Dijo de todo. Que encontró al presidente con “una determinación importantísima en combatir la corrupción, fundamentalmente la corrupción que pueda haber en un entorno de Gobierno y durante su gestión”. Aseveró que Castillo quiere que su gobierno sea “el más limpio posible” e impulsar un “monitoreo para que haya transparencia, permanente justicia sin ningún elemento de sombra sobre funcionarios.
Con el partido en contra
Pero esta reunión de Castillo con Almagro en vísperas del 7 de diciembre, día que el Congreso votará para debatir la moción, incomoda a su partido porque para la tolda que lidera el marxista, Vladimir Cerrón, la OEA constituye un “organismo de control geopolítico de Latinoamérica y el Caribe bajo cuya protección o indiferencia se avalaron golpes de Estado en varios países cumpliendo estrictamente órdenes de Estados Unidos”.
No la reconocen. No ceden en ello como tampoco en el rechazo de Harold Forsyth como el representante permanente de la administración de Castillo ante la instancia internacional, pese a que asumió en noviembre la presidencia del Consejo de ministros de la OEA tras el cese del periodo del representante de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders. Desde su nombramiento lo desprecian.
En esas condiciones, el espaldarazo de Almagro a la gestión del “primer presidente campesino” -como lo bautizó al conocerlo en México – está lejos de conmover a las bases del partido que el domingo 5 de diciembre tiene una agenda general para definir si votará a favor o en contra la moción de vacancia por contra el mandatario que ayudó a llegar al poder.
Demanda con polémicas
El partido de Castillo tiene material para deliberar considerando que la demanda de destitución cuestiona siete aspectos de la gestión de Castillo: los gastos de campaña de Perú Libre, la designación de funcionarios ligados al terrorismo, presunto tráfico de influencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas, las relaciones con el régimen chavista, la inestabilidad política y económica, la mala relación con los medios de comunicación y su permisividad ante la violencia de género.
En todas ellas, Perú Libre ha tenido incidencia y no son poca cosa. Representan el historial de polémicas de Castillo en menos de tres meses al mando del país.
En el Congreso las bancadas de Fuerza Popular que cuenta con 24 diputados, Renovación Popular que tiene nueve y Avanza País que agrupa diez apoyan debatir al respecto. En conjunto suman 43 votos a favor para la admisión, pero se requieren 52.
Perú Libre con sus 37 parlamentarios, Acción Popular con 15, Alianza para el Progreso con 15, Somos Perú con seis, Podemos Perú con cinco y Juntos por el Perú con otros cinco y los no agrupados que conforman los tres congresistas del Partido Morado y el legislador Carlos Zeballos, quien salió de la bancada de Acción Popular, analizan el panorama que tiene ahora en medio a la voz de Almagro asegurando que Castillo está “comprometido a trabajar con todas las fuerzas políticas”.
Cuatro legisladores de Alianza para el Progreso, Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Lady Camones y Alejandro Soto aprobarán la discusión junto al diputado de Podemos Perú y los representantes de Somos Perú, Carlos Anderson y Héctor Valer y Kira Alcarraz según La República.
Si es así, ya hay 50 votos y sólo restarían dos para que Castillo arribe al Congreso en compañía de un abogado a responder por las acusaciones. La escena parece inminente.
