Claramente, eso es todo lo contrario a la libertad de opinión y a la libertad de expresión.

La norma había sido originalmente impulsada por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que encabeza Erdogan y, en el proceso legislativo que culminó con su sanción, fue abiertamente apoyada por sus aliados políticos nacionalistas más cercanos.

Esa norma obliga a las empresas que actúan en las redes sociales a mantener a todos sus servidores en Turquía y a designar sus representantes en ese país, debiendo mantener los datos de los usuarios y eliminar, en un plazo de no más de 48 horas, aquellos contenidos que las autoridades locales pueden considerar “ofensivos”.

Esto es nada menos que poder eliminar o modificar la llamada “memoria digital”, cuando, de pronto, políticamente convenga hacerlo. Y parece apuntar, asimismo, a poder borrar de la web las acusaciones de corrupción que apunten al gobierno de turno.

Si no lo hicieren, las empresas podrán enfrentar multas muy fuertes, de hasta un millón de dólares. Y, además, ver su ancho de banda reducido hasta en un 90%.

La manipulación de las redes sociales no es, para nada, un fenómeno nuevo en Turquía. Tampoco lo es la censura, más allá de los permanentes esfuerzos por tratar de esconderlas con disfraces y disimulos.

En los últimos cinco años, las autoridades turcas cerraron, una tras otra, a centenares de miles de cuentas electrónicas e impidieron el acceso público a Wikipedia por espacio de tres largos años, como consecuencia fundamentalmente de sus desacuerdos sobre la versión de la historia nacional contenida en el poderoso medio electrónico aludido, hasta que la justicia, a nivel del propio Tribunal Constitucional, finalmente tildara, como se esperaba, a esa medida de inconstitucional.

Otras veces, las medidas de control se basaron en que, desde las redes presuntamente se difundían mentiras y falsedades, con las que se “desinformaba” a los usuarios. Entre ellas, un supuesto apoyo turco a las milicias violentas del Estado Islámico, que actúan en la guerra civil en Siria.

La nueva norma, que es considerada inconstitucional por la oposición, permitirá aumentar los controles y, de alguna manera, procura legitimar políticamente a la constante censura gubernamental. Lo que es simplemente, atroz.

El gobierno, por su parte, argumenta que “había demasiadas críticas contra el gobierno” y que, además, es necesario proteger la intimidad, desterrar el extendido acoso sexual, y no permitir el aumento ilegal de los juegos de azar, así como procurar evitar los fraudes y el uso de las redes por parte del terrorismo.

Agregando, críticamente, que las redes “no se adaptan a este país, ni a su gente”, razón por la cual se quiere que estén “cerradas” o “controladas”, lo que parece una visión demasiado extrema.

Se burlan del yerno

Mucha gente sostiene que la medida se tomó, en buena medida, para evitar que la gente siga usando las redes para burlarse -de mil maneras- de los miembros de la familia Erdogan. Especialmente de su yerno, el actual ministro de finanzas, Berat Albayrak, y de la propia hija del presidente Erdogan, Esra, al tiempo de anunciar el nacimiento de su cuarto hijo. Lo que Erdogan califica, duramente, de “inmoralidad”.

El gobierno islámico turco, cabe recordar, ya controla un 90% de los medios de comunicación, razón por la cual, se trata de “más de lo mismo” en un país que obviamente no acepta el disenso, ni protege la libertad de expresión.

Y que, como si eso fuera poco, mantiene a varios periodistas independientes encerrados en prisiones. Para los críticos, se trata de un inocultable “mazazo”, disfrazado de justificativo legal, que ha sido efectivamente consumado contra la libertad de opinión.

Todo proveedor digital que tenga más de un millón de visitas diarias y permita la interacción de sus usuarios queda sometido a la nueva norma. Ciertamente ello incluye tanto a Twitter, como a Facebook, You Tube y Tik Tok, todos ellos verdaderos “gigantes” de las redes sociales.

El estado actual de cosas se modificará rápidamente

Durante la primera mitad del 2019, Turquía requirió a Twitter retirar 6.073 mensajes, sobre 9.000 cuentas. Twitter sólo accedió al 5% de las peticiones formuladas. En más deberá informar asimismo quien, o quienes, son los responsables que están efectivamente detrás de cada mensaje.

El acceso público a las redes sociales ha sido reiteradamente bloqueado por el gobierno turco todo a lo largo de la última década.

El gobierno turco, que sólo tiene un mal disfraz de demócrata, acaba de enrolarse entre los países del mundo que ya no pretenden siquiera ocultar los mecanismos de censura a los que recurren para tratar de cercenar las libertades de opinión y de expresión, haciéndolos claramente ostensibles.

La evolución reseñada no es para aplaudir, sino para preocupar. Por esto cabe hacer votos para que los nuevos instrumentos turcos de censura no sean utilizados respecto de las comunicaciones electrónicas de sus más de ochenta millones de habitantes, pese a que ahora puedan estar disponibles, normativamente.

Santa Sofía

La reciente reposición del carácter de mezquita a la famosa ex catedral bizantina de Santa Sofía, sumada al impacto de la peligrosa norma reseñada, proyectan un velo con tonos ciertos de intolerancia, sobre un país que históricamente ha tenido, algunas veces, conflictos con componentes religiosos de importancia.

Pero que, en los últimos tiempos al menos, había derivado hacia el secularismo, de la mano del pensamiento del ex presidente Ataturk, que ahora pareciera estar lentamente quedando de lado, novedad que, cuidado, no es necesariamente para celebrar.

Emilio Cárdenas