Camacho está acusado por la justicia de un delito de terrorismo. El Ministerio Público asegura tener los argumentos suficientes para establecer que el opositor provocó un vacío de poder en 2019 con el propósito de «constituir un gobierno Cívico Militar, del cual sería parte».
En 2019, el presidente Evo Morales tras las elecciones renunció a su cargo y huyó a México en medio de movilizaciones sociales que lo acusaban de un fraude electoral para mantenerse en el poder por tercer mandato consecutivo, en contra de lo que dicta la Constitución.
Un informe de la Organización Estados Americanos concluyó que hubo «manipulación y parcialidad» en los comicios de ese año. En Bolivia, la justicia desestimó que hubiera habido fraude electoral e investiga a quienes lideraron los conflictos, como Luis Fernando Camacho.
El opositor al Gobierno de Luis Arce fue arrestado el pasado miércoles por hombres vestidos de negro y encapuchados, que portaban armas de grueso calibre, relataron quienes lo acompañaban. Luego, Camacho fue trasladado a La Paz en medio de un fuerte operativo policial y tras estar incomunicado durante más de tres horas.
Pasadas las 17 horas del jueves, comenzó la audiencia virtual del líder opositor, que se prolongó por espacio de ocho horas. Allí, el fiscal Omar Mejillones lo acusó de provocar la renuncia de Morales en 2019 «en contra de su voluntad». Por su parte, el abogado de la acusación dijo que el gobernador debía ser enviado a la cárcel, de forma preventiva, porque no se conoce dónde trabaja y dónde vive, lo que provoca riesgos procesales. Finalmente, el juez Sergio Pacheco dictó prisión provisional para él durante cuatro meses.
Ha recurrido la decisión judicial
«Una resolución oscura», así fue calificada el fallo de luez por el abogado del gobernador. Martín Camacho contó que los acusadores se escudaron en la audiencia virtual, no encendieron sus cámaras y durante la audiencia se leyeron argumentos y una resolución transcrita con anterioridad. Tras conocer la disposición del juez, se inició un proceso de apelación.
El opositor abandonó la audiencia escoltado por un fuerte dispositivo policial y fue conducido a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro la misma madrugada de este viernes. Ese extremo también intentó ser evitado y su defensa argumentó que su vida corre peligro por una enfermedad en la sangre que necesita permanente tratamiento. Todos esos incidentes fueron rechazados en la justicia boliviana.
Desde el arresto de Camacho, los edificios de, al menos, cinco instituciones públicas fueron quemados en el departamento de Santa Cruz, entre ellos. el de la Fiscalía departamental. La vivienda del ministro de Obras Públicas también sufrió destrozos; las autoridades nacionales se apresuraron a culpar de los daños a los seguidores del opositor y tacharon los hechos de autoatentados.
Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz se ha convocado para ese viernes un paro de 24 horas. Exautoridades y otros medios en Bolivia han advertido de que los conflictos sociales podrían incrementarse en los próximos días.
Mientras, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha mostrado su «preocupación por los acontecimientos recientes en Bolivia» y los enfrentamientos que se han producido tras la detención del gobernador de Santa Cruz con el bloqueo de carreteras y aeropuertos.
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La portavoz asociada del secretario general Florencia Soto Niño-Martínez ha explicado que Guterres ha hecho un «llamamiento a la calma» y ha apelado «a todos los actores políticos y sociales a ejercer la máxima moderación». «(Guterres) reitera la importancia de adherirse al estado de derecho y asegurar el debido proceso y la transparencia en los procesos judiciales«, reza un comunicado publicado en la página web de la ONU.
