a cambio de un refuerzo para obras sociales y plan antidespidos - Por Juan Manuel Barca

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La epidemia obligó a reconsiderar la agenda. Ante el riesgo de despidos masivos por el enfriamiento económico, los sindicatos aplazan discusión salarial

 

Preocupada por el coronavirus, la CGT intensificó el diálogo con el Gobierno. La central obrera venía tironeando por las paritarias, fondos para las obras sociales, designaciones y un repunte más rápido de la economía. Pero el creciente temor al impacto de la pandemia sumió en un estado de deliberación a los líderes sindicales.

Algunos gremialistas ahora evalúan aplazar la discusión salarial del 2020 a cambio de medidas que está analizando la Casa Rosada para evitar despidos masivos y un refuerzo del sistema sanitario. Este último punto tiene que ver con las prestaciones brindadas por los sindicatos a más de 6 millones de afiliados y que se están viendo afectadas por la situación de emergencia.

El nuevo escenario quedó plasmado en la decisión conocida el lunes de suspender la primera reunión del año del consejo directivo prevista para este jueves y anunciar en su lugar un encuentro virtual. En dos comunicados diferentes, la cúpula sindical se mostró inquieta por las consecuencias de la crisis y explicitó su apoyo a las medidas dispuestas. A la vez, que advirtió sobre "la necesidad de implementar medidas de carácter sociolaboral", sin hacer mención a las paritarias.

De esa manera, la defensa del empleo volvió al tope de las preocupaciones. "Estamos esperando las medidas y en diálogo informal con las autoridades", dijeron a iProfesional desde la CGT.

El reposicionamiento incipiente dentro del sindicalismo comenzó a gestarse en paralelo a la escalada de resoluciones y decretos del Ejecutivo orientados a frenar el contagio de la pandemia: el cierre de fronteras, la limitación del transporte y la ampliación de licencias. También llegaron medidas como el alivio de los sectores vulnerables con un bono de $3.000 a los jubilados que cobran la mínima y la duplicación por única vez del monto de la AUH y la asignación por embarazo.

A tono con el nuevo clima, algunos de los principales gremios evalúan deponer exigencias salariales o, al menos, moderarlas, porque prevén un escenario de mayor caída de la actividad en los próximos meses.

"Si no hay consumo, no va a haber actualización de salario. Cómo voy a pedir un aumento del 30% si la empresa está cerrada y no hay ventas", advirtieron en la Unión Obrera Metalúrgica, en donde prevén un "parate" de las paritarias.

El gremio liderado por Antonio Caló totalizó una suba del 42% en febrero, por debajo de la inflación de los últimos 12 meses, y absorbió la suma de $4.000 otorgada por el Ejecutivo. El sindicato iba a convocar esta semana una marcha para sentar a las siderúrgicas, pero la medida se desinfló con el agravamiento de la pandemia, que ya infectó a 65 personas en todo el país y puso a todos los sindicatos en estado de alerta.

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) se concentró en las últimas horas en definir con las autoridades medidas de prevención y restricción de la circulación. "Es de mal gusto hablar de otra cosa que no sea la crisis sanitaria", dijo a este medio el vocero del sindicato, Mario Calegaris, al ser consultado sobre las paritarias. La irrupción de la crisis sanitaria alentó, así, un entorno propicio para mantener el acuerdo de hecho entre la CGT y el Gobierno de reemplazar los tradicionales porcentajes por montos fijos y, de ese modo, diferir la discusión salarial.

Aunque la modalidad genera malestar por el achatamiento de las escalas, fue lo que predominó en las primeras negociaciones del año. Y ahora la Unión Ferroviaria tiene "casi cerrada" una suma fija por el primer trimestre. El nuevo esquema impulsado por las autoridades incluye además el fin de la cláusula gatillo, un mecanismo de ajuste atado a los precios. Los docentes bonaerenses ya lo abandonaron, mientras que otros distritos lo eliminaron en forma inconsulta.

La pandemia modificó también la rutina de los jefes sindicales, quienes en su mayoría -por tener más de 60 años- conforman la población más expuesta al COVID-19. El líder mercantil Armando Cavalieri ordenó reuniones de grupos reducidos para analizar el posible cierre de Parque Norte y los edificios centrales de su gremio, con más de un millón de afiliados. El sindicato reconoce que hacen falta subsidios y rebajas impositivas a las empresas para aliviar la caída del consumo en los negocios, pero los empresarios también piden suspender las paritarias. "Pensar en reabrir la discusión salarial es complejo ahora", dicen en la CAC.

Cavalieri logró un 52% de aumento tras revisar en febrero el acuerdo de 2019 y en abril debía negociar los salarios del 2020.

El gremio bancario, en tanto, tenía previsto reunirse el 31 de marzo, cuando vence su convenio. El titular de la asociación, Sergio Palazzo, obtuvo un 53,8% en 2019 y acordó una suma fija de hasta $10.500 por enero y febrero, por encima de los $4.000 fijados por decreto para los trabajadores del sector privado. Pero el coronavirus interrumpió las negociaciones. El sindicalista se reunió el lunes con las autoridades del Banco Central y las cámaras Adeba, Aba, Abe y Abappra para acordar licencias especiales, medidas de prevención y facilidades a los jubilados.

Uno de los puntos que generó mayor tensión fue el pedido a los bancos de que garantizaran a los trabajadores con hijos a cargo la posibilidad de cuidarlos en función de la suspensión de clases. El sindicato amenazó el lunes con adoptar medidas en caso de una respuesta negativa, pero las autoridades finalmente habilitaron ese tipo de licencia.

La implementación de cambios no evitó que emergieran otros conflictos: Palazzo teme que la crisis sea aprovechada para el avance sin control del teletrabajo, justamente uno de los puntos por el que se enfrentó a las entidades el año pasado, junto con el crecimiento de las plataformas digitales y el reemplazo de puestos de trabajo por otros fuera de convenio.

Crece la tensión con los sindicatos

El avance de la crisis a causa del coronavirus disparó temores a nivel global sobre sus efectos en el empleo. En los últimos días, las principales economías del mundo adoptaron planes de estímulo que contemplan la inyección de dinero, la baja de tasas y planes de salvataje de empresas.

Francia asumirá el pago de créditos bancarios contraídos, suspenderá el pago de impuestos y cargas sociales, así como de las boletas de servicios y alquileres. España hará algo similar con las familias vulnerables y autorizó una reducción de la jornada laboral para el cuidado de los hijos, mientras que Italia prohibió los despidos por 60 días.

En Argentina, se espera un impacto múltiple por la caída de los mercados, la baja de las materias primas y la caída de la actividad propiciada por las medidas sanitarias de prevención. La idea compartida en la central obrera es que el Gobierno instrumente un plan similar al del 2009, cuando se produjo una recesión global acompañada de la epidemia de gripe A. De hecho, se anunció una ampliación del programa de Recuperación Productiva (Repro), establecido originalmente por Cristina Kirchner y que luego la gestión de Mauricio Macri redujo al mínimo.

La incógnita es el margen de maniobra de la Rosada para expandir el gasto en un contexto de emergencia y control fiscal. En 2009, la gestión de Cristina Kirchner recurrió al Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, un organismo en el que esta semana el Ministerio de Economía volvió a colocar deuda por $30.500 millones y u$s207 millones.

Por lo pronto, las cámaras privadas ya empezaron a golpear las puertas de la Rosada. Los directivos de la UIA, que esta semana fueron citados por el Ministerio de Producción para garantizar el abastecimiento, ven con buenos ojos el plan "Marshall" de los países europeos. "Es una señal fuerte para evitar los despidos masivos", señaló un industrial.

En varias actividades se respira un ambiente de tensión. La paralización de las obras iniciadas para construir viviendas motivó la semana pasada reuniones del titular del gremio de la construcción Gerardo Martínez con las autoridades. Ese no es su único problema: su acuerdo salarial vence ahora a fines de marzo, luego de negociar una suma fija de $5.000 en octubre pasado (una suba trimestral del 28% en dos tramos), pero los empresarios adelantaron que "se va a demorar".

"La preocupación central no pasa por el salario, no hay ninguna novedad respecto a la paritaria de ningún tipo porque estamos preocupados por otros temas", dijeron a este medio desde la cámara del sector Camarco.

En el sector petrolero, las operadoras analizan reducir la perforación del 80% al 10% para "prevenir el contagio" de la pandemia. Lo que más preocupa, sin embargo, es la fuerte baja del barril de crudo. Hoy, con 40 equipos de perforación en funcionamiento, hay más de 3.000 trabajadores que realizan suspensiones rotativas bajo un régimen de 14x7x7 (14 días de trabajo, 7 de descanso y 7 de suspensión).

La industria automotriz atraviesa una situación similar: las terminales mantienen desde el año pasado más de 5.000 suspensiones en Córdoba. General Motors renovó este mes esa medida en su planta de Rosario.

Uno de los mayores motivos de conflictividad por estas horas son las medidas de prevención adoptadas por las empresas. El sindicato de Comercio se movilizó este martes a la Cámara de Comercio para exigir que cierren los shoppings, los portuarios y aduaneros exigen mayores controles ante las denuncias de la entrada de buques con extranjeros de países en riesgo.

Y el titular del gremio de la sanidad, Héctor Daer, presentó un pedido al Ministerio de Trabajo para ampliar la cuarentena a todo el personal de salud sin afectar el salario. Su sector es uno de los más expuestos: por caso, en una clínica de Galeno en Ramos Mejía, donde hay cuatro infectados, hubo quejas del personal por la falta de barbijos y guantes.

El actual cotitular de la CGT enfrenta otro desafío por estas horas. Su gremio es uno de los que todavía no pudo recuperar los más de 20 puntos de diferencia, tras obtener el año pasado un aumento del 32% por debajo de la inflación que fue del 53,8%. Daer pidió en las últimas horas un reajuste del 2%, una suma fija y que se incorporen al básico los $4.000 del decreto presidencial que todavía no fueron abonados.

El problema es que las clínicas se niegan desde febrero a aplicar la cláusula de revisión, con el argumento de que eso generaría una quiebra del sistema de salud. De no haber avances en las próximas horas, el gremio advirtió que definirá medidas de fuerza.

Juan Manuel Barca

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