La tasa de variación del Índice de Precios al Consumidor (lo que vulgarmente llamamos tasa de inflación) de enero pasado acercó la evolución interanual de dicho índice al 100%, marca que se alcanzará, casi con seguridad, cuando se publique la variación de los precios de febrero. 

El Gobierno buscó, marketineramente, por todos los medios, evitar que esa simbólica marca de los tres dígitos anuales se diera a finales del año pasado, postergando algunos aumentos de precios regulados, profundizando el régimen de acuerdos de precios, pretendiendo influir sobre las negociaciones paritarias para que tomaran como parámetro el 60% anual de inflación incluida en el Presupuesto y tratando de disipar expectativas de salto en el tipo de cambio oficial, con la ampliación del swap con China, el Dólar Soja dos, y el esperado menor gasto en el saldo comercial energético, con algún aumento de exportaciones de petróleo y con la baja del precio internacional de las importaciones de gas. Ya a comienzos de año se sumó el eventual crédito comercial de Brasil y una operación, todavía no concretada, de compraventa de bonos con bancos extranjeros y un fondo soberano.

Pero todo este despliegue, apenas sirvió para postergar ese “momento Kodak” por un par de meses.

Y es que tanto el racionamiento de dólares para los importadores, que empeorará con la menor oferta de exportaciones agrícolas por la sequía, la necesidad de ajustar algunos precios regulados para no agravar el déficit fiscal ni la oferta de ciertos servicios, y los efectos de corto plazo en el mercado de la carne, han borrado el esfuerzo por influir positivamente sobre las expectativas de inflación de los próximos meses.

Pero el mar de fondo de este escenario es que la Argentina está en medio de un régimen inflacionario de raíz macroeconómica con piso en el 80-90% anual, derivado del desequilibrio fiscal, en sentido muy amplio, que obliga al Banco Central a emitir todo lo necesario para financiarlo y a colocar más deuda, para evitar que la oferte de dinero se incremente aún más. Y esa oferta contrasta con una demanda de pesos en caída, presiona sobre los tipos de cambio y finalmente, sobre la tasa de inflación.

Y más allá de si un mes es el precio de las verduras, y el otro es el de los útiles escolares, y el otro es el precio de la carne, y el otro son las prepagas, y el otro es la nafta, y así sucesivamente, lo cierto es que la Argentina tiene que concentrarse en esa cuestión de fondo, en dónde el impuesto inflacionario es el necesario para licuar gastos e inflar ingresos tanto en las cuentas fiscales de la Nación, como en el de las provincias.

Hoy existe una justificada demanda social para reducir el impuesto inflacionario y según los analistas políticos, es precisamente el enojo por esa demanda insatisfecha el que vuelve poco competitivo al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales.

Pero bajar el impuesto inflacionario en un país que presenta un fuerte déficit fiscal total, bien medido, obliga a “poner algo a cambio”.

Y allí es dónde surge el problema.

Reemplazar el impuesto inflacionario por endeudamiento, si estuviera disponible, no es la solución, porque la Argentina tiene límites objetivos y reputacionales a su capacidad de colocar deuda, y no es de buenas y responsables prácticas, endeudarse para pagar gasto público corriente que no genera capacidad de repago.

Eliminar el impuesto inflacionario aumentando la presión impositiva formal tampoco parece ser una buena solución, si no se cambia el sistema impositivo estructuralmente, dado que el actual está diseñado exclusivamente para “cobrar”, sin tener en cuenta sus efectos sobre la capacidad competitiva del sector privado para producir, emplear, exportar e invertir.

Finalmente, lograr bajar el impuesto inflacionario, reduciendo simultáneamente el gasto público también requiere una reforma de fondo, en el destino del gasto y su diseño, tremendamente ineficiente, regresivo y “desfocalizado”.

Aquí es dónde surge la relación directa entre cambio de régimen y plan de estabilización.

En los últimos 80 años, dejando de lado las dos hiperinflaciones, la inflación promedio de la Argentina rondó el 70% anual. Es decir, el uso y abuso del impuesto inflacionario para financiar al sector público, ha sido la regla, no la excepción.

En este contexto, es fácil de explicar la salida de capitales privado, el bajo crecimiento, la pobreza, la falta de competitividad, la caída de las exportaciones y del empleo de calidad.

El “modelo” predominante fue el de transferir crecientemente recursos del sector privado productivo al sector público “distributivo”. Modelo que se agravó en este siglo en dónde se despilfarraron los buenos precios de exportación de la primera década, expandiendo aún más el gasto.

Pero esa transferencia de recursos fue cada vez más resistida obligando a imponerla “por las malas”, con expropiaciones directas e indirectas, malos impuestos, endeudamiento y, por supuesto, más inflación.

La inversión privada, salvo honrosas excepciones, se concentró, entonces, en el “capitalismo de amigos”, en cotos de caza generados por el Estado, o fue “incentivada” por cepos y prohibiciones a girar fondos fuera de la Argentina.

Vivimos de esta manera, con la peor combinación. Un sector privado con pocos incentivos a mejorar su productividad y competitividad y un sector público, mal proveedor de bienes públicos y pésimo “distribuidor” de subsidios.

Es esta la razón por la cual insistimos en que bajar la tasa de inflación de manera permanente y creíble, va a exigir, no sólo otra política fiscal, no sólo otra política monetaria, no sólo otra política cambiaria, sino también un verdadero cambio organizacional que le devuelva el protagonismo al sector privado en el marco de un capitalismo competitivo, para crecer en serio, y que reconstruya al sector público como proveedor de bienes públicos de calidad.

Parafraseando aquel aviso publicitario: “Cuando se apaga la licuadora, se enciende el cambio de régimen”.

Enrique Szewach