No es tarea fácil -en rigor, nunca lo ha sido- desentrañar que se trae entre manos el kirchnerismo cuando calza el coturno y les adelanta a los organismos de crédito internacional o, como en este caso, a los tenedores de bonos con jurisdicción extranjera su propuesta de pago de la deuda pública argentina.

La estrategia que eligió el gobierno para enfrentar esta suerte de peste globalizada -para ponerle un nombre- no tiene marcha atrás. El aislamiento estricto llegó para quedarse cuando menos hasta fines de mayo o principios de junio, en el mejor de los casos.

Hasta finales del pasado mes de marzo para la gran mayoría de los analistas políticos -radiales, televisivos y de la prensa escrita- Alberto Fernández parecía reunir en su persona todas las características de un estadista, o poco menos.

En los dos primeros meses del año en curso habían muerto 14.641 personas por efecto del Coronavirus; 79.602 debido a resfríos de distinto tipo; 180.584 merced a la malaria; 153.696 se suicidaron; 193.479 en virtud de accidentes de tráfico; 240.950 producto del VIH y 1.777.141 por obra y gracia del cáncer. Las cifras son confiables, como que se originaron en la Universidad de Hamburgo.

A medida que la pandemia se extiende y la cuarentena se prolonga, surgen interrogantes que -al menos, de momento- carecen de respuesta. Pero no son dudas existenciales ni preguntas acerca del sexo de los ángeles.

Si la herencia que recibió Alberto Fernández dejaba mucho que desear, y buena parte de las dificultades con las que debía enfrentarse no tenían solución en el corto plazo, el coronavirus ha agravado la situación argentina hasta límites indecibles.

No hay registros de un gobierno que, apenas comenzada su gestión y en medio de un verdadero berenjenal de problemas, haya decidido -sin razones atendibles a la vista- pelearse al mismo tiempo con el campo, con buena parte de los integrantes de la judicatura y con la mayoría de las iglesias.

Si del reciente discurso pronunciado por Alberto Fernández con el propósito de abrir las sesiones ordinarias del Congreso Nacional se expurgan las vaguedades harto conocidas -propias de todos los presidentes que alguna vez pasaron por el mismo lugar-, las mentiras disfrazadas para que no se note demasiado el engaño, y los temas que se descontaban que el presidente iba a tratar, lo que queda es un texto del montón, sin miga ni vuelo.

El comunicado que el miércoles de la semana pasada, tras finalizar su estadía en Buenos Aires, dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, llenó de regocijo al presidente de la Nación y a buena parte de sus acólitos.

A diferencia de lo que hubiera sucedido en el caso de haber sido Mauricio Macri el triunfador en las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre, Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre con una certeza a cuestas: habría para él luna de miel, más allá de la desastrosa situación hallable en el país que estaba a punto de gobernar.

Si no fuera por el hecho de que abundan temas de mucho mayor trascendencia, la polémica estallada en el seno del oficialismo acerca de la existencia de presos políticos en la Argentina gobernada por el kirchnerismo le hubiera costado a más de un ministro o secretario de estado, la cabeza.

En general, todos los partidos, coaliciones y frentes que demostraron ser exitosos a la hora de vertebrar una campaña electoral en la Argentina contemporánea, a la vez fueron incapaces de formar equipos y de diseñar planes para no improvisar sobre la marcha cuando hicieran su arribo a Balcarce 50.

Es de creer que el ministro de Economía era consciente de la repercusión que tendrían sus declaraciones cuando advirtió, durante el pasado fin de semana, acerca de la inexistencia en su cartera de un plan para auxiliar a la provincia de Buenos Aires, incapacitada con sus solos medios de honrar el compromiso de U$ 277 MM, que vencen el próximo jueves.

Aunque suene poco probable, Alberto Nisman pudo haber decidido, en un momento de desesperación, quitarse la vida. Nadie se halla capacitado para determinar, más allá de cualquier duda, si fue asesinado.

“No es posible que a los empresarios haya que llevarlos a los latigazos”. La frase, escupida poco antes de que finalizara el año ya pasado, no salió de la boca de Cristina Kirchner o de alguno de los muchos integrantes de su entorno que todavía parecen soñar con una revolución socialista.