Sábado, 25 Julio 2020 21:00

Un subsidio para cada problema: el incierto plan que eligió el Gobierno - Por Alcadio Oña

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El método para administrar la economía en medio de la crisis no hace más que acrecentar la sensación de incertidumbre.

 

Nadie puede ser obligado, obviamente, a sostener todo el tiempo las mismas ideas, el mismo discurso o la misma manera de leer la realidad, porque hay cosas que cambian y porque uno también cambia. Pero bien diferente es ir y venir, decir y desdecirse o responder sin responder en cuestión de días, como ha hecho el Presidente a propósito nada menos que del desastre económico y de lo que sería un modo efectivo e integral de enfrentarlo.

Primero de la serie, un título sin texto durante una reunión con legisladores de Cambiemos: afirmó que tiene un plan y que lo pondrá en marcha cuando llegue la post pandemia. Luego, una vuelta de campana en un reportaje con el influyente Financial Times de Londres: "Francamente, no creo en los planes económicos". Casi simultáneamente anunció en el diario Página 12 que se está preparando "un plan general con casi 60 medidas y con la idea de dividir el país en 6 regiones". Y dos días después, ante inversores de Estados Unidos con intereses en la Argentina: "Muchas veces me preguntan cuál es el plan y yo digo que los planes que la Argentina ha tenido en los últimos años han sido todo un fracaso". Una no respuesta o una manera de escapar por la tangente o las dos cosas al precio de una.

El Poder Ejecutivo, que es como decir Alberto Fernández, tampoco tiene un Presupuesto Nacional hecho y derecho, debatido en el Congreso y sancionado por el Congreso. Ni quiere tenerlo: prefiere manejarse con el del año pasado, sin comprometer pautas, metas y números que, aunque básicos y ajustables, puedan exponerlo a algún monitoreo incómodo o sembrar sospechas de trampas encubiertas.

Conclusión: Fernández gobierna a golpes de decretos de necesidad y urgencia y de superpoderes, tan legales como arbitrarios y finalmente multimillonarios. Bajo ese paraguas y apremiado por los gastos derivados de lucha contra la pandemia, desde enero el Tesoro Nacional ha utilizado recursos extra que montan a $ 845.000 millones según cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Si se prefiere, 11.200 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

Claro que aquellas ventajas que quienes mandan en la Casa Rosada sacan de la falta de una ley presupuestaria significan, a la vez, una desventaja grande para unos cuantos funcionarios de primera línea y aún para varios ministros.

Comenta alguien de un área importante que anda poco menos que a tientas: "Por los gastos del coronavirus enfrentamos restricciones fiscales muy fuertes y debemos manejarnos y resolver con partidas muy limitadas, sin la guía de un plan macro integral ni las pautas de un Presupuesto. Encima, a veces sin un respaldo potente donde apoyar nuestras decisiones".

Otro funcionario habla de "las tensiones que vienen de afuera", de segundas líneas que operan como si fuesen "comisarios políticos" y de varios déficits ya evidentes. Para empezar, el hombre hace un planteo que ya es una marca en la administración Fernández: la necesidad de tener un ministro con poder y experiencia, que sepa cómo se tocan los timbres en el Estado, que conduzca y coordine el trabajo de un equipo propio y que mande en su espacio sin interferencias. Esto es, de seguido, un ministerio en lugar de los cinco o seis de ese palo que existen hoy y actúan bastante, si no muy disociados entre sí. Más el Banco Central y la AFIP.

Si llega el momento de cambiar, ahí o en el espacio que sea, la decisión previa debiera ser definir no sólo a quién se cambia sino también para hacer qué cosas se cambia. Y ya que estamos en plan de pedir normalidad, habría que agregarle al combo un acuerdo en la cúpula del poder que evite repetir el desgastante reparto de casilleros entre el presidente y la vice y dejar claro, definitivamente, que la última palabra es de Fernández. No hace falta hacerlo público, basta con que se perciba.

En el mientras tanto, casi todo lo que tenemos de política económica en estos tiempos de pandemia y cuarentenas son parches sobre parches, subsidios a pasto y emisión a pasto. No hay nada allí que hubiese implicado romperse la cabeza, ni nada que explique mínimamente cómo sigue la película y que lo explique de verdad no sólo para salir del paso. Tenemos, eso sí, el conocido arsenal de controles de precios, de cepo cambiario y Banco Central sometido a una exprimidora, de congelamiento de tarifas y de importaciones reguladas.

