El "vamos viendo" con que la administración Fernández define a su acción de Gobierno es una invitación a que las expectativas económicas sigan sin mejorar. Hay momentos (los más) en que todo el accionar oficial parece resumirse a esperar, como si pudiera pasar algo que sirva de bisagra entre un presente indeseable y un futuro soñado y auspicioso. Pero no sólo no hay magia capaz de crear ese antes y después, sino que además es más fácil armar una lista de eventos y dinámicas negativas que una lista de eventos y dinámicas positivas a la hora de delinear ese futuro. La renegociación de la deuda con los bonistas privados, los dólares "extraordinarios" de la soja, el acuerdo con el FMI, el fin de la pandemia, las elecciones, etcétera, no fueron ni son eventos capaces de ser esa bisagra que espera el Gobierno. Como los personajes de Beckett en Esperando a Godot, el Presidente y su equipo esperan que algo dé sentido a su existencia y respuestas a preguntas a las que no le encuentran la vuelta. Pero cómo bajar la inflación, cómo volver a crecer y cómo reducir la pobreza, forman parte de un mismo acertijo al que ningún evento por si sólo le dará una respuesta.
Lo que pueda suceder después de la pandemia, o pasadas las elecciones, o cuando ya no queden más excusas para no hacer nada, genera más que especulaciones, temor. Porque luce muy difícil que se pueda evitar una fase de aceleración inflacionaria y cambiaria si para ese entonces no hay un cambio ostensible de la política económica. La cual, vale la pena resaltar, era la misma antes de la pandemia y es la misma que ha venido aplicándose sin demasiados cambios durante los últimos veinte años.
Tampoco hay forma de que Argentina vuelva a crecer con las gastadas políticas económicas que nos trajeron hasta aquí. Aun cuando no hay una receta única para alcanzar el crecimiento económico sustentable, cualquier receta exitosa siempre tiene como ingredientes la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de las reglas del juego, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de propiedad. Pero en nuestro país todo ese marco está sujeto a una enorme incertidumbre; hasta preceptos constitucionales lucen vulnerables frente a mayorías circunstanciales o a excepcionalidades o emergencias también circunstanciales. Para que las expectativas puedan cambiar radicalmente y se vuelva a crecer, Argentina no necesita más regulaciones, sino menos. No necesita más impuestos, sino menos. No necesita una economía más cerrada y menos competitiva. Y mucho menos necesita un Estado cada vez más grande y por cierto cada vez menos eficiente, sino todo lo contrario. Pero un cambio de enfoque tal luce muy poco probable, y por diversos motivos.
En primer lugar, porque la coalición gobernante (incluyendo el Presidente) profesa otro credo: el del "más Estado" como respuesta a todos los problemas.
Segundo, porque una proporción significativa del electorado argentino lo comparte. Según encuestas de Isonomía Consultores, un 70% de la opinión pública está de acuerdo con la intervención del Estado en la economía y favorece los controles de precios y otras intervenciones similares. Lo más dramático de esas encuestas es que al mismo tiempo existe una proporción similar de encuestados que sostiene que dicha presencia e intervención estatal es negativa e ineficiente. Así, la preferencia por la intervención estatal resultaría ser una sinrazón inexplicable y, por lo tanto, muy difícil de ser corregida con más evidencia empírica y/o argumentaciones racionales.
Por último, y aun cuando las circunstancias justifiquen dejar a un costado esos credos, dogmas y prejuicios, las dificultades para llevar adelante un cambio pro-activo de la política económica podrían resultar insalvables. Lo que sucede en Colombia opera como una suerte de espejo en la que ningún otro gobierno quiere verse. Porque tengamos presente que los cambios que la Argentina necesita van mucho más allá de compensar o revertir las políticas impulsadas durante la pandemia. El desafío es cambiar todo el régimen de política económica y no solo corregir o modificar marginalmente algunas cuestiones. El temor a que el cambio genere conflictos de dinámicas imprevisibles ha sido y es un obstáculo prácticamente insuperable para el cambio. Pero no hay cambio en ningún orden de nuestra existencia (como individuos o como sociedad) sin conflicto.
Obviamente a mayor poder político (a mayor gobernabilidad), mayor es la capacidad de un gobierno de enfrentar conflictos y llevar adelante un cambio de régimen. Pero lo cierto es que, incluso cuando la imagen y la percepción de gobernabilidad del presidente Fernández pudieran mejorar, difícilmente esa mayor gobernabilidad será usada para impulsar un cambio como el que el país necesita.
De todas maneras, lo que suceda en materia de gobernabilidad no será inocuo. Pasadas las elecciones, al Presidente todavía le quedarán dos años por delante de gestión y la percepción de poder que se tenga de él será fundamental para la dinámica y la velocidad de la inevitable corrección macro que se producirá (de no mediar un cambio profundo de la política económica previo). Por un lado, porque sin un horizonte de cambio, los controles, congelamientos, restricciones, cepos y prohibiciones se vuelven menos efectivos cuando el poder político es débil. Por el otro, porque la demanda de pesos (y su contrapartida, el atesoramiento de dólares) resulta muy sensibles a la percepción de debilidad política presidencial. Varios episodios de fogonazo inflacionario y cambiario de nuestra historia no pueden explicarse sólo a partir de la monetización presente o futura del déficit fiscal (y/o cuasi-fiscal); hace falta sumar la caída de la demanda de pesos como protagonista central de la fase final de corrección y aceleración nominal (Rodrigazo, hiperinflación, fin de la Convertibilidad).
Lamentablemente, ni el fin de la pandemia ni las elecciones se perfilan como capaces de erradicar el "más de lo mismo". El gradualismo de antes y el vamos viendo de hoy son máscaras de las que se vale para perpetuarse y perpetuar el fracaso del que tanto nos cuesta salir.
Luis Secco
