En 2021, tras un intento de vandalización e incendio por parte de manifestantes que la veían como un símbolo del orden y del poder militar, las autoridades decidieron retirarla. Desde entonces, el pedestal quedó vacío, mientras la plaza —en obra desde hace un año— permanece rodeada de vallas y maquinaria pesada.
Cuesta imaginar que, hace exactamente seis años, este mismo punto neurálgico de Santiago fue el epicentro de las protestas más masivas de la historia reciente de Chile, un escenario que por momentos se asemejó a un verdadero campo de batalla: columnas de humo elevándose desde las esquinas, estaciones de metro destruidas, barricadas ardiendo y una densa nube de gas lacrimógeno cubriendo la rotonda.
Yo participé de las protestas, de las familiares y de las violentas, por el abuso económico”, recuerda en diálogo con LA NACION Cristian Bustos González, un obrero de 42 años que hoy trabaja en la misma plaza a la que acudió en 2019 como manifestante.
La memoria también atraviesa a una generación más joven. Vicente Andrade, estudiante de Antropología de 19 años, era un niño cuando estalló la crisis, pero asegura que ese momento marcó su vida y la del país. “Mis compañeros más grandes participaron; incluso una amiga fue torturada en la estación Baquedano”, cuenta.
Ese entramado de recuerdos, frustraciones y expectativas convive hoy con un clima político muy distinto. Porque, más allá de lo que opinen Bustos, Andrade o quienes vivieron el estallido desde distintos lugares, la campaña avanza en una dirección diferente: la seguridad eclipsó a la justicia social, el orden desplazó a la épica transformadora y las encuestas anticipan que la derecha llega mejor posicionada que la izquierda a las elecciones.
Según la última encuesta Plaza Pública Cadem antes de la veda (26 de octubre), Jeannette Jara, dirigente del Partido Comunista y abanderada de la izquierda, encabeza la carrera con 30%, seguida por José Antonio Kast, candidato de la derecha conservadora del Partido Republicano (PR), con 22%.
Más atrás se ubican Johannes Kaiser (15%), candidato de la derecha radical por el Partido Nacional Libertario (PNL); Evelyn Matthei (14%), heredera política de Sebastián Piñera y referente de la centroderecha ligada a la Unión Demócrata Independiente (UDI); y Franco Parisi (12%), abanderado del Partido de la Gente.
El sondeo del CEP, publicado un día después, muestra un escenario aún más estrecho: Jara y el postulante republicano aparecen empatados con 23% cada uno. Pueden variar los números, pero todas las encuestas coinciden en un punto central: cualquier candidato de derecha que llegue al balotaje parte con ventaja y aparece hoy como el favorito para convertirse en el próximo inquilino de La Moneda.
El contraste con la elección de 2021 es evidente. Kast viene de perder frente al actual presidente Gabriel Boric, dirigente del Frente Amplio y referente de la izquierda progresista. Pero el país de entonces era otro: Chile seguía atravesado por las secuelas del estallido social.
La protesta por el alza del boleto del metro había encendido una chispa que se expandió por todo el país, alimentada por reclamos sobre el costo de vida, las pensiones consideradas miserables, la desigualdad estructural y un modelo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, donde el agua, la salud y la educación funcionan bajo lógicas intensamente privatizadas.
Fue en ese clima de convulsión que Piñera impulsó el acuerdo para una Convención Constituyente como salida institucional a la crisis. En el plebiscito de octubre de 2020, la propuesta de redactar una nueva Constitución recibió un respaldo histórico: 78% votó Apruebo.
Ese resultado, el más amplio del ciclo político reciente, cristalizó el anhelo de cambio. Boric —uno de los ex dirigentes estudiantiles que habían acompañado las protestas— supo capitalizar esa energía cuando lanzó su candidatura presidencial. Su triunfo se apoyó en una coalición diversa de jóvenes, sectores urbanos y votantes movilizados por la promesa de un nuevo pacto social. Llegó al poder en un contexto de expectativas desbordadas, con la Convención ya instalada y la idea de un nuevo Chile todavía viva en el imaginario colectivo.
Pero ese impulso inicial duró poco. La Convención comenzó a debilitarse rápidamente, y lo que se proyectaba como un paso decisivo hacia la refundación del país terminó convirtiéndose en una dura derrota para las fuerzas progresistas.
Creo que el fracaso está muy relacionado con las expectativas creadas por el gobierno del presidente Boric y el error de lo que significó condicionar el resultado a un proceso que, la verdad, fue un desastre por donde se le mire, con propuestas muy alejadas de la realidad social e histórica de Chile”, dice a LA NACION Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD).
Uno de los factores que más dañó la imagen pública de la Convención fue lo que muchos denominaron “la política del espectáculo”. Para constituyentes provenientes del activismo, la performatividad era una extensión natural de su trayectoria; para un sector del electorado, en cambio, comenzó a percibirse como falta de seriedad. Episodios como la entrada de convencionales disfrazados de Pikachu o dinosaurio, la idea de modificar el himno nacional o el escándalo del constituyente que mintió sobre un cáncer reforzaron esa sensación de desprolijidad.
A ese desgaste simbólico se sumaron las controversias de fondo. Propuestas como el Estado plurinacional, los sistemas de justicia indígena con cierto grado de autonomía, la creación de regiones autónomas, la eliminación del Senado o la paridad permanente generaron preocupación en sectores amplios. Muchas ni siquiera respondían directamente a los reclamos del estallido y, aunque varias fueron moderadas posteriormente, terminaron siendo percibidas como transformaciones demasiado aceleradas o poco claras.
El fracaso de ese proceso generó una desilusión tremenda con toda la idea de grandes cambios. Hubo también un agotamiento respecto de cómo transmitir las demandas. Es como si las élites hubieran fracasado en responder a esa demanda de una manera muy brutal”, explica a LA NACION Gabriel Negretto, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid.
Y aunque el segundo proceso constituyente —liderado por la derecha— también terminó rechazado, el golpe para la izquierda fue mayor. “La izquierda venía con las promesas más grandes. El segundo fracaso solo confirmó la desilusión del primero. Además, quienes lideraron el proceso original estaban muy desprestigiados y, en muchos casos, eran muy cercanos al gobierno de Boric”, sostiene Negretto.
A ello se suma que el gobierno tampoco logró concretar sus reformas estructurales. Sí hubo algunos avances —notablemente en el Ministerio del Trabajo, donde Jara fue una de las ministras mejor evaluadas del gabinete—, entre ellos la aprobación del aumento gradual del salario mínimo hasta 500.000 pesos, la implementación de la ley de 40 horas laborales, la reforma al sueldo mínimo para trabajadoras de casa particular y el fortalecimiento de la negociación colectiva. Fueron hitos relevantes dentro de un gobierno con escasos triunfos legislativos, pero aun así insuficientes para sostener la gran transformación que había prometido el oficialismo.
Nuevos reclamos
Seis años después del estallido, la agenda pública cambió por completo. “Todas esas discusiones sobre justicia social quedaron rezagadas. La generación que llegó prometiendo esos temas ha tenido que gobernar con asuntos mucho más materiales: seguridad y economía”, sintetiza el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Cristóbal Bellolio.
Primero seguridad y después economía.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-chile-agobiado-y-frustrado-tras-el-estallido-social-vuelve-a-inclinarse-hacia-la-derecha-en-busca-nid13112025/">https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-chile-agobiado-y-frustrado-tras-el-estallido-social-vuelve-a-inclinarse-hacia-la-derecha-en-busca-nid13112025/
