Domingo, 09 Mayo 2021 10:51

Internas sin respiro por la economía: el problema se llama Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no Martín Guzmán - Por Alcadio Oña

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La pelea por los subsidios, los cruces por el FMI y el propio Alberto F. vs. Cristina K. hablan de un acuerdo si no imposible, cuanto menos bloqueado. Y corren el foco puesto en el ministro de Economía.

La imposibilidad de acordar, aunque más no fuese mínimamente un aumento para las tarifas de la electricidad y peor, que eso terminara en una batalla pública entre el subsecretario de Energía y su jefe, el ministro de Economía, es la prueba rotunda de por qué el gobierno gobierna sin plan económico o sin algo parecido a un modelo que guie ciertas decisiones.

No lo hay y difícilmente puede haberlo, donde sobran ideas contrapuestas y tareas fragmentadas, falta un conductor con facultades incuestionables y, encima, todo se emparenta con el dislocado manejo del poder que reina en la cima del poder: esta vez con Cristina Kirchner detrás del subsecretario Federico Basualdo y Alberto Fernández detrás del ministro Martín Guzmán.

Siempre dispuesto a opinar o a acomodarse al lado de ciertas posiciones, Axel Kicillof hizo un aporte al barullo general: salió en defensa del techo del 9% para los aumentos sostenido por Basualdo, quien fue funcionario suyo cuando mandaba en Economía, y en el mismo acto desautorizó a Guzmán que empuja por un ajuste mayor. Subido a ese tren, el gobernador bonaerense tampoco reparó en que simultáneamente desacreditaba a Fernández: ¿no reparó o, pensando en Cristina, consideró a eso un asunto ajeno?

Pieza fuerte del armado energético de la vice, Basualdo tiene participación directa en el directorio de IEASA, la estatal que opera una caja millonaria en subsidios y que reemplazó a la ENARSA fundada por Néstor Kirchner en 2004 y, en aquellos tiempos, la encargada de los negocios petroleros y financieros con la venezolana PDVSA de Hugo Chávez. Podría decirse, pujas por espacios de poder y poder del dinero juntos.

Hay otra figura importante en ese elenco, que acostumbra a equiparar los subsidios al consumo de electricidad con los de la salud y la educación, pero que aún mantiene un silencio quizás precavido. Es Federico Bernal, interventor en el Ente del Gas, ex asesor de Julio De Vido y un hombre al que se le atribuyen inclinaciones tanto estatistas como peronistas. Bernal forma parte de la conducción del cada vez más activo Instituto Patria que preside Cristina K y tiene de segundo a Oscar Parrilli, esa especie de cortesano todo servicio.

Menos productividad, casi nada falta cuando hablamos del panorama energético, empezando por el retraso tarifario acumulado durante 24 meses de congelamiento y su contracara, un enorme paquete de subsidios que en 2020 sumó $ 440.000 millones, equivalentes a US$ 5.240 millones al tipo de cambio oficial. Esa cuenta que Guzmán quiere contener ahora avanza al 78% y a ese paso va camino de cerrar el año en alrededor de US$ 6.900 millones de acuerdo a proyecciones privadas que dan un dólar oficial de $ 113 hacia fines de diciembre.

Y para que se entienda mejor de qué estamos hablando, no viene mal recordar que, en 2015, cuando Kicillof dejó de ser ministro de Economía de Cristina y Cristina dejó la Casa Rosada, el stock de subsidios energéticos equivalía a impresionantes US$ 10.600 millones. También entonces el sistema oficial repartía subvenciones sin discriminar entre quienes las necesitaban de verdad y quienes podían pagar por la electricidad una tarifa más próxima al costo de generación.

Resulta evidente, así, que el kirchnerismo ha vuelto al poder sin que sus técnicos hubiesen traído este problema resuelto, como si ahí no hubiera un caso de mala distribución de ingresos escasos y como si el Estado que somos todos nadara en plata. Notable y obvio: a menudo, un subsidio tiene la ventaja de patear el problema en lugar de trabajar para encontrarle una solución.

