El documento distribuido a la prensa aborda la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela en el período entre junio de 2019 y mayo de 2020, e incluye los resultados de la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos a la vida, la libertad y la integridad de las personas.

En su "Introducción" menciona la aguda crisis política en el país y "la persistencia de las tensiones entre el Gobierno y la oposición" que pese a "los esfuerzos desplegados a nivel internacional y nacional" no ha podido concluir en "una solución negociada y comprensiva".

Más adelante, en el capítulo 3, "El espacio democrático y cívico", el Acnudh denuncia restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacíficas y al derecho de participación en los asuntos públicos".

El texto subraya también que durante el período que abarca la investigación fueron documentados "ataques de grupos civiles armados (denominados colectivos armados) contra opositores políticos, manifestantes y periodistas", y denuncia que "las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques".

También menciona un ataque de estos grupos armados a "manifestantes y periodistas que se habían reunido en un mitin político convocado por (el presidente encargado) Juan Guaidó", además de "desalojos forzosos en las sedes sindicales (...) allanamientos de sedes de partidos políticos, ONG y oficinas de medios de comunicación por parte de las fuerzas de seguridad".

El dato más grave incluido en el documento es el de "38 casos de hombres jóvenes presuntamente ejecutados por las fuerzas de seguridad entre mayo de 2019 y mayo de 2020", en 23 de los cuales se identificó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como responsables.