"Creo que por fin la Honorable Cámara, después de demoras injustificadas en la consideración de esta ley, ha resuelto tratarla. Y es de celebrarlo, porque ella viene a atender exigencias imperiosas y necesidades imprescindibles que tenemos el deber de resolver, ya que de ellas dependen el bienestar, la salud y las condiciones de vida de una parte importante de la población de Buenos Aires.

Las habitaciones económicas han sido y son motivo de preocupación en todos aquellos países donde el rápido crecimiento de las ciudades produjo una crisis del alojamiento. Nosotros debemos aprovechar esas experiencias y reconocer, con franqueza, que en esta materia estamos atrasados.

La obra que debemos emprender tiene que ser grande, decidida y previsora.

El alojamiento estrecho, malsano y caro es una de las causas más graves de la miseria, de la enfermedad, del abandono de la familia y de muchos otros males sociales. Por eso no estamos ante un problema menor ni ante una cuestión que pueda quedar librada exclusivamente al paso del tiempo.

Todos los países que han debido enfrentar dificultades semejantes han adoptado distintos caminos. Algunos han fomentado la iniciativa privada; otros han autorizado a organismos públicos a construir viviendas; y otros han permitido que los propios municipios o gobiernos intervengan directamente.

Estas soluciones no son contradictorias.

Allí donde la iniciativa privada ha sido suficiente, los poderes públicos la han protegido, estimulado y facilitado. Allí donde esa iniciativa ha faltado o ha resultado insuficiente, el Estado ha debido intervenir.

Esa es, quizás, la principal enseñanza que podemos recoger: no debemos descartar ninguna herramienta que contribuya eficazmente a resolver el problema de la vivienda.

Bélgica, por ejemplo, consiguió importantes resultados mediante el apoyo a la iniciativa privada y al crédito. Italia creó instituciones encargadas específicamente de construir y administrar habitaciones económicas. Francia combinó la acción de sociedades privadas con la intervención de los municipios. Alemania también destinó recursos a la vivienda de trabajadores y empleados.

Y quiero señalar especialmente el caso de Inglaterra.

Inglaterra, país clásico de la iniciativa privada y de la libertad económica, ha desarrollado cooperativas y sociedades destinadas a construir viviendas, pero también ha recurrido a una amplia intervención de los poderes públicos cuando las necesidades de su población lo exigieron.

Esto demuestra que no existe contradicción alguna entre favorecer la iniciativa privada y reconocer que el Estado debe actuar cuando ella no alcanza.

Si observamos ahora nuestra propia realidad, veremos que Buenos Aires enfrenta un problema que no puede seguir siendo ignorado.

En pocas ciudades el crecimiento de la población ha sido tan rápido y el alojamiento tan costoso. Para un obrero o un modesto empleado, el alquiler representa una parte demasiado considerable de sus ingresos, y cuando la familia es numerosa, esas condiciones pueden hacer que la vida se vuelva casi imposible.

Basta recorrer las habitaciones comúnmente llamadas conventillos, diseminadas por los distintos barrios de Buenos Aires, para advertir la condición miserable y el hacinamiento en que vive una parte importante de nuestra población.

Familias enteras habitan espacios reducidos, poco ventilados y carentes muchas veces de las condiciones indispensables de higiene.

Y esto no constituye solamente un problema para quienes viven allí. Es también un problema de salud pública y, por lo tanto, una cuestión que interesa a toda la sociedad.

He tenido oportunidad de visitar habitaciones económicas construidas en distintas ciudades europeas gracias a una legislación previsora o a iniciativas privadas orientadas hacia ese fin.

La impresión que producen es muy distinta de la que uno experimenta al recorrer muchas de nuestras viviendas humildes.

Mientras aquí encontramos demasiadas veces una realidad ingrata y penosa, allí se advierten condiciones de bienestar, salud, orden y hasta felicidad.

Por estas razones entiendo que es urgente que esta ley se lleve a la práctica y que comencemos esta obra de manera decidida y eficaz.

Pero no es solamente una razón de urgencia la que determina mi posición.

Creo que debemos buscar una legislación capaz de combinar la acción de los poderes públicos con el estímulo a la iniciativa privada.

El Estado debe intervenir cuando sea necesario, pero también debe facilitar el desarrollo de cooperativas, sociedades y emprendimientos que puedan contribuir a aumentar la oferta de viviendas económicas.

No se trata de elegir entre la acción pública y la acción privada.

Se trata de utilizar todos los instrumentos que puedan ayudarnos a solucionar un problema que afecta directamente a miles de familias.

También se ha discutido qué clase de vivienda conviene construir: si debe ser colectiva o individual; si debe destinarse al alquiler o si debe permitir que sus ocupantes lleguen con el tiempo a convertirse en propietarios.

Ambas alternativas tienen ventajas.

Dada la gravedad actual del problema del alojamiento, considero que la vivienda colectiva puede ofrecer una solución inmediata para un mayor número de familias, especialmente para aquellas que viven en las peores condiciones.

Hay trabajadores que no solamente no pueden afrontar las cuotas necesarias para adquirir una casa, sino que muchas veces tienen dificultades incluso para pagar un alquiler normal.

Esas familias deben ocupar un lugar prioritario en nuestra preocupación.

Pero tampoco debemos desconocer la importancia de la casa individual.

La posibilidad de que un trabajador llegue a ser propietario de su vivienda fortalece la independencia del hogar y la estabilidad familiar. Existe en todo hombre, rico o pobre, el deseo natural de poseer una morada propia.

La pequeña propiedad puede cumplir además una importante función social. Se ha dicho con razón que es necesario que el capital trabaje y que el trabajo posea.

Sin embargo, tampoco debemos convertir la propiedad individual en una solución obligatoria para todos.

Una enfermedad, un accidente, la desocupación o la necesidad de trasladarse en busca de trabajo pueden impedir que una familia sostenga durante años el esfuerzo necesario para adquirir una vivienda.

Por eso debemos mantener una visión amplia.

Habrá casos en los que resulte conveniente construir viviendas individuales destinadas a la futura propiedad de sus habitantes. Habrá otros en los que sea más eficaz la vivienda colectiva en alquiler. También las cooperativas y otras formas de organización pueden realizar una obra importante.

No debemos encerrarnos en una sola fórmula.

La magnitud del problema exige ensayar distintos caminos y aprender de la experiencia.

Lo fundamental es comenzar.

No podemos seguir contemplando cómo una parte considerable de nuestra población vive hacinada en habitaciones insalubres mientras otros países han demostrado desde hace años que es posible mejorar esas condiciones mediante una legislación adecuada y una acción perseverante.

La vivienda no es solamente un techo.

Significa salud, estabilidad familiar, higiene, bienestar e independencia.

Y significa también progreso social.

Por eso entiendo que la Cámara y los poderes públicos deben asumir esta cuestión con toda la importancia que merece.

Quiero terminar recordando aquellas palabras de Disraeli:

“La primera garantía de la civilización y del progreso es la habitación; el hogar es la escuela de todas las virtudes individuales, patrióticas y humanas”.

Fuente: Historia del Radicalismo (Facebook)

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