De ese mundo, algunos cálculos hechos en base a datos oficiales cantan:

  • Existe un paquete de 19 programas asociados al Covid-19 y al Aislamiento Social Obligatorio que, desde enero, han consumido gastos fiscales por $ 450.000 millones, casi la mitad del monto en que fue incrementado el Presupuesto original.
  • Entre adelantos llamados transitorios que son permanentes y utilidades contables transformadas en plata contante y sonante, el BCRA le lleva transferidos al gobierno nacional 1,25 billón de pesos o impresionantes 16.000 millones de dólares. Emisión pura que pasa de largo a la recaudación impositiva y que cubre todo el déficit fiscal del primer semestre, incluido el pago de intereses de la deuda.
  • Es mucho, pero habría muchísimo más en la cuenta del año completo: cerca de $ 3 billones estiman algunas consultoras, o sea, cerca de 40.000 millones de dólares.

El punto es que, detrás del plan después se verá o del plan a cada problema un subsidio, la asistencia del Central empieza a tocar los límites legales y, por lo mismo, a recomendar la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas. O pensar en cómo salir de un laberinto al que todo el tiempo se le suman calles, celdas y decisiones que muy probablemente implicarán costos políticos.

Estos límites y aquellas magnitudes explican los guadañazos que el Gobierno está pegándole a la inversión pública, un clásico en épocas de ajuste fiscal, o una variante a mano cuando, como ahora, otras prioridades mandan y urgen atención.

Cifras nuevamente de la Oficina de Presupuesto del Congreso dicen que durante el primer semestre los gastos de capital, un capítulo que abarca a toda la obra pública financiada por el Estado, cayeron alrededor del 13%. Ahí la inversión en máquinas y equipos bajó 37% y 3,9% las transferencias a las provincias que también sostienen obras públicas. Todo está en valores reales, o sea, descontada una inflación anual que orilló el 43%.

Medidas por sus porcentajes, la poda mayor le tocó a los planes de vivienda y urbanismo, con el 70%, aunque en plata-plata el golpe más grande cayó sobre los gastos de Vialidad Nacional en rutas, autopistas y corredores, el rubro que pesa y decide cuando los gobiernos resuelven movilizar actividad económica.

La construcción y la obra pública tienen un efecto conocido y valorado por los especialistas y por los no tan especialistas: reaccionan rápidamente ante los estímulos o ante la ausencia de estímulos o las crisis. Dos datos del INDEC hablan justamente de eso y del subsuelo en el que ha terminado la construcción.

Tomado del último Estimador de la Economía, uno revela que la actividad viene en picada desde septiembre de 2018 y que anota un par de rojos terribles en los muy recientes abril y mayo: 86,7 y 62,2%, respectivamente. El dato siguiente, o su pariente directo, dice desde el mismo septiembre de 2018 el sector ha perdido 142.000 puestos de trabajo registrados, en blanco; muchísimos más si a ese universo se le agrega el enorme contingente de ocupados en negro.

Seguramente Alberto Fernández piensa en tiempos definitivamente mejores, cuando sobre los contenidos del plan de las 60 medidas dice: "Buena parte es obra pública y construcción de viviendas. Son formidables movilizadores de la economía, porque ayudan a mover muchas actividades y muchos sectores y sin importar insumos".

Dice un especialista que conoce las posibilidades reales del Gobierno: "Este año todo viene para abajo, desplomándose en la inversión pública y la construcción de viviendas. Es posible colaborar con la reactivación, pero que nadie imagine una explosión. No hay plata".

Estimaciones privadas agregan, sobre ese punto, que en 2020 la inversión pública terminaría en niveles parecidos al año pasado: por debajo del 1% del PBI, o sea, por debajo de los US$ 3.600 millones que con retroceso incluido representaría cada punto del Producto Bruto. Otra vez pisos históricos, muy lejos de registros digamos razonables como sería un 3% del PBI.

El Gobierno no tiene manera de llegar ni siquiera de arañar ese 3% con recursos propios en 2021 y, encima, debe resolver el intrincado acertijo que el propio gobierno está armando con emisión y subsidios. Todo es parte de una economía y de actividades asociadas al desempeño de la economía que entrarán muy golpeadas a 2021, al año de las elecciones parlamentarias en las que se juegan muchas cosas o, mejor dicho, se juegan muchas cosas alrededor de Cristina Kirchner.

Ahí entra el arreglo con los bonistas o la necesidad de un arreglo con los bonistas que pueda abrir el crédito internacional. Y en continuado o en simultáneo, sigue un ajustado abrazo con el Fondo Monetario. ¿Todo, de punta a punta, culpa de la pandemia?


Alcadio Oña

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