La falta de transparencia que emerge de la auditoría, a priori, pondría en grave riesgo la inminente privatización de AYSA, lanzada por el gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con la información a la que accedió en ámbito exclusivo, la AGN emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252 y detectó falta de documentación e “inversiones no registradas” por más de $42.935 millones para 2025, equivalentes a unos 30 millones de dólares, “lo que generó una subvaluación de las inversiones del 66,57%”, según el documento mencionado.
En la mira quedaron el ministro Luis Caputo y el presidente de AYSA, Alejo Maxit.
