El gobierno focaliza su política social en la AUH, mientras recorta o congela otros planes. Los más jóvenes, a la intemperie. 

Tres días después de que la Corte Suprema dejara sin freno judicial la venta de tierras a extranjeros, Luis Caputo y Diego Santilli fueron a París a ponerle precio a la ciudadanía argentina. Un consorcio de vendedores de pasaportes con base en Malta, Dubái, Montreal y Chile asesora gratis el programa y llegó por la ventana después de que se cayera la licitación. Los montos no figuran en ninguna norma; la Cámara Electoral anuló la pieza del decreto que le da a Migraciones el poder de otorgar esas ciudadanías, en un fallo que el Gobierno apeló ante la Corte; la Unión Europea ya tiene la herramienta para castigar al país por tenerla y el modelo a imitar es el de un “selecto” listado de países del Caribe, donde los documentos terminaron en manos de prófugos, evasores de sanciones y oligarcas rusos.