Domingo, 13 Febrero 2022 10:19

Mitos vs. realidades que aumentan la desconfianza - Por Néstor O. Scibona

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La tendencia del Gobierno a ocultar los problemas más graves se acentuó tras el anuncio del principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 

La “venta de humo” se convirtió en un hábito del gobierno del Frente de Todos, siempre dispuesto a transformar derrotas en supuestos triunfos, exaltar mitos idílicos o promocionar falsos éxitos de corto alcance, hasta que el contraste con los datos de la realidad termina por desmentirlos y por aumentar la desconfianza tanto a nivel macro como microeconómico. 

Esta tendencia de ocultar los problemas más graves se acentuó tras el anuncio del principio de acuerdo con el Fondo Monetario, como intentan demostrarlo los siguientes tips:

  • Como está planteado, el preacuerdo con el FMI apunta básicamente a evitar el default y también una estampida de la inflación, pero no a bajarla desde el 51% de 2021. De ahí que, en la última encuesta del Banco Central (REM), las consultoras pronostiquen una suba de casi 58% anual para 2022. Según el economista Carlos Melconian, el objetivo de Alberto Fernández es “durar y llegar” (a fin de 2023).
  • Para el Gobierno, la inflación alta es una forma disimulada de ajuste: sube el PBI (nominal) y permite “licuar” (bajar en términos reales) el gasto público no indexado (subsidios económicos, planes sociales, transferencias a provincias, obras públicas, etc.). Aunque se haya anunciado que acuerdo no implica ajustes y el gasto podría crecer “moderadamente” este año, algunas partidas deberán ser recortadas ya que de lo contrario no sería posible achicar el déficit fiscal real.
  • Esto explica la resistencia del kirchnerismo duro (expresada en la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista), a resignar fondos de las “cajas” que maneja y asumir costos políticos por aumentos de tarifas.
  • También explica que Juntos por el Cambio haya condicionado su apoyo en el Congreso a que el programa con el Fondo no incluya subas o creación de impuestos. Aun así, están pendientes en la Justicia los reclamos surgidos a fin de diciembre tras el fuerte incremento de alícuotas de Bienes Personales (votado irregularmente en Diputados por el Frente de Todos) y la caducidad de facultades del Poder Ejecutivo para elevar retenciones a la exportación.
  • Otro relato oficial confrontado con la realidad es que el repunte de la economía en 2022 y la consiguiente mejora de la recaudación tributaria permitirán evitar el ajuste por lado del gasto. Ese repunte está en duda por restricciones externas e internas, a tal punto que el REM lo estima en 3% (casi el arrastre estadístico que deja el fuerte rebote de 10% del PBI en 2021).
  • Por un lado, el drenaje de reservas líquidas obligó al BCRA a ampliar en US$3000 millones el swap con China y reforzar el cepo a los importadores según su capacidad económica financiera (CEF) a cargo de la AFIP, que no fijó parámetros para determinar cupos de compras y pagos al exterior. Este régimen perjudica a las empresas que en los últimos meses no aumentaron preventivamente la demanda de insumos y materias primas importadas para su actividad productiva, pese a las incógnitas sobre un salto cambiario o la más presumible aceleración del ritmo de devaluaciones diarias del peso.
  • Por otro, el preacuerdo con el FMI transforma al plan “más platita” de 2021 en “menos maquinita” este año, ya que prevé reducir a una cuarta parte (1% del PBI) la emisión de pesos para financiar al Tesoro y cubrir un gap de 1,8% (sin incluir el stock de Leliqs y pases del BCRA) en el mercado de deuda local.
  • Según la consultora Equilibra, si la renovación (rollover) alcanzara a 117% en todo el año para cumplir ese objetivo, las tenencias privadas de títulos públicos en moneda local pasarían e 7,3% del PBI en 2021 a 8,3% en 2022. También estima que se inducirá a los bancos a migrar desde Leliqs del BCRA a bonos del Tesoro, con una tasa efectiva anual que en la colocación de esta semana subió a 50/52% según los plazos. Aun así, esta proyección no despeja las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda a más largo plazo ni –en el corto–, el desplazamiento (y encarecimiento nominal) del crédito al sector privado.
  • En el centro de las diferencias dentro del FDT y con el FMI sobre cómo reducir el déficit fiscal primario (sin intereses de la deuda) a 2,5% del PBI este año, está el gran gasto en subsidios a la energía, que en 2021 treparon a casi US$11.000 millones (2,4% del PBI). El Estado cubrió 65% del costo en dólares de generación eléctrica en todo el país y 71% del costo promedio del gas natural para los usuarios residenciales. Para 2022 prevé reducirlos a 1,7% del PBI, pese a las fuertes subas de precios de importación de combustibles y GNL (para el invierno).
  • Sin definir un sendero a más largo plazo de actualización progresiva de precios y tarifas (que en resto del país son mucho más altas que en AMBA), el Gobierno se aferra al ya anunciado ajuste de electricidad y gas (17 /20%) a partir de marzo o abril que, con una inflación superior a 50%, aumentará el gasto real en subsidios en vez de reducirlo.
  • Pero también recurre a medidas disparatadas y alejadas de la realidad para eludir el costo político de aumentos mayores o generalizados, especialmente en el conurbano bonaerense. Una de ellas es la quita total de subsidios a 490.000 usuarios residenciales de electricidad, que pasarán a pagar tarifa plena según una discutible “segmentación” propuesta por el ENRE basada en el precio por metro cuadrado de sus viviendas y focalizada exclusivamente en los barrios cerrados del norte del Gran Buenos Aires y en las zonas más caras de la CABA.
  • Este indicador rudimentario deja de lado que los propietarios (o inquilinos) cuyos ingresos reales cayeron en los últimos años, no pueden vender metros cuadrados para pagar su factura. Que, además, incluye casi 30% de impuestos nacionales, provinciales y municipales; un ítem nunca incluido en las audiencias públicas por tarifas como la que tendrá lugar la semana próxima.
  • Si bien la segmentación tarifaria ya fracasó en la gestión de Julio de Vido, es fácil advertir que la quita de subsidios a menos del 10% del total de usuarios de Edenor y Edesur en el AMBA (5,6 millones de clientes), no moverá el amperímetro del gasto estatal ni sumará ingresos a las distribuidoras. Además, podría judicializarse: según el especialista Alejandro Einstoss, la ley 24.065 establece que “en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o categoría de consumidores podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros consumidores”.
  • Otro caso de discrecionalidad tarifaria es la intención oficial de retirar los subsidios sólo a las líneas de colectivos con recorridos dentro de la CABA, que llevaría el boleto mínimo de $18 a $40, pero los mantendría para aquellas que tienen cabecera en el conurbano. Así, se produciría una brecha de 73 a 120% que aumentará el gasto de quienes utilizan diariamente más de una línea para trasladarse hasta la Capital Federal. Todo mientras la Corte Suprema aún no se pronunció sobre la intempestiva quita de coparticipación de impuestos al gobierno porteño en 2020, para derivar esos fondos a la policía bonaerense.
  • Paralelamente, la intención oficial de que salarios y jubilaciones suban más que la inflación esconde que los ajustes fraccionados en tramos trimestrales deterioran el poder adquisitivo (especialmente de la jubilación minima de $32.000 en marzo), mientras el IPC muestre subas cercanas al 4% como en enero, que se perfilan para mantenerse en los primeros meses de este año.
  • Tampoco es un paliativo la actual política de acordar precios cuidados, limitada a 1300 productos de consumo masivo en supermercados con ajustes trimestrales de 6% promedio y a 265 en comercios de cercanía, cuando el Indec mide más de 90.000 productos y servicios y la realidad indica que el resto aumenta muy por encima con subas de hasta 80 y 130% interanual en comparación con enero de 2021.

Néstor O. Scibona

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