La energía política del Gobierno depende en buena medida de su política energética. Se trata de una cuestión de vital importancia que impacta tanto en los débiles equilibrios internos de la coalición oficialista como en la posibilidad de alcanzar cierta estabilidad macroeconómica. 

El principio de acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional compromete a nuestro país a encarar un sendero fiscal de déficits decrecientes, comenzando este mismo año. Se trata de un camino posible pero exigente. Partiendo de un resultado primario negativo de tres puntos del PBI en 2021 hay que llegar al casi equilibrio en 2024.

Habiéndose reducido en el presupuesto nacional el peso de los intereses de la deuda con los privados por la renegociación con los bonistas del 2020, la participación de las jubilaciones y pensiones por el cambio de la fórmula de cálculo y la gravitación de los salarios de la administración pública por el efecto inflacionario, el renglón de gastos que queda para trabajar es el correspondiente a subsidios.

Particularmente los del rubro energía (eléctrica y gas) que equivalen casi al 2,5% del PBI. El subsidio al transporte es menos significativo. De allí la insistencia de Kristalina Georgieva y los suyos por enfatizar la cuestión. Y de allí también la explicación de las resistencias del kirchnerismo, incluyendo la renuncia de Máximo.

Las disputas, claro, vienen de antes. Recordemos que fue precisamente un año atrás cuando el ministro Guzmán quedó “orsai” frente a los subalternos que se opusieron a incrementar las tarifas más allá del 9% contra las pretensiones del titular del Palacio de Hacienda por estirarlas un 29%.

Esos mismos funcionarios que ganaron aquella partida son los que ahora deberán ejecutar las recomendaciones del FMI. Hace meses que venían prometiendo articular una estudiada segmentación para aplicar un ajuste con equidad. Por lo que trascendió esta semana no se excedieron en sofisticaciones.

Tampoco se extenuaron demasiado con los criterios técnicos. Todo indica que la propuesta se inspira más en la lectura del padrón electoral y sus comportamientos que en la de los medidores y sus consumos.

Por qué será insuficiente y agravará el problema del dólar

Después de arduas deliberaciones la primera presentación de la iniciativa se resume en la intención de cobrarle tarifa plena al centro-norte de la Ciudad de Buenos Aires, los municipios de más poder adquisitivo de la primera sección electoral y los countries y barrios cerrados del conurbano y aplicarle un módico 20% al resto del AMBA.

Salta a la vista, aún para la mirada menos aguda, que la intención es preservar el humor de los electores propios y dar a los otros por perdidos.

El tema es que este crudo pragmatismo se muestra insuficiente para reducir el peso de los subsidios. Muy probablemente con este proceder el problema se agrave.

Lo concreto es que, más allá del Fondo, no hay dólares para financiar el mayor consumo que se producirá inexorablemente si buena parte de la población sigue pagando tarifas cada vez más bajas en términos reales.

Recordemos que el Índice de Precios al Consumidor del último trienio oscila por el 45% promedio anual y se espera algo parecido, como mínimo, para el año en curso. Desde el kirchnerismo (y también desde Juntos por el Cambio) hay voces que señalan que Macri perdió las elecciones por los tarifazos de Aranguren.

Muy lejos de convalidar la estrategia draconiana del ex Ceo de Shell y sus rígidas planillas de excel, lo cierto es que la administración de Cambiemos ganó los comicios de medio término de 2017 cuando los consumidores ya habían recibido el impacto de buena parte de la recomposición y perdió las PASO del 2019 cuando tuvo que pagar en las urnas la factura por no haber podido parar la corrida cambiaria que se disparó en 2018 con sus consabidos efectos inflacionarios.

"Es la devaluación, estúpido, no las facturas", podría ser el lema de las próximas presidenciales. Y la guía de los actuales decisores. Claro que el tema energético es mucho más amplio y sus ramificaciones múltiples. Solo baste mencionar que de su extensa gira internacional el presidente regresó con una central nuclear debajo del brazo - Atucha III- fruto de los convenios firmados con China.

Este país aportará el financiamiento, los ingenieros y la mayor parte de los insumos por un monto declarado de u$s9.000 millones (hay quienes lo estiran a u$s12.000 millones).

Dada la envergadura de la obra y la opinión de destacados especialistas que argumentan a favor y otros tan destacados como los primeros que defienden otras alternativas (como financiar una planta de gas natural licuado, por ejemplo) sería interesante abrir un debate respecto a la oportunidad, mérito y conveniencia de esta iniciativa en particular y de toda nuestra matriz energética en general, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de aprender de nuestro pasado reciente y ser prudentes tanto en materia de subsidios como de endeudamiento.

Llama la atención que cuestiones menores se debatan meses o años mientras asuntos estratégicos, endeudamientos y convenios internacionales que obligan a generaciones sean presentados como hechos consumados sin mayor discusión ni análisis prospectivos.

Evidentemente, nos cuesta canalizar nuestras energías de manera productiva y efectiva. Debiéramos corregirlo. Nos jugamos nuestro futuro en ello.

Gustavo Marangoni