Un hecho clave en la historia de este crítico proceso fue la pérdida del autoabastecimiento energético, en 2010, cuando el ya declinante superávit comercial del sector viró hacia un rojo cada vez más profundo y las importaciones de combustibles y gas, que rondaban los US$ 4.800 millones, saltaron a US$ 9.000 millones y hasta a US$ 12.000 millones. Pura dependencia del exterior, entre 2011 y 2018 el déficit energético acumulado ascendió a monumentales US$ 31.500 millones.

Las cuentas cambiaron de color repentinamente el año pasado, hacia un superávit de US$ 929 millones. Nada permanente sino transitorio, la causa del vuelco fue una caída a pique de la actividad económica que derivó en un derrumbe del 40% en las importaciones. Lejos de subir, las exportaciones que podrían marcar un vuelco ciertamente consistente retrocedieron 20%.

Con forma de dólares en cantidades tan ostensiblemente grandes como hace tiempo inquietantes y escasos, una fórmula de este fenómeno ya remachada dice que si la economía se mueve un poco seguro tenemos déficit energético y que si baja, quizás tengamos algún saldo externo positivo.

El punto está, finalmente, en que los insumos disponibles ni siquiera sostienen por si mismos los avances productivos más modestos. Según los últimos datos oficiales conocidos, este año la producción de petróleo cae 6,8% contra el año pasado y un 10,3% la de gas natural y que, en continuado, ambas siguen bien por debajo de los registros de 2010.

Dicho de otra manera, hace una década que un factor que resulta vital y mueve las más diversas e imprescindibles actividades enfrenta una crisis aguda, sin salida a la vista y, para colmo, cruzado por internas interminables. Obvio, la culpa no es de la pandemia ni se puede echar a la pandemia.

Rodeada de un embrollo semejante, la historia que sigue también tiene de protagonistas al cristinismo duro o a la propia Cristina y, mal que le pese, al ministro Guzmán. Se trata de un proyecto de declaración del bloque oficialista del Senado, impulsado por el mismo Oscar Parrilli del Instituto Patria, donde se exige que un desembolso extra del FMI de US$ 4.350 millones próximo a llegar sea utilizado para paliar los efectos de la pandemia y no para pagar “deuda e intereses”, como dicen que pretende Guzmán.

“Esto no es una interna del Gobierno, sino un proyecto que tiene un claro destinatario y es el Fondo Monetario”, sostuvo Parrilli. Es demasiado pretender que nadie vea allí una nueva presión sobre Guzmán, que es igual a decir una nueva presión sobre el Presidente justo cuando ambos negocian personalmente un acuerdo con el FMI, o demasiado suponer que los fajos del organismo puedan venir con el rótulo “sólo para usar en gastos de pandemia” y más de lo mismo, que se confíe nada menos que en Parrilli. Es parecido a decirle pomposamente “foto de la unidad” al hecho bastante menos histórico de que el Presidente, Cristina, Massa y Kicillof se juntaran para una foto y a pedido del muy zarandeado Alberto F.

Puede ponérsele el nombre que cada cual quiera, tirarlo para después de las elecciones luego de un año largo de conversaciones y de amagues, pero el problema con el Fondo se arregla con el Fondo. Se llama renegociar alrededor de US$ 44.000 millones que vencen entre 2022 y 2023, de los cuales 8.000 millones caen en el primer semestre del año próximo. También puede llamársele default, solo que ni en un caso ni en el otro será precisamente un paseo.

Cosas parecidas ocurren alrededor de la inflación del 40-45%, del agujero energético, con la actividad económica y el manejo del poder fragmentado. Y mucho de eso hay, visiblemente, en el bombardeo sobre las posiciones de Martín Guzmán, aunque sea el ministro que Alberto Fernández y Cristina Kirchner eligieron y que estará donde está hasta que, se supone, ambos quieran y acuerden. Y nada de hacerse los desentendidos, a Guzmán no lo puso Mauricio Macri ni esta vez puede reprochársele nada a Macri.

Alcadio Oña

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