La medida también supone el traspaso de sus bienes e inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, lo que afectará a los colegios Loyola y Centroamérica, además de las escuelas de Fe y Alegría.
La decisión se toma justo una semana después que el gobierno de Daniel Ortega ordenara confiscar la Universidad Centroamericana (UCA), que había sido administrada por la orden religiosa desde hace más de 60 años y que ahora llevará por nombre la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
A raíz de ese hecho, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) emitió un comunicado para expresar su rechazo por considerar que la UCA ha sido "calumniada y hostigada".
