Viernes, 17 Junio 2022 11:02

Pedro Castillo afronta una investigación por corrupción antes de culminar su primer año de Gobierno - Por Paolo Aguilar

Escrito por Paolo Aguilar

Por primera vez, el Ministerio Público investiga a un mandatario en funciones como supuesto líder de un grupo que encargaba obras públicas a cambio de sobornos. 

El presidente de Perú, Pedro Castillo, está citado este viernes para responder a un interrogatorio fiscal por una investigación en su contra como supuesto líder de un grupo que encargaba obras públicas a cambio de sobornos. Pese a que el mandatario ha dicho que colaborará con la justicia y que acudirá a su cita ante la fiscalía este viernes a las 10 de la mañana, su abogado busca anular la investigación.

“En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar”, ha dicho este jueves Castillo al negar irregularidades en su gestión, que cumple un año el próximo mes. Sin embargo, en las últimas semanas su abogado planteó dos recursos para anular la investigación: uno ante la fiscalía y otro ante un juez constitucional. Finalmente será un juez el que decida si la fiscalía puede continuar la pesquisa o tendrá que esperar a que concluya el mandato.

El fiscal general ha encontrado indicios de que el jefe de Estado encabezó una organización criminal que se benefició con coimas de empresarios que el año pasado ganaron irregularmente una licitación de más de 62 millones de dólares para la construcción de un puente: otros tres investigados pertenecientes al entorno de Castillo están prófugos.

El exministro de Transportes, Juan Silva; el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco; y un sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, huyeron de la justicia mientras la prensa de Lima revelaba las versiones de los empresarios involucrados en la trama y que ahora buscan colaborar con la justicia para recibir una pena menor.

Un despacho fiscal de corrupción de funcionarios y otro de lavado de activos empezaron las pesquisas el año pasado a raíz de las visitas de Karelim López -una gestora de intereses ligada al fujimorismo- a la casa en la que Castillo despachaba como presidente en las primeras semanas de asumir el cargo. La empresaria también figura en los registros de visitas de Palacio de Gobierno y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en los días previos a que el Consorcio Puente Tarata III (formado por las empresas H.B, Tapusa y Termirex) ganara la licitación para construir el millonario puente en la amazónica región San Martín.

Según la manifestación de otro gestor de intereses involucrado en la adjudicación irregular de obras públicas, Zamir Villaverde, él entregó un maletín con dinero al entonces ministro Silva como agradecimiento de una de las empresas seleccionada en la licitación. En sus términos, fueron “cien grandes”, aunque no está claro si se refiere a 100.000 dólares o soles. Al día siguiente de que la prensa publicó la versión de Villaverde, el exfuncionario envió un mensaje por Whatsap a su escolta para que no lo acompañaran hasta nuevo aviso. En Perú, los exministros tienen un auto y protección policial por algunos meses después de haber dejado el cargo.

Pese a que en esos días la fiscalía ya había pedido a la policía vigilar a Silva, el exdirector de escuela y amigo de Castillo se escabulló. El Ministerio de Interior ha fijado una recompensa de 13.400 dólares para quien permita la captura del extitular de Transportes, y montos menores por el exsecretario Pacheco y el sobrino del jefe de Estado.

Según la Constitución, un presidente en ejercicio solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por impedir las elecciones, o por impedir el funcionamiento del Congreso y los organismos electorales. Debido a ello, anteriores fiscales generales abrieron investigación por otros delitos contra el entonces presidente Martín Vizcarra y contra el propio Castillo y dejaron pendiente la continuación para cuando concluya el mandato. Sin embargo, el fiscal general Pablo Sánchez -en funciones desde el 30 de marzo- ha incluido al presidente Castillo en la investigación fiscal del Puente Tarata “ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”, según indicó un comunicado del Ministerio Público a fines de mayo.

Este miércoles, en una audiencia judicial, Benji Espinoza, el abogado del jefe de Estado, pidió al juez supremo constitucional Juan Carlos Checkley anular la investigación fiscal al presidente; su argumento es que la acusación inicia con la atribución de un delito. En el otro lado, el fiscal adjunto supremo Samuel Rojas -en representación del fiscal general- sostuvo que el juez debe permitir que continúe la pesquisa debido a que nunca antes hubo “indicios suficientes de que un presidente en ejercicio estaría usando su alto cargo para liderar una presunta organización criminal enquistada en el aparato del Estado (el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) para obtener ganancias ilícitas”.

Rojas calificó la decisión del fiscal general de investigar al jefe de Estado como un parteaguas en el Ministerio Público, pues intenta compatibilizar el artículo 117 de la Constitución con la protección del sistema democrático y el estado de Derecho. El magistrado Rojas añadió que la inmediatez de la investigación se debe a la necesidad de acopiar elementos para saber si las sindicaciones a Castillo tienen sustento, y para evitar la destrucción de pruebas. Si bien el juez Checkley no indicó la fecha precisa en que tomará su decisión, Castillo está citado para responder un nuevo interrogatorio fiscal por este caso este viernes.

El presidente, además, tiene otra investigación abierta por la anterior fiscal general, Zoraida Ávalos, por presunto tráfico de influencias y colusión en el proceso de ascenso de jefes militares. Castillo asumió la presidencia a fines de julio del año pasado y ha enfrentado tres intentos de la oposición parlamentaria para sacarlo del cargo, mediante la figura constitucional de la vacancia por incapacidad moral, que requiere 87 votos. Sus opositores quieren modificar la norma para que sean necesarios menos votos para la vacancia o ampliar el número de delitos por los cuales es posible acusar a un presidente en ejercicio.

Más allá de la obstaculización del Congreso, el mandatario ha tenido un pobre desempeño debido a la alta rotación de ministros -la mayoría de ellos no competentes para el puesto, como fue el caso de Silva en Transportes-. Castillo ha tratado de bloquear los votos en su contra en el Parlamento entregando los ministerios a diferentes grupos políticos.

La falta de continuidad de los gestores públicos ha afectado el vínculo con sus electores, principalmente de las áreas rurales y de clase media o en pobreza. Según la última encuesta de Ipsos Perú, un 70% desaprueba su gestión. Por otro lado, la principales organizaciones agrarias han convocado a un paro a fin de mes, “como un llamado de atención al Gobierno” ante la falta de fertilizantes, la crisis alimentaria y el endeudamiento de los agricultores, explicó en Radio Nacional César Guarniz, gerente general de la Junta de Usuarios del sector hidráulico de Riego del Perú. “Existen algunos errores y las cosas deben caminar como corresponden”, comentó.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…