Si bien el presidente Boric en un comienzo aseguró que su Gobierno no perseguiría a las personas por sus ideas y declaraciones, con el paso de las semanas varió de posición hasta solicitar al ministerio del Interior que ampliara una querella por la Ley de Seguridad del Estado presentada por su antecesor, Sebastián Piñera, contra Llaitul en 2020.
Tras conocerse la detención del portavoz y el compromiso de su ministra el mandatario sentenció la postura oficial: «Las señales que yo doy en particular deben ser claras: sí al diálogo y no a la violencia».
Este jueves se realizó la audiencia de detención y formalización de Llaitul donde la jueza de garantía, además de declarar su legalidad, lo dejó en prisión preventiva en un penal de la ciudad de Concepción y estableció un plazo de 30 días para iniciar el juicio.



