En las últimas tres semanas el Gobierno aceleró las negociaciones con el FMI. De hecho, hoy una delegación, encabezada por Sergio Chodos, partirá hacia Washington para avanzar en los aspectos técnicos. Atendiendo a las últimas señales, los mercados ya descartan que se alcanzará un acuerdo, y aunque esto puede representar una buena noticia para la maltrecha economía argentina, persisten las dudas respecto al contenido y el eventual cumplimiento. 

Este escepticismo se refleja en el Riesgo País que, a pesar de la caída de los últimos dos días, sigue estando 100 puntos básicos por encima del valor que mostraba previo a las elecciones. Más, si se toma como comparación el valor alcanzado tras el canje con los bonistas, en septiembre de 2020, esta diferencia es de 700 puntos. Ya no basta con saber que habrá un acuerdo, los mercados quieren conocer qué tipo de acuerdo y cómo se implementará.

Hay tres cuestiones centrales del acuerdo con el FMI para las que se esperan definiciones concretas. Primero, la velocidad de reducción del déficit fiscal. El Gobierno aspira a postergar los ajustes más espinosos, al menos por los próximos dos años. Segundo, la cifra estimada del superávit comercial.

El presupuesto original que Martín Guzmán envió al Congreso en septiembre proyectaba para 2022 un superávit comercial de U$S 9.323 millones. ¿El FMI convalidará un número similar? Y tercero, el curso de acción para reducir la brecha entre el dólar oficial y los dólares alternativos. En el último año el Gobierno devaluó a la mitad del ritmo de la inflación, lo que condujo a un atraso de la cotización oficial y a una brecha que supera el 100%.

Acuerdo en ciernes, ajuste en la mira

Al margen del análisis económico de estas tres cuestiones, igual de importante es su correlato político. Respecto al primero de los puntos, la reducción del déficit fiscal implicará una disminución de los subsidios, en especial en las tarifas de servicios públicos y en el transporte. La gran pregunta aquí es cómo se distribuirán los costos.

En los últimos días el Gobierno volvió a instalar la idea de la segmentación tarifaria, proyecto que apareció recurrentemente durante gestiones anteriores, pero que en la práctica no terminó de implementarse del todo (el intento más importante fue durante la presidencia de Mauricio Macri y se realizó en un marco de múltiples cuestionamientos del kirchnerismo).

Con o sin segmentación, gran parte de esta nueva carga caerá inexorablemente sobre los hombros de la clase media. Si el kirchnerismo pretende que haya un acuerdo con el FMI, probablemente se vea obligado a avalar fuertes aumentos en las boletas de luz y gas (al menos iguales a la inflación del 50%, tan solo para mantener los subsidios constantes).

Estamos hablando del mismo kirchnerismo que basó una de sus principales críticas al expresidente Macri sobre este asunto y que en el pasado manejó siempre la cuestión tarifaria según las necesidades políticas y electorales, y no siguiendo criterios económicos.

En lo que respecta al superávit comercial está claro que el tipo de cambio juega un rol central. El atraso del dólar oficial incentiva a las importaciones y ralentiza las exportaciones. Sin embargo, al margen del tipo de cambio, también hay que considerar la política comercial del gobierno.

Puede escucharse a los dirigentes del FDT repetir casi a diario que es necesario aumentar las exportaciones, pero en la práctica el Gobierno implementa políticas que ahuyentan las inversiones en sectores con potencial exportador o que perjudican a los actuales productores.

Lo que más rápido podría haber aumentado son las exportaciones de carne, pero el Gobierno decidió prohibirlas primero, limitarlas después, generando una perdida anual estimada en más de U$S 700 millones.

Además, los controles de precios implementados en el plano doméstico desincentivan las inversiones, lo cual termina perjudicando también el potencial exportador del sector de cara al futuro. Es necesario que haya consistencia entre los objetivos del programa con el FMI y toda la política económica que despliega el FDT.

Otro sector con fuerte potencial exportador es el de los hidrocarburos. Desde que Alberto Fernández asumió, se viene anunciando una ley especial para incentivar las inversiones del sector, sin embargo, aún no se ha aprobado. El presidente la presentó en el Congreso poco después de las PASO, pero el proyecto es cuestionado por parte del kirchnerismo, por las ventajas que otorga a las petroleras multinacionales que inviertan.

Aunque por razones distintas, tampoco es respaldado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. El mandatario neuquino insiste en que el régimen de promoción debe abarcar también a los que ya invirtieron y que al mismo tiempo se atenta contra la autonomía de las provincias.

Ya sea por una cosa o por la otra, lo cierto es que el proyecto de ley probablemente no sea aprobado este año, como pretendía el presidente Fernández. Este tipo de movimientos erráticos y las demoras en alcanzar los consensos necesarios (incluso dentro del propio gobierno) perjudican el potencial exportador.

Por último, para reducir la brecha cambiaria seguramente sea necesario acelerar la devaluación de la cotización oficial, sin embargo, servirá de poco si no se revierte la crisis de confianza. Las divisiones dentro del FDT, el poder que aún conservan los sectores más radicalizados y la espada de Damocles que controla Cristina Kirchner, y que se maneja con un lenguaje ambiguo, son obstáculos que le impiden que el Gobierno anclar las expectativas.

Si no logra renovar la confianza el cierre de la brecha cambiaria será una tarea imposible. Por otra parte, una aceleración devaluatoria provocará también un incremento de la inflación (la medida de este impacto dependerá de las expectativas positivas o negativas que logre generar el gobierno).

Números del acuerdo: la cifra de la inflación, el crecimiento, el dólar, el déficit, el resultado comercial. Pero menos se habló de los aspectos políticos detrás de la futura implementación. Por lo que hemos visto del FDT hasta ahora parece difícil que pueda armonizar metas económicas de corto y largo plazo con su funcionamiento político, caracterizado por los desencuentros internos, un proceso de toma de decisiones tumultuoso y la improvisación constante.

Esperemos que la “segunda etapa” de la que habla el presidente Fernández implique no solo un plan económico claro y consistente, sino también una nueva forma de hacer política.

Sergio Berensztein