Con estas iniciativas, el nuevo presidente de Estados Unidos desmantela en buena medida el legado de su predecesor, Donald Trump, que, a su vez, había impuesto esas medidas por medio de Órdenes Ejecutivas o de acciones administrativas. Ésa es la clave de este tipo de actos: no son leyes, así que el presidente puede aprobarlos, literalmente, de un plumazo; pero, por esa misma razón, su sucesor puede borrarlos solo con su firma.
Esas medidas ya habían sido anunciadas. Algunas, tienen impacto internacional, como las arriba mencionadas. Pero la mayoría son para el consumo interno. Algunas, para un electorado muy específico, como la recuperación de la protección de una serie de espacios naturales en Utah y en Nueva Inglaterra que habían sido abiertos por Trump a la explotación petrolera y minera.
Una de las decisiones va a dificultar los vínculos entre Estados Unidos y Canadá, pese a que el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, tenía una pésima relación con Trump. Se trata de la revocación de la licencia para la construcción del tramo XL del oleoducto Keystone entre los dos países. El XL es una tubería de 526 kilómetros que transportaría el petróleo obtenido de las arenas bituminosas de Alberta a una red que termina en las refinerías del Golfo de México. El proyecto lleva siendo el centro de una batalla legal y política desde que fue presentado hace más de una década, durante la presidencia de George W. Bush.
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Los presidentes republicanos - Bush, Trump - lo han aprobado; los demócratas - Obama, Biden - lo han cancelado. Eso se debe a que el oleoducto no solo transportaría petróleo - una fuente de energía cuyo uso los demócratas quieren limitar en favor de las renovables - sino, también, a que uno de los mayores beneficiarios sería Koch Industries, el conglomerado industrial de charles Koch, uno de los hombres más ricos del mundo y, también, de los mayores donantes del Partido Republicano.
Además, el oleoducto atravesaría uno de los mayores acuíferos del mundo, el Ogalalla, con el consiguiente riesgo de contaminación de agua para irrigación y el abastecimiento humano.
Por su parte, Canadá, que es el tercer país del mundo por tamaño de sus reservas de petróleo, siempre ha visto el proyecto como una de las puertas para exportar su crudo, hasta el punto de que el actual primer ministro de ese país, el liberal Justin Trudeau, ha aparcado su política 'verde' para financiar con dinero del contribuyente la construcción del tramo canadiense del XL.
Un tramo que ya está terminado y que ahora, probablemente, será destinado a chatarra, porque tras más de una década peleando por él, ninguna empresa quiere seguir con una obra que depende de los azares de la política en Washington.
