Lo inmediato es saber si se prorroga al 15 o al 22, la fecha del 8 de mayo establecida como límite para que los bonistas acepten o rechacen la oferta original. Debería ser aplazada esa fecha si efectivamente se quiere abrir la negociación.

La oferta inicial fue mayormente rechazada por los acreedores, ya que consideran que, así como están diseñados, los nuevos bonos de Argentina cotizarían en torno a 30% de paridad después de canje, de modo que no tiene sentido aceptar lo mismo que ya tienen, si además no se les ofrece ningún pago por tres años.

Prefieren esperar en el juzgado, donde tarde o temprano suponen que tendrán un beneficio mucho mayor. Si aceptaran, igual no cobrarían nada por tres años.

Para evitar un default y lograr un acuerdo, los nuevos bonos deberían estar diseñados de tal forma que logren para el mercado una valuación en torno a 45% de paridad, que sería aceptado por las mayorías que se necesitan para avanzar en el acuerdo, evitando los juicios hasta de los que se resisten a firmar.

Nunca se pusieron de acuerdo los acreedores y el equipo económico en la premisa básica: a qué tasa hay que descontar el valor presente de los nuevos bonos Argentinos. Guzmán plantea 7%, el mercado habla de 14%. Todos los argumentos son atendibles, porque la diferencia depende de las expectativas sobre cómo será el futuro de Argentina en 2021 o 2022. A qué tasa debería poder financiarse el país en un futuro, si se evita el default.

En este caso, como son los acreedores los que deben decidir si aceptan o rechazan, importa más lo que cree el mercado, más allá del cálculo de Economía. No ayuda a resolver esta discusión no saber de un plan económico, la inflación y el déficit es galopante y los efectos del coronavirus se anticipan devastadores.

La contraoferta de los acreedores ya existe, en rigor existen varias alternativas, todas conocidas por el equipo económico, pero que hasta ahora fueron siempre rechazadas por el ministro Guzmán.

Desde luego que, en el póker de la negociación, los acreedores piden un menú de bonos y condiciones más generosas para ellos, que llevaría la cotización de los nuevos bonos a 55% o 60% de paridad según sus cálculos.

No hace falta ceder tanto, según coinciden todos los especialistas. Si hay voluntad política en el gobierno argentino para arreglar la lógica es partir la diferencia.

Los detalles para acercar las posiciones pasan básicamente por los tres puntos más conflictivos de la propuesta argentina, según la óptica de los bonistas. Van a reclamar lo siguiente:

• Cobrar en efectivo los intereses adeudados y devengados proporcionalmente a la fecha del cierre del canje. Suman 1500 a 2000 millones, incluyendo los 500 millones de los cupones de bonos globales que vencieron el 22 de abril y no se pagaron, gatillando el período de gracia que cierra el 22 de mayo.
• Los bonistas consideran que, como en toda deuda o contrato, y como ha sido práctica en todas las reestructuraciones anteriores, se pueden re-pactar nuevas condiciones, siempre hacia adelante. Pero lo que está impago del pasado, vencido o devengado, debe honrarse como venía firmado hasta la fecha en que se acuerda cambiar las condiciones. En la puja entre el gobernador Axel Kicillof y los acreedores de la provincia a principios de este año, el ex ministro aceptó pagar los intereses devengados y también capitalizar los intereses que no se pagarían hacia el futuro.
• Este último punto, que se capitalicen y se sumen a la deuda los intereses que no se van a pagar durante los tres años de gracia que pide Argentina y que aceptan los acreedores, también aparece en las decenas de contra propuestas que se le acercaron al ministro Guzmán. No sólo a él, a fuertes influyentes como Sergio Massa. El jefe de Diputados tuvo varios encuentros con representantes de los bonistas desde enero a la fecha. "Poneme en un papelito lo que quieren, y yo me encargo", les habría prometido.
• Finalmente, los acreedores rechazan que el cupón de intereses arranque en 2023 a 0,5%. Aceptan que vaya subiendo medio punto por año, pero reclaman que se inicie en 2,5% o 3% esa escalera. Argumentan que Suiza paga 0,5%, bastante más debería aceptar Argentina

En la práctica, evitar el default no parece tan complejo. Está claro que hay que modificar la oferta original, incluso se argumenta desde la óptica de los bonistas, que las mejoras que se reclaman no afectan severamente el flujo de fondos que tiene en la cabeza Guzmán, y perfectamente se adecuan al modelo de sostenibilidad de mediano y largo plazo que respalda el FMI. Todos coinciden en que un ajuste severo para la Argentina hoy es inviable. Tampoco hacer nada y seguir aumentando el gasto y el déficit.

En términos de costo beneficio, cabe apuntar que en las últimas tres semanas, por no pagar un vencimiento de u$s 500 millones y coquetear con el default, el Banco Central tuvo que sacrificar unos u$s 600 millones de las reservas por la corrida contra el peso. Terminó u$s 100 millones abajo el presidente Fernández en el saldo de reservas por amagar con romper todo. Por no mencionar el daño que se hace el propio Gobierno a sí mismo, al cerrarse cada vez más la posibilidad de financiar el salvataje económico por los efectos del coronavirus, con otra cosa que no sea emisión de moneda a toda máquina y sin respaldo.

¿Cómo resolver entonces el intríngulis legal y financiero para evitar el default de aquí hasta el 22 de mayo? En esa fecha, si no se llegó a un acuerdo transitorio o definitivo con los bonistas, y no se pagan los 500 millones de los cupones vencidos, el país ingresa formalmente en cesación de pagos y se gatillan todas las cláusulas legales que les permiten a los acreedores iniciar juicios por el total de la deuda.

Una alternativa sería un acuerdo ahora transitorio, un stand still como negocia Ecuador, para parar la pelota por 90 días y dejar toda la negociación congelada. Significaría aplazar los vencimientos que tiene la Argentina durante ese período y retomar la negociación cuando se despeje la incertidumbre del Covid-19. No parece fácil que lo acepten los acreedores sin cobrar nada de los 500 millones impagos, más los vencimientos que caen en junio. Debería también garantizar la Argentina que mejora su oferta actual ya rechazada, y que acepta una negociación.

Un detalle burocrático pero decisivo es qué ocurre con la fecha legal ya presentada por el país ante la SEC en EE.UU., que al momento establece el 8 de mayo como fecha final para que los bonistas acepten o rechacen la oferta Argentina. Muchos opinan que esa fecha ya está caduca, pero si efectivamente se abre una negociación, Argentina debería prorrogar esa fecha de cierre, o bien al 22 y caer justo en el último día para pagar, o tal vez por una semana al 15, de modo de ir viendo si la aceptación de los bonistas crece, siempre que se mejore la oferta.

Si no se prorroga la fecha inminente del 8 de mayo, hoy el fracaso está cantado. En el mejor de los casos apenas 30% de los bonistas aceptan el canje, con lo cual no se alcanzan las mayorías para evitar el default. No le convendría a la posición argentina. A mayor adhesión, menos debe ceder el Gobierno.

Aunque no lo logró, en esa lógica fue negociando Kicillof semana a semana con los acreedores a principio de año. El Gobierno, si mejora la oferta, podría medir en dos semanas como va creciendo la adhesión al canje. Incluso podría decidir pagar el 22 de mayo los benditos u$s 500 millones para evitar el default y seguir negociando.

Alternativas sobran. La clave es política. Evitar el default depende de la decisión del Presidente. Y es lo que le han reclamado todas las entidades empresarias y sindicales que firmaron los documentos sobre la deuda. Nadie recomendó defaultear. Ni los gobernadores, ni los intendentes apoyan la cesación de pagos. Todos reclamaron trabajar para evitar el default.

Falta conocer las recomendaciones más trascendentes al parecer. Las que recibe Alberto de Cristina. La vicepresidente tiene experiencia. El cepo, el default y el enfrentamiento con los acreedores le liquidó la economía en su segundo mandato y le hizo perder tres elecciones seguidas. No sería lógico ir otra vez a un desastre, ahora recargado por el coronavirus.

Cubrir el tremendo déficit que sobrevendrá solo con emisión monetaria colocaría al país al borde de una aceleración inflacionaria muy peligrosa.

Sería inexplicable. Conspiraría no solo contra el proyecto de Alberto Fernández. También contra el de Máximo Kirchner. Al borde del precipicio, todo indica que llegó la hora de pisar el freno. Final abierto hasta el 22.

Guillermo Kohan