Sábado, 18 Julio 2020 21:00

Si Alberto Fernández tiene un plan, ¿por qué no lo usa? - Por Alcadio Oña

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Las variables económicas aceleraron su caída. Pero por ahora no se vislumbra las medidas que aplicará el Gobierno para revertir el desplome.

 

La pregunta lleva el sello de las cosas urgentes, pero viene con una respuesta cuanto menos desalentadora. Primero lo primero: si Alberto Fernández tiene un plan como dice, ¿por qué no lo pone en marcha ya, sin aguardar la incierta llegada de la post pandemia? La respuesta es que no lo tiene y que cuando lo tenga deberá someterlo, además, al implacable filtro político de Cristina Kirchner.

Disponer de un programa económico significa haber decidido previamente qué se quiere conseguir y para qué, en un punto central de la gestión de los gobiernos, y contar con una hoja de ruta y con los instrumentos que permitirían alcanzar el objetivo que se busca. Nada de eso, ni parecido a eso existe en la cúpula del poder, sino todo lo contrario: hay un ruido y una crisis de gobernabilidad que aturden y siembran incertidumbres hacia adentro y hacia afuera.

Sobre el no plan de Fernández tenemos una historia abreviada, donde si algo no falta es precisamente tiempo. Para empezar, los siete meses que han transcurrido desde que en diciembre desembarcó en la Casa Rosada o, si se prefiere, el año a punto de cumplirse desde que el rotundo triunfo del Frente de Todos, en las PASO de agosto de 2019, anunció que Fernández sería el nuevo Presidente. Y un plazo elástico: comienzos de febrero pasado, cuando durante una reunión en Diputados el ministro Martín Guzmán sentenció que un arreglo con los bonistas por la deuda era "una condición absolutamente necesaria" en cualquier programa económico, o sea, anterior a cualquier programa económico.

Quizás el fin de la historia del no plan de Fernández llegue empujado por el acuerdo con el Fondo Monetario. En el mientras tanto enfrentamos, sin plan, el Covid-19 y los sacudones económicos y sociales que encadena el Covid-19.

Ha dicho la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, sin rodeos y sin ánimo de vender humo: "La pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a exhibir datos muy fuertes, de una crisis inédita. Y van a empeorar".

También afirmó que el IFE, el subsidio de $ 10.000 mensuales que reciben las capas sociales de muy bajos recursos, "no tiene por el momento fecha de vencimiento" y que "uno de los peores errores sería sacar demasiado rápido el pie del acelerador de la ayuda económica". Allí entran casi 9 millones de personas.

En un limbo parecido se encuentra el programa ATP, la asignación que cubre parte de los salarios que reciben alrededor de 2,5 millones de trabajadores del sector privado. Sumado al IFE, representa un gasto estatal que habrá sumado unos 500.000 millones de pesos entre abril y junio, los meses durante los que, salvo nuevo aviso, regirían ambos sistemas.

Las magnitudes, aunque parciales, hablan sobre el impacto de la pandemia y el efecto que provocará levantar las ayudas.

Igual de potente es el cuadro que muestra un estudio de los economistas Eduardo Levy Yeyati y Luca Sartorio, hecho en base al movimiento de los celulares que registra un índice de Google y publicado en el blog Foco Económico.

En principio, prueba con gráficos una fuerte correlación entre el cumplimiento-incumplimiento de las cuarentenas y la precariedad laboral o, dicho de otra manera, entre el aislamiento obligatorio y la necesidad de ir a trabajar y volver de trabajar que tienen quienes penan por unos pocos pesos y que, además, ni siquiera arañan una ATP.

Según Yeyati-Sartorio, cerca de la mitad de la fuerza laboral considerada precaria estaría en esa situación: o son ocupados en negro, sin ningún tipo de cobertura, o cuentapropistas con habilidades muy limitadas, o trabajadores eventuales o es, al fin, quienquiera que deambule en los bordes del sistema. Dentro de ese universo para nada envidiable viven arriba de 10 millones de personas.

Es obvio, luego, que a cuarentenas cada vez más duras y prolongadas les corresponden incumplimientos cada vez mayores. Y que el relajamiento de los controles efectivos resulta una muestra de pragmatismo, o de pragmatismo forzado por la resistencia de quienes deberían cumplirlos.

Hasta podría decirse que los cerrojos sanitarios aplicados en los ahora llamados barrios populares han servido para curar a mucha gente y, al mismo tiempo, han provocado costos en términos de ingresos de mucha gente de la categoría vulnerable.

Conclusión: hay un contingente enorme y si se quiere silencioso que también padece fatiga de cuarentena.

Otro mundo, diferente y mejor al de quienes viven en la precariedad, es el mundo de los trabajadores privados registrados, en blanco y alcanzados por una serie de beneficios que no existen al otro lado de la frontera que los separa. Pero ocurre que también sufren el zarandeo de la crisis económica, y en cantidad últimamente, según cuentan datos de la AFIP tomados del sistema de seguridad social.

El problema se llama desocupación creciente. Entre mayo de 2019 y mayo pasado, se perdieron allí 411.000 puestos de trabajo, de los cuales 286.000 cayeron en abril y mayo, en apenas dos meses. La mayoría se produjeron en la construcción, el comercio y la industria, que es como decir en las actividades privadas que definen la marcha de la economía.

Un detalle que significa bastante más que un detalle: de los 411.000 empleos que desaparecieron desde mayo del año pasado, 181.000 desaparecieron en el AMBA, la región Metropolitana de Buenos Aires en la que el Covid pega sin respiro y donde se concentra cerca de la mitad del PBI nacional.

Ahora, una estimación y un dato del Centro de Estudios de la Unión Industrial. Primero: en el segundo trimestre de este año la desocupación habría trepado al 15,4%, lo cual significa casi 50% por encima del ya considerable 10,4% del primer trimestre. El dato, que es también un anticipo del futuro próximo, dice que en mayo pasado las suspensiones laborales fueron récord en la serie que arranca en 2006.

Y como dentro de un cóctel así nunca puede faltar una buena dosis de caída del salario real, tendríamos alrededor del 10% este año. Y un impresionante 22% desde 2018.

Al combo le sigue un previsible derrumbe del consumo privado, que andaría en torno del 14%. Y al derrumbe de una pieza clave en la economía argentina le sigue otro del PBI: rondaría un 13% y será la baja número seis desde 2011, incluidas las dos del segundo mandato de Cristina Kirchner.

Está claro que la pandemia y el modo como se la enfrenta pegan sobre una estructura frágil, aunque mejor sería decir sobre una estructura fisurada a lo largo de años y llena de agujeros. Nada de todo esto nació de un repollo ni pudo haber sido sólo obra de cuatro temporadas de macrismo, como pretenden los portavoces del kirchnerismo. Un argumento así desafía la lógica y, además, choca de frente y ostensiblemente con las marcas que el kirchnerismo plantó sobre la realidad.

Es por plata, aunque no únicamente por plata que algunos países desarrollados y no tan desarrollados pueden enfrentar mejor que nosotros el coronavirus y no padecer una crisis semejante a la nuestra. Y si la cuestión pasa por el papel del Estado, la Argentina ha tenido y tiene un Estado grande, tan grande como ineficiente y se comprueba todo el tiempo.

No hay ningún descubrimiento en pronosticar que tenemos y tendremos más pobres, más desigualdad, menos salarios y menos bienes. Solo que, tal cual suele pasar, lo que sea que pase no será parejo.

Cuando se sepa adónde terminamos aterrizando, alguna estadística dirá a qué punto de la historia retrocedimos. Una ya calcula que el PBI por habitante de 2020 estará al nivel del PBI por habitante de 1999; otras hablan de los años 70.

Alcadio Oña